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# Opinión: Por Alejandro Leyva Aguilar
La expulsión de Javier Duarte de Ochoa, ex gobernador de Veracruz del PRI y la de Guillermo Padrés, ex gobernador de Sonora del PAN, habla de la intención segura de ambas dirigencias de hacer una extirpación a tiempo, de los cuadros que le pesan a ambos partidos.
Acción Nacional más por imitación convenenciera que por convicción, suspendió los derechos partidistas a un ex gobernador cuestionado por peculado, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
En tanto el PRI echó de sus filas al Gobernador con licencia de Veracruz Javier Duarte de Ochoa, que apenas el miércoles pasado pidió licencia para enfrentar los cargos que pesan sobre él, unas 15 averiguaciones previas, casi todas ellas emanadas del PAN.
El hecho no es menor si tomamos en cuenta que, quien impuso este discurso y acciones de transparencia en la vida política partidista de México, fue el recién estrenado Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI Enrique Ochoa Reza.
Y es que en estas épocas de crisis económica, de insolvencia monetaria mundial, donde el precio del barril del petróleo mexicano ronda los 20 dólares y el dólar los 20 pesos, no es posible que sigamos solapando corruptelas de políticos que lejos de servir a quienes los eligieron como sus mandatarios, saqueen las arcas públicas.
Por eso el discurso de transparencia del PRI y por eso las acciones en contra de Javier Duarte por parte de la Comisión de Honor y Justicia del CEN del PRI que lo expulsó de las filas del tricolor por considerar que la actuación del gobernador de Veracruz, lastimaba la honorabilidad partidaria.
Lo mismo sucedió con Guillermo Padrés Elías en el PAN; Luis Felipe Bravo Mena, Presidente de la Comisión Anticorrupción de Acción Nacional declaró que el ex gobernador de Sonora lastimaba la imagen del partido y por tanto suspendían sus derechos como militante.
La pregunta es ¿y ahora qué sigue?, no es suficiente con que ambos partidos suspendan sus derechos como militantes a sendos políticos acusados de ladrones o pillos de siete suelas y entiendo que los institutos políticos no son ministerios públicos, pero si tienen pruebas, deberían aportarlas.
Sería muy sano para el prestigio y credibilidad de ambas instituciones que sus respectivas comisiones Anticorrupción, busquen evidencia del proceder de sus militantes y aporten esas pruebas para que los órganos de justicia sean los que juzguen y castiguen conforme a derecho.
Lo triste del caso es que estamos hablando de los dos partidos más importantes en México, el PAN y el PRI, pero hay que preguntarnos ¿y el PRD, y MORENA, y los demás?; el PRD por lo pronto podría ir explicando el proceder de Ángel Aguirre Rivero y MORENA establecer con claridad lo de los departamentos del peje.
El Partido de la Revolución Democrática tiene mucho qué explicar en Guerrero, en Michoacán y en un número determinado de Ayuntamientos gobernados por personas que podrían estar coludidas con el crimen organizado.
MORENA, ya sabemos, no hará ninguna investigación de corrupción sobre Andrés Manuel López Obrador porque él es el que manda en su partido y entablar una pesquisa sobre los departamentos que no declaró en su tres de tres, sería tanto como hacerse el “harakiri”.
No obstante PRI y PAN ya pusieron el ejemplo y será entonces una exigencia de la ciudadanía en general, so pena del castigo electoral, que los partidos políticos se ajusten a necesidad de expulsar a todos aquellos militantes a los que se les imputen cargos de corrupción.
Eso, como quiera que sea, es un pasito más en nuestra incipiente democracia.
