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#Comunicado
- Acusa que el incremento alarmante de los índices de la violencia criminal ponen de relieve que la política de seguridad ha sido fallida e, incluso, desproporcionada e ilegal
- El Ejecutivo federal debe reconocer los errores cometidos, personal y políticamente y no debe continuar tomando decisiones al vapor, afirma
Diputado Rafael Hernández Soriano (RHS): Con el permiso de la presidencia, compañeras diputadas, compañeros diputados: nos encontramos ante una situación de emergencia nacional.
Las malas decisiones del gobierno federal han colocado al país en una encrucijada en la que nos jugamos la viabilidad como nación. Diversos son los temas que abonan frente a esta situación. Voy a referirme solo a algunos de ellos.
La grave crisis humanitaria que sufrimos, en la que el enorme número de víctimas de desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales, los casos incontables de tortura, las constantes apariciones de cadáveres desmembrados y todas las violaciones a derechos humanos que han identificado los organismos internacionales en México, como el alto comisionado de la ONU, simplemente están siendo ignorados por el Ejecutivo federal.
Por otro lado, el incremento alarmante de los índices de la violencia criminal en diversas entidades de la República y el empoderamiento de la criminalidad organizada ponen de relieve que la política de seguridad, la cual se ha centrado en el uso excesivo de la fuerza, ha sido fallida e, incluso, desproporcionada e ilegal.
Operativos fallidos, como los sucedidos en Tlatlaya, Tanhuato, Ostula y Nochixtlán, configuran una acción criminal que viola derechos humanos fundamentales de las y los ciudadanos, incluyendo el derecho a la vida. Las víctimas de estos y otros hechos, mediáticamente conocidos, no pueden seguir esperando justicia; tampoco, las miles de víctimas cuyas historias aún no se conocen.
En esta materia, el gobierno federal anuncia un incremento en el Registro Nacional de Víctimas del 89%, lo que omite señalar es que muchas de estas víctimas, un porcentaje importante, lo son de las acciones y políticas gubernamentales. Esta situación, sin lugar a dudas, tiene que cambiar. El Estado no puede continuar revictimizando a las víctimas.
Por otro lado tenemos el tema de la impunidad. En el informe se señala una cifra que sigue siendo alarmante: impunidad del 98% de los casos. Al respecto, el Legislativo ha apostado a un nuevo sistema penal que, esperamos, incremente la confianza de los ciudadanos, garantice los derechos humanos y restablezca el Estado de Derecho y la convivencia pacífica. Sin embargo, ello será poco probable si no se avanza en rubros pendientes, como en la autonomía de la Fiscalía General de la República.
Otro rubro preocupante y de particular relevancia es el que se reporta respecto al combate al lavado de dinero y a la red de protección política que resultan, a la luz de las cifras, una absoluta simulación de parte del Ejecutivo federal.
Se señalan las siguientes cifras: han recuperado 236 millones de pesos, 4.2 millones de dólares y solamente se han conseguido 15 sentencias condenatorias, cifras irrisorias –compañeras y compañeros– si consideramos que también se han reportado más de 50 mil millones de dólares que se blanquean en el Sistema Financiero Nacional, cifra aceptada por funcionarios de Hacienda, de la Comisión Bancaria y de Valores, e incluso aceptada también por la PGR.
En otro punto muy importante y sensible para nuestro país. Aquí han aludido, quienes han venido a defender la postura del Ejecutivo federal, que existe un Sistema Nacional de Protección de la Niñez. Sí existe y existe la ley desde diciembre de 2014; sin embargo, hemos insistido permanentemente para que el Ejecutivo le proporcione el presupuesto debido para que haya los albergues y las procuradurías y el personal suficiente para darle la atención a esta niñez que tanto nos preocupa.
Esperemos que quienes vienen a señalar el avance en esta materia, también señalen en el presupuesto la necesidad de cubrir el Sistema Nacional de Protección y todo lo que ello implica.
La impunidad y la parálisis política, diputadas y diputados, reina en nuestro país y la mayoría legislativa es cómplice. Resulta indispensable redireccionar el rumbo general de nuestro país. Es menester que todas y todos los ciudadanos coadyuvemos en esta enorme tarea.
Como primer paso tiene que haber un reconocimiento del Ejecutivo Federal de los errores cometidos, personal y políticamente. Segundo, resulta obvio, es que asuma las consecuencias y responsabilidades sobre estos errores cometidos. El Ejecutivo Federal no debe ya continuar tomando decisiones al vapor.
Ya transcurrió más de la mitad de su mandato y la curva de aprendizaje en lugar de ir avanzando, de plano refleja un claro retroceso.
El presidente se encuentra en los niveles más bajos de aceptación, que aunque puede considerarlo él y su gabinete frívolo, el hecho es que se está hundiendo y, con ello está hundiendo al país en una situación de parálisis que a nadie conviene.
El Presidente no tiene más capital político que requiere para así sacar adelante a nuestra nación de esta crisis en la que nos encontramos, máxime cuando le quedan dos años.
En el Partido de la Revolución Democrática nos encontramos plenamente convencidos de que, ante esta situación, la reorientación de las acciones en materia de política interior es impostergable. Este Poder Legislativo tiene que ejercer todas sus atribuciones que, como contrapeso del Ejecutivo, nos corresponden para enderezar el camino de nuestra nación, y esto debe ser, compañeras y compañeros, de manera permanente y de manera enérgica.
