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El titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), Bernardo Rodríguez Alamilla consideró fundamental repensar el sistema de protección y defensa de derechos humanos desde lo local, como una medida para hacer frente a los cambios sociales que enfrenta el país.
Durante su participación en la Mesa: “La Protección de los derechos humanos en México, desde la perspectiva nacional y estatal. Retos y perspectivas”, enmarcada en el Primer Congreso Internacional de Derechos Humanos, el ombudsperson oaxaqueño resaltó el surgimiento de nuevos derechos, los cuales deben ser reconocidos, protegidos y garantizados.
Ante la presidenta y los presidentes de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, así como de los estados de Puebla y Morelos, Nashieli Ramírez Hernández, José Félix Cerezo Vélez y Raúl Israel Hernández Cruz, respectivamente, Rodríguez Alamilla apuntó que el modelo tradicional de Estado y de instituciones defensoras de derechos humanos creadas bajo ese parámetro, no necesariamente funcionan frente a la complejidad actual.
En este sentido, reiteró que ello, implica un replanteamiento de fondo y forma respecto al actuar de los órganos defensores de derechos humanos.
“Tenemos que ser lo suficientemente sólidos para dar respuesta a las grandes resistencias que hoy siguen existiendo por parte de los actores estatales y grupos fácticos de poder en el respeto y protección a los derechos humanos de la población de todos los rincones del mundo”, indicó.
En este contexto, Rodríguez Alamilla consideró fundamental fortalecer el actuar de los órganos locales de protección y defensa de derechos humanos y con ello su institucionalidad desde lo local, puesto que es desde ahí que la defensa de derechos humanos puede ser la diferencia entre salvar a una niña o niño de caer en una situación de trata de personas, de acompañar a una persona defensora de derechos humanos o periodista a que se le deje de intimidar en el ejercicio de su trabajo, entre otras situaciones.
Expuso, entre los retos de los organismos públicos de derechos humanos, de poner a la persona en el centro de las actuaciones, disminuyendo las burocracias, ya que las personas no acuden a las instancias defensoras de derechos humanos a abrir un expediente, sino a buscar soluciones a sus problemáticas.
Añadió que se requiere cambiar el perfil predominantemente legal de la labor de defensa, por uno mucho más integral, que atienda a la víctima, pero también el contexto.
También planteó analizar las causas y no solo los casos que dan origen a las violaciones a los derechos humanos de las personas, pues son las mismas autoridades y los mismos derechos los que de manera histórica se denuncian, no obstante, la cantidad de recomendaciones emitidas.
Aunado al fortalecimiento de la incidencia de las comisiones de derechos humanos en las políticas públicas que generan nuestros estados, pues es ahí en donde se pueden evitar grandes violaciones a derechos humanos.
Se requiere, dijo, combinar el trabajo que realizan las comisiones de derechos humanos en derechos civiles y políticos a uno en el que incidan de manera mucho más efectiva en los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales.
A lo que sumó la construcción de nuevas herramientas de protección y defensa de los derechos humanos que se sumen a las ya existentes: alertas tempranas, monitores sociales, modelos de proyecciones virtuales de violaciones a derechos humanos.
Mientras que, resaltó, es indispensable incentivar la mediación bajo enfoque de derechos, que permita a las instituciones defensoras de derechos humanos ser lo suficientemente ágiles para responder ante distintas situaciones.
Las comisiones o defensorías de derechos humanos, agregó, requieren ser punto de encuentro de derechos emergentes, es decir, ser lo suficientemente sensibles para detectar esas grandes problemáticas que la sociedad exige sean reconocidos como derechos y ponerlos dentro de la agenda pública.
El presidente de la Región Sur de la Federación de Organismos Públicos Defensores de Derechos Humanos, recalcó que estos entes deben ser puente en la construcción de diálogos en diferentes sistemas de derechos de los pueblos y comunidades indígenas y derecho occidental.
Finalmente, apuntó que las instituciones locales de derechos humanos son el último reducto de esperanza de los que ya no la tienen, “somos esa última puerta en donde ya no hay más puertas, ese es el tamaño de la responsabilidad que tenemos, ese es el tamaño de las respuestas que debemos dar a las personas”, concluyó.
El Primer Congreso Internacional de Derechos Humanos se lleva a cabo en el Centro de Convenciones Puebla “William O. Jenkins” los días 28, 29 y 30 de septiembre, en el que expertos y ponentes de diversas partes del mundo realizan un intercambio de experiencias en materia de derechos humanos.
