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Por Moisés MOLINA
Es así como se activa un complicado entramado de intereses y responsabilidades. Y sale mejor librado quien más y mejor comunica.
Por supuesto que nadie quiere asumir la responsabilidad de la criminalidad, menos quienes son electos por el voto popular.
La obligación de los gobiernos es evitar que los delitos se cometan, por ello tienen a su mando los cuerpos de seguridad Pública.
La obligación de las fiscalías es investigar sin deficiencias los delitos cuando se comenten, incluida la responsabilidad de quien es señalado como responsable, lo cual implica recabar y aportar la pruebas.
Y es obligación de los jueces decidir, con base en el trabajo de las fiscalías, si se condena o absuelve al imputado.
Todo tiene sus reglas y una de ellas es que el juez no puede suplir las deficiencias del ministerio público al tomar su decisión, pero sí puede exhibirlas de tal modo que la víctima sepa qué pasó. El MP es una parte técnica y está obligado a hacer impecablemente su trabajo.
Sucede que a quien menos comunica es a quien se le carga la responsabilidad de las injusticias, y entre los gobiernos, las fiscalías y los poderes judiciales, este último es el “perro más flaco”.
Las grandes transformaciones funcionales y estructurales se han dado siempre por presión pública. Es por ello que los medios de comunicación habrán de contar en el futuro inmediato con una pluma jurídica que le explique a la sociedad, con conocimiento de causa, que y quién falló.
La tendencia es esa. Cada vez más periodistas comienzan a estudiarredpu el derecho, no sólo en la rama penal. Si lo vemos desde este punto de vista, en el derecho está la respuesta a casi todas las polémicas públicas respecto de las cuales la sociedad merece estar bien informada.
