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Opinión por Rosy Ramales
Privilegiar la sobrevivencia humana es prioridad sobre cualquier circunstancia política. Y si bien, por mandato constitucional ya está presupuestado el financiamiento público para los partidos políticos en 2020, en una emergencia sanitaria de gran magnitud como la vivida actualmente también podría maximizarse la suspensión de derechos a los partidos.
No todos, solo uno: El recibir financiamiento público.
Incluso, no sería una suspensión total; sino, digamos, el Estado mexicano podría dejar de ministrarles, vía Instituto Nacional Electoral (INE), el 50% de dicho financiamiento; o sea, 2 mil millones 619 mil 825.5 pesos, del monto global de 5 mil 239 millones mil 651 pesos, que es lo que recibirán este año en total los partidos con registro nacional.
La reducción a la mitad para destinarla a la emergencia sanitaria para atender casos de COVID-19 o para el rescate del sector productivo del país, en realidad es poco para frenar la caída económica y social de México, considerando que sin economía tampoco puede haber desarrollo social (solo mejoralitos que ahondarán más la pobreza).
Incluso, en su conferencia matutina de ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador de cierto modo vio la reducción de las prerrogativas de los partidos políticos como una medida para ayudar a mitigar el impacto de la pandemia, en cuyo contexto insistió en que los partidos disminuyan su financiamiento.
Sin embargo, es demasiado largo el hacerlo por la vía de una reforma constitucional y legal, la cual sería para aplicarse en el 2021 si el Congreso de la Unión la hace a la de ya, pues el plazo constitucional para aprobar y promulgar una reforma para el proceso electoral en puerta vence a finales de mayo, principios de junio próximos.
Y recuerden, en proceso electoral la gran bolsa de financiamiento público ordinario anual se eleva en un 50% más para destinarse a campañas electorales. O sea, en el supuesto de una bolsa de alrededor de 5 mil 239 millones (será más porque cada año la cifra se actualiza conforme crece el Padrón Electoral), en 2021 serían otros 2 mil 600 millones de pesos adicionales para campañas.
En suma estamos hablando de entre 7 mil 839 y 8 mil 500 millones de pesos para los partidos políticos en 2021, solo para los de registro nacional y solo a nivel federal. Porque éstos partidos también reciben financiamiento público estatal en cada una de las 32 entidades federativas junto con los partidos locales, el cual se elevará el próximo año porque hay elecciones concurrentes en todas las entidades.
¿Se imaginan el mundo de dinero destinado y a destinarse a los partidos políticos que según enarbolan el combate a la pobreza, la justicia social, la democracia y la manga del muerto? Ja. Mientras, el pueblo mexicano resiste las onerosas cargas fiscales, la miseria y el hambre.
Familias completas se organizan en partidos políticos, también grupos de intereses económicos y personas que han hecho su modus vivendi del financiamiento partidista, amén de las células del crimen organizado incrustadas para acceder al poder. Entonces, ¿dónde está la delincuencia organizada? ¿Entre los contribuyentes o entre los políticos?
Retomando el tema: Va siendo hora de que las y los legisladores del Congreso de la Unión modifiquen la fórmula de cálculo del financiamiento público de los partidos políticos (y de otras prerrogativas) para hacer efectiva una reducción que permita canalizar más recursos a la salud de los mexicanos, a la reactivación económica del país y al desarrollo social.
El plazo vence a finales de mayo próximo para aprobar y promulgar la reforma pertinente.
Pero dicha reforma sería a mediano plazo, digamos, pues se aplicaría en 2021; de hacerse.
En lo inmediato bastaría con la voluntad política de los líderes de los partidos políticos (tanto nacionales como locales) para reducirse así mismos el financiamiento público correspondiente, encontrando mecanismos como lo hicieron en 2017 en ocasión de los sismos.
Y es bien fácil, como el financiamiento público se trata de un derecho, los partidos pueden renunciar al 50% por lo menos haciéndolo saber a las tesorerías de la federación y de las entidades federativas vía Instituto Nacional Electoral y OPLES. En aquél año de los sismos ya hicieron un pequeño ejercicio.
Nada más no vayan a salir con fideicomisos como el inventado por Morena para voltear un noble fin y darle un uso electoral al dinero público bajo el engaño de renunciar a determinado porcentaje del financiamiento para destinarlo a los más pobres.
Por cierto, para evitar el uso electoral, la Tesorería de la Federación y la correspondiente de las entidades federativas canalizarían a un organismo o institución sin fines políticos el monto del financiamiento al cual pudieran renunciar los partidos para destinarlo a la pandemia de coronavirus y sus efectos.
Y ese organismo o institución hacer llegar los recursos a hospitales en equipamiento con respiradores. Quizá no alcance para muchos, pero pocos pueden salvar vidas. O, canalizarlo en apoyos económicos semanales para que las personas puedan quedarse en casa sin la urgente necesidad de salir a buscar el pan de cada día.
Son ideas al aire. Pero seguramente personas especializadas encontrarían mecanismos adecuados para destinar los recursos a mitigar los efectos de la pandemia.
Y perdón que hablemos de organismo o institución sin fines políticos, pero dejarle la tarea a los gobiernos en los distintos órdenes sería tanto como alentar sus ansias electoreras. Ya de por sí algunos aspirantes a la reelección o a distintos cargos de elección popular andan repartiendo despensas en zonas marginadas so pretexto de ayuda gubernamental para quedarse en casa.
En fin, no obstante la emergencia sanitaria y los graves efectos económicos y sociales por la pandemia, ningún partido político –ni siquiera Morena como partido en el gobierno—ha girado oficio al INE para que éste devuelva el porcentaje pertinente de las prerrogativas de los partidos políticos con registro nacional.
Tampoco nada se ha visto en las entidades federativas ni de los partidos nacionales, ni de los locales. Todos han guardado tal silencio como si quisieran esconder y proteger su gran bolsa de recursos públicos frente a la emergencia sanitaria y económica en México.
Claro, si renuncian a parte de su financiamiento, deberán callarse para evitar hacerse publicidad electoral; basta con informar una vez y punto.
Y no empiecen las autoridades electorales con que no se puede, porque bien que hicieron mutis y hasta consintieron las violaciones a la misma Constitución Política cuando en 2017 algunos partidos hicieron su voluntad con parte de su financiamiento, disfrazando de lícito lo ilícito.
Todo se puede; bastaría con el acuerdo de todos. La política jamás podrá estar por encima de la salud y la sobrevivencia de los mexicanos.
¿Qué esperan entonces? ¿Acaso un estallido social? La enfermedad, el hambre, la pérdida del empleo, el cierre de fuentes de trabajo, la falta de dinero para solventar servicios básicos, abonan la inestabilidad.
