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“El respeto de los derechos humanos debe ser un eje primordial en la actividad política del Gobierno del Estado”
La Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas (CIDHPDA), en voz de su Comisionado para América Latina y el Caribe, Víctor Hugo Gutiérrez Yáñez, se solidariza con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHM), después del atentado que sufrió en sus instalaciones.
El día 07 de agosto, aproximadamente a las 12:33 de la madrugada, fue baleada la fachada de la Oficina Central de la institución. Raúl Israel Hernández Cruz, presidente de la CDHM, señaló que las detonaciones fueron dirigidas hacia el área de cubículos asignados a los visitadores. Así mismo, se mostró consternado ante la falta de una autoridad que garantice la seguridad de la gente y de las instituciones.
Desde la CIDHPDA exigimos al Gobierno del Estado de Morelos, encabezado por el exfutbolista Cuauhtémoc Blanco, garantizar la vida del ombudsperson y de los trabajadores de dicho organismo, toda vez que su trabajo esté encaminado a preservar la paz, la no violencia y a fomentar la cultura de los derechos humanos.
El Comisionado Presidente de la CIDHPDA considera que esta situación no puede dejarse al olvido, pues el respeto de los derechos humanos debe ser un eje primordial en la actividad política del Gobierno del Estado. También hizo un llamado a la administración de Cuauhtémoc Blanco a apegarse al artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual demanda que: «Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad».
“Tanto la Comisión de Derechos Humanos de Morelos como el gobierno estatal deben trabajar en conjunto para garantizar el ejercicio pleno del Estado de Derecho de todos los morelenses”, declaró Gutiérrez Yáñez. Se debe llegar a las últimas consecuencias y deslindar responsabilidades por este lamentable acontecimiento, el cual genera inestabilidad social y un daño directo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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