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Comunicado/Palacio Legislativo de San Lázaro, 2 de febrero de 2016
Reyes Álvarez promueve que la Sociedad de Información Crediticia elimine información de créditos que no presenten endeudamiento
“Créditos con manejo inadecuado afectan economía de las familias mexicanas”: FRA
Felipe Reyes Álvarez, diputado federal del Partido de la Revolución Democrática, presentó una iniciativa con proyecto de decreto para reformar el artículo 23 de la Ley para regular las Sociedad de Información Crediticia, el objetivo es que esa instancia quede obligada a conservar los historiales crediticios de personas físicas o morales máximo por un lapso de 24 meses.
La iniciativa fue ingresada por el legislador oaxaqueño, este primero de febrero del presente año, en el marco del arranque del Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura del Cámara de Diputados.
El proyecto de decreto será turnado a las comisiones parlamentarias correspondientes, por lo que en un periodo de entre 45 y 90 días –máximo- se conocerá el dictamen de éste.
Reyes Álvarez propone que en el caso de que el cliente haya finiquitado o pagado algún crédito, el usuario deberá notificar de este acontecimiento a la Sociedad de Información Crediticia, con la finalidad de que se refleje que el pago se ha realizado.
En concreto, dicha Sociedad deberá eliminar la información relativa a créditos que no presenten endeudamiento, así como las claves de observación correspondientes, en un plazo no mayor a seis meses. Ya que según el sitio web del Buró de Crédito las bases de datos se actualizan en diferentes periodos, de acuerdo al monto que se refiera.
Felipe Reyes encabeza esta iniciativa porque actualmente los créditos son mecanismos de compra sin liquidez que de no haber un manejo adecuado de los ingresos y egresos de las familias mexicanas se convierte en un grave problema económico.
Asimismo, debido a que la morosidad de los clientes en múltiples ocasiones se debe a que la mayoría de las instituciones bancarias en México otorgan créditos a modo discrecional, sin que anteceda un análisis real del poder adquisitivo monetario lo que genera que no haya garantía sobre la viabilidad de pago.
