La administración que iniciará funciones el próximo primero de diciembre, se topará con una situación inédita

#Opinión por  Juan Perez Audelo

La administración que iniciará funciones el próximo primero de diciembre, se topará con una situación inédita en las transiciones gubernamentales de los últimos tiempos. Oaxaca no sólo es una entidad devastada económica, sino política y socialmente. Una deuda que creció de manera exponencial; un tejido social deshecho y el encono a flor de piel, pero sobre todo, una inseguridad campante, cuyo mapa criminal nos sorprende más cada día.

Sólo en Juchitán de Zaragoza, ya catalogada como una de las ciudades más violentas del país, se contabilizaron en menos de 48 horas la semana pasada, al menos siete ejecuciones. Si a ello sumamos otros tantos que corrieron con igual suerte en Ocotlán, Huajuapan, Tuxtepec y el distrito Mixe, podemos decir que quince ejecuciones no es para echar las campanas al vuelo ni, mucho menos, para seguir con el viejo cuento de que somos una de las entidades más seguras del país.

Operativos policiales van y operativos vienen, pero tal parece que los grupos delictivos que se han enquistado en el Istmo, se burlan de ellos. Obvio, este mapa criminal ha ahuyentado las inversiones y los proyectos de desarrollo. Hace un par de semanas, la empresa italiana ENEL GREEN POWER, que llegó con una bolsa millonaria para la generación de energía eólica, se retiró. ¿El motivo? Hay incertidumbre jurídica para invertir.

Otra empresa: EÓLICA DEL SUR, que antes se llamó MAREÑA RENOVABLES, tiene cinco años que no ha podido iniciar operaciones. Se ha encontrado en medio de un triángulo fatal: maestros y organizaciones sociales como la COCEI o UCIZONI, por un lado; supuestos defensores del territorio indígena por otro y la extorsión de grupos criminales locales y foráneos por el otro. El mismo esquema que enfrenta el hierro y los embarques en Lázaro Cárdenas, Michoacán, sólo que aquí es la energía eólica.

Otra región, cuya riqueza natural y recursos puden ser el pivote del desarrollo regional, Tuxtepec, igualmente fustigado por el crimen. No sólo ha sido escenario de ajustes de cuentas y ejecuciones a plena luz del día, sino que además ha devenido en un tiradero de cadáveres. Los ilícitos suman decenas en los últimos meses. ¿Y qué decir de la industria del secuestro en los Valles Centrales, que parece estar en bonanza?

Una razón de peso para que la nueva administración valore esta situación y la dependencia responsable de la salvaguarda de la vida de los oaxaqueños, la Secretaría de Seguridad Pública, no sea un refugio de improvisados, sino de funcionarios experimentados y con vocación de servicio. La seguridad pública no es un rubro más de la administración pública. Es el eje para mantener el Estado de Derecho y el orden. (JPA)