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COMUNICADO/
·En 2012, el 51.2% de personas con discapacidad vivían en pobreza; el 12. 7% de ellos vivía en pobreza extrema
Palacio Legislativo de San Lázaro.- Dado que existen barreras y limitaciones en el entorno económico y social que son impuestas a las personas con discapacidad al no reconocer sus características y sus necesidades, la diputada priísta Claudia Anaya Mota propuso una reforma a la Ley General de Desarrollo Social.
En su propuesta, resalta que las personas con alguna discapacidad deben atenderse como un grupo prioritario y deben de considerarse sus requerimientos en los programas sociales en el combate a la pobreza, pues hasta el momento son invisibles a las decisiones públicas “porque no se considera que una persona con discapacidad necesitará más recursos para superar la pobreza que una persona sin discapacidad, principalmente porque enfrentan condiciones adversas a la movilidad, la comunicación, la autonomía, entre otros factores”, resalta la legisladora.
Las políticas públicas -señala la diputada Anaya- deben contener acciones específicas para que las personas con discapacidad sean capacitadas para adquirir alguna habilidad que le permita obtener un empleo y una retribución por ello, además los gobiernos deben implementar medidas para facilitar la movilidad, el transporte público, así como el acceso y la inclusión educativa y laboral.
“Es importante que el Estado reconozca que disminuir la brecha de desarrollo de la población con discapacidad tiene un coste adicional de recursos, pues solamente así podrá equilibrarse la balanza, por ende, en el Presupuesto de Egresos de la Federación debe considerarse este hecho”, afirmó la también Secretaria de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.
La diputada resaltó que con esta reforma, se pretende establecer la base legal para cumplir con las Recomendaciones del Comité de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad relativa a Implementar medidas especiales para eliminar las desventajas agravadas que sufren las mujeres, la infancia y las personas mayores indígenas con discapacidad en situación de abandono y pobreza extrema.
