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POR MARÍA DE LOS ÁNGELES NIVÓN
Ha mostrado oídos sordos, ojos ciegos, en lo único que cree es en su palabra, en sus proyectos, las miles de voces que le han advertido enderezar el barco antes que se hunda, le vale un comino.
Sí, ese es el presidente que tenemos, es el verdadero rostro de Andrés Manuel López Obrador, no el que estuvo en campaña, aquél que se desgarraba las vestiduras por los que menos tienen, por las injusticias, que juraba castigar la corrupción de sus antecesores, ninguno está en la cárcel, hoy quiere ser una mala copia de Hugo Chávez, el dictador de Venezuela.
¿Lo permitirán las y los mexicanos?…México no es Venezuela.
Sin importarle que el pueblo de México enfrente hoy una pandemia de salud por el covid-19, que le cayó “como anillo al dedo”, sin priorizar la ayuda al sistema de salud, emitió un decreto en donde su principal prioridad son sus grandes proyectos sexenales como el Tren Maya, Tres Bocas, Aeropuerto Santa Lucía y el Transístmico en el Istmo de Tehuantepec, así como sus programas “clientelares”.
Uno de los puntos más graves que contiene el decreto del Presidente de la República, es la reducción del salario de los altos funcionarios públicos (desde subdirector hasta presidente) hasta en un 25 por ciento, y no tendrán aguinaldos ni ninguna otra prestación de fin de año.
Señala que no se ejercerá el 75 por ciento del presupuesto disponible de las partidas de servicios generales y materiales y suministros; serán canceladas diez subsecretarías y se garantiza el empleo con el mismo rango y los mismos ingresos a quienes dejarán dichos cargos.
Este asunto de la reducción de los salarios es gravísimo, porque el salario y las prestaciones como el aguinaldo son reconocidos en la Constitución federal y en las leyes laborales no se pueden disminuir o desaparecer, para acabar pronto, su medida es anticonstitucional, de acuerdo al primer párrafo del 127 constitucional que aun tratándose de altos funcionarios, se considera como una “remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función”. (Manuel Fuentes, La Silla Rota)
Los salarios serán “…fijados en los presupuestos respectivos sin que su cuantía pueda ser disminuida durante la vigencia de éstos, sujetándose a lo dispuesto en el Artículo 127 de la Constitución y en la ley”. (Fracción IV Apartado B del 123 constitucional).
Mientras que la fracción XIV apartado B del artículo 123 constitucional señala lo siguiente: La ley determinará los cargos que serán considerados de confianza. Las personas que los desempeñen disfrutarán de las medidas de protección al salario y gozarán de los beneficios de la seguridad social”.
Más claro ni el agua. La reducción a los salarios y el no goce de los aguinaldos no es en forma “voluntaria”, es forzosa, así se manejan en las grandes dictaduras y si México lo permite, nos va a llevar la tostada, qué decepción.
Es una aberración jurídica.
LAS DECISIONES UNILATERALES DEL PRESIDENTE
Ahora bien.
El pasado 23 de abril, López Obrador envió una iniciativa de reformas a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria a la 64 Legislatura Federal, para que se le otorgue al Ejecutivo (AMLO) la facultad de reorientar recursos del Presupuesto de Egresos ante emergencias económicas.
Es decir, que el Presidente pasando por encima del Congreso de la Unión, que es el facultado de decidir y votar el presupuesto federal cada año, decidirá de manera discrecional la asignación de los recursos públicos violentando la división de poderes en materia presupuestal, puesto que todo gasto ejercido por el Ejecutivo federal debe ser autorizado por la Cámara de Diputados.
Una verdadera arbitrariedad presidencial. ¿A poco no estamos en la antesala de una dictadura?
Ya se fregaron los fideicomisos, ahora van tras las Afores.
Ante esa medida presidencial por demás arbitraria y abusiva, senadores de diversas fracciones parlamentarias, a excepción de Morena, PT y el PVEM, fijaron un posicionamiento público sobre el tema:
“Actores de los tres órdenes de gobierno, los sectores privado, social y académico, los partidos políticos y la sociedad civil organizada, tenemos semanas reiterando el llamado al titular del Ejecutivo a encabezar la adopción de un amplio Acuerdo Nacional con el fin de fortalecer las capacidades del Estado mexicano para hacer frente a la emergencia sanitaria y económica que enfrentamos”.
“La amenaza presente, en términos de vidas, empleos e ingresos para las familias y seguridad pública, es un riesgo para la sociedad, la gobernabilidad y la tranquilidad pública”.
“El Ejecutivo ha demostrado su rechazo a la construcción de acuerdos y ha dado muestras claras de su desdén por el diálogo y la convivencia democrática”.
“Ahora agrega su desprecio al orden constitucional y a la división de poderes. La pandemia del COVID-19 ha puesto en evidencia a un gobierno empeñado en tomar medidas unilaterales y aisladas en un momento que nos necesita a todas y a todos los mexicanos”.
“Los diputados y senadores de Morena y sus partidos aliados han privilegiado su cercanía con el gobierno, por sobre su responsabilidad de debatir y legislar sobre los temas que verdaderamente preocupan a los mexicanos”.
“El Ejecutivo Federal publicó un Decreto con medidas que adoptará para enfrentar la emergencia económica”:
• Un Decreto que violenta los derechos laborales de las y los trabajadores de la Administración Pública Federal, obligándolos a reducir sus ingresos y renunciar a las prestaciones que por ley les corresponden.
• Un Decreto que pone en riesgo la operatividad del gobierno mediante la clausura de dependencias, el cierre de oficinas y la reubicación de funcionarios: una estrategia que sienta las bases y define la hoja de ruta para una peligrosa parálisis de todo el Gobierno Federal.
• Un Decreto que prevé la reasignación de 622 mil 556 millones de pesos para el cumplimiento de actividades y programas que sin duda no son esenciales para enfrentar la realidad de la recesión económica y la disminución de los ingresos tributarios. Es una visión corta, parcial, insuficiente e ideologizada de la realidad.
“A este Decreto se suma la presentación de una iniciativa presidencial para reformar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que fue enviada el mismo jueves a la Cámara de Diputados”:
• Una iniciativa que desconoce las previsiones vigentes para la disminución de ingresos y eliminar, bajo el pretexto de la emergencia económica, las facultades y la responsabilidad del Poder Legislativo en el control del ejercicio de los recursos de la Federación.
• Una iniciativa que atenta contra la división de poderes y el orden constitucional del Estado mexicano.
“Los planteamientos unilaterales, las propuestas ajenas al diálogo nacional y los decretos diseñados para concentrar los recursos públicos, no benefician ni beneficiarán a México”.
“En una República representativa, democrática, laica y federal NO se gobierna por decreto y sin escuchar a la pluralidad de la Nación”.
“No se puede poner en riesgo el funcionamiento del Gobierno Federal en el momento en el que las y los mexicanos más lo han necesitado. No se puede eliminar a conveniencia la división de poderes. No puede permitirse el debilitamiento de las instituciones democráticas, y menos ante una crisis en la salud y en la economía de México”.
“Hoy México nos necesita a todas y a todos. Queremos que miles de vidas puedan protegerse y salvarse”. “Queremos que miles de empleos se preserven y se recuperen. Queremos volver a nuestra vida diaria
