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#COMUNICADO
* Los defraudadores recibirán sanciones hasta de 12 años de prisión
San Raymundo Jalpan, Oaxaca; 10 de enero de 2017.- Con el objetivo de castigar a quienes realizan acciones fraudulentas que se cometen por los intermediarios que bajan recursos estatales y federales, para presuntamente apoyar al sector agrícola, la diputada Virginia Calvo López, presentó una Iniciativa ante el Pleno Cameral.
La integrante de la Fracción Parlamentaria del Partido Revolucionario institucional (PRI), del distrito XX de Juchitán de Zaragoza propuso adicionar al artículo 381 Bis al Código Penal, que contempla sanciones mayores a este tipo de actos fuera de la Ley.
En su exposición de motivos la legisladora señaló que para impulsar la producción agrícola, los campesinos han recurrido a esquemas de gobierno que apoyan al campo, sin embargo, han sido defraudados por intermediarios, ya que en cada ciclo agrícola se presentan quejas de abuso.
“Es necesario que en nuestro marco normativo, se protejan los intereses de los productores agropecuarios, pesqueros y forestales por lo que es necesario tipificar la conducta como delito en el Código Penal para el Estado de Oaxaca”, afirmó Calvo López.
En la iniciativa se establece que quienes celebren un contrato o convenio fraudulento de manera verbal o escrita, con una persona o agrupación dedicada a la producción o comercialización primaria de productos agropecuarios, pesqueros y forestales, se impondrán las siguientes sanciones.
Prisión de tres meses a tres años y multa de cinco a 100 veces el salario, cuando el valor de lo defraudado no exceda de esta última cantidad; Prisión de tres a seis años y multa de 100 a 150 veces el salario, cuando el valor de lo defraudado exceda de 100 veces el salario; pero no de 500 veces; Prisión de seis a 12 años y multa de 150 a 500 veces el salario cuando el valor de lo defraudado exceda de ésta última cantidad.
Aseguró que el reclamo mayor de los campesinos, es tener condiciones justas para trabajar sus tierras, por eso es necesario castigar a quienes se aprovechan de su necesidad y trabajo.
“La aprobación de este tipo penal que propongo, permitirá combatir eficazmente este tipo de abusos que hasta ahora han sufrido los campesinos en nuestro estado”, afirmó la representante popular.
Subrayó que es necesario que se establezcan los dispositivos jurídicos que pongan un alto a estos actos fraudulentos que se cometen por los intermediarios que van en contra de la producción y comercialización de productos afectando principalmente a los pequeños productores.
