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COMUNICADO
- En México no sólo se las negó, sino además las y los revictimizó, calumnió y encarceló mientras dejó impunes a los verdugos
- Ignoró resoluciones de la CNDH y la SCJN. A diez años de los hechos, la CIDH remite el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos
Debido a la incapacidad del Estado Mexicano para procurar justicia a las víctimas de la violencia policiaca hace una década en San Salvador Atenco, el diputado Omar Ortega Álvarez exhortó al gobierno federal a coadyuvar con la Corte Interamericana de Derechos Humanos ahora que ésta analizará el caso.
El parlamentario federal y líder del PRD en el Estado de México expresó su solidaridad con las víctimas, quienes el 4 de mayo de 2006 fueron atacadas por dos mil 515 policías federales y estatales.
Resultado de esto fueron 206 personas lesionadas y torturadas, 50 mujeres agredidas y abusadas sexualmente, y otros 209 civiles con violaciones graves a sus garantías fundamentales.
Ortega recordó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) documentaron ampliamente estas graves violaciones por parte de los uniformados ese día, pese a lo cual no fueron ellos, sino las propias víctimas a quienes las autoridades encarcelaron.
El entonces gobernador de la entidad y ahora presidente de la República, Enrique Peña Nieto, incluso llamó “mentirosas” a las mujeres agredidas sexualmente y encuadró la acusación contra los policías agresores en una “táctica de grupos radicales”: hacer que las mujeres acusen a los policías de violencia sexual para desacreditar al gobierno.
Pero la CNDH –dijo Ortega Álvarez- documentó en octubre de 2006 que el 4 de mayo hubo dos asesinados por lesión de proyectil con gas lacrimógeno, abuso sexual y violación, detención arbitraria, tortura, lesiones, allanamiento de morada, retención ilegal, incomunicación, agresiones a menores, violaciones a la legalidad y seguridad jurídica, y trato cruel, inhumano o degradante.
A su vez, la SCJN determinó que las violaciones graves a derechos humanos derivaron de que los policías ejercieron la fuerza pública de manera excesiva, desproporcionada, ineficiente, indolente y sin profesionalismo, es decir, de “acciones ilegítimas, violentas, excesivas e injustificables en una policía que opera en un país donde la acción del Estado se limita por la Constitución”.
Pese a lo anterior –refirió el también Coordinador de Proceso Legislativo del GPPRD-, prácticamente no hubo actuación del Ministerio Público para castigar esas conductas y sí, en cambio, hubo difamación de diversas autoridades, incluyendo al entonces gobernador Peña Nieto, contra las mujeres.
Por ello, 11 mujeres decidieron llevar su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la que concluyó que el gobierno mexicano no sólo fue incapaz de otorgarles justicia, sino que también las persiguió y las encarceló.
Emitió un dictamen a favor de ellas, pero además envió el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la que podría obligar al Estado Mexicano a establecer responsabilidades en toda la cadena de mando involucrada en los hechos.
Ortega celebró esta determinación y pidió a la Cámara de Diputados respaldarlo. Propuso para tal efecto un punto de acuerdo en el que este órgano legislativo también exhorta al gobierno federal a coadyuvar con la Corte Interamericana para dar con los responsables de tantas violaciones a las garantías fundamentales.
Recordó que estos lamentables hechos derivaron de que el 22 de octubre de 2001, Vicente Fox Quesada, entonces presidente de México, expropió terrenos ejidales de Atenco para la construcción de un nuevo aeropuerto para la Ciudad de México. A 15 años de esto, propuso que también la Cámara de Diputados exprese su mayor solidaridad a las víctimas y se pronuncie porque se les haga justicia.
