Igavec Noticias Noticias Oaxaca
COMUNICADO/
Através de un punto de acuerdo presentado en la 62 Legislatura del Congreso del Estado, hizo un enérgico llamado al Gobierno Federal y Estatal, para que se investiguen los hechos de violencia ocurridos en el Municipio de Nochixtlán.
San Raymundo Jalpan, Oax.- El diputado local por el Partido del Trabajo (PT) en el Congreso del Estado, presentó un punto de acuerdo en el que la LXII Legislatura insta al Gobierno Federal y al Gobierno Estatal para que a la brevedad establezcan una mesa que permita el diálogo que resuelva el conflicto magisterial con la dirigencia de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
Conflicto que originó los actos violentos donde perdieran la vida 8 personas en el Municipio de Nochixtlán.
Esta mesa de diálogo, se debe instalar a la brevedad a través de la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Educación Pública; y al Gobierno Estatal, a través de la Secretaría General de Gobierno y del Instituto Estatal de Educación Pública del Estado de Oaxaca.
Asimismo, hace un enérgico llamado al Gobierno Federal y Estatal, para que a través de la Procuraduría General de la República y la Fiscalía General del Estado, se investiguen los hechos de violencia ocurridos el pasado domingo 19 de junio hasta que se esclarezcan los mismos y procurar que el o los culpables no queden impunes y castigue a los responsables de los asesinatos de maestros y miembros civiles que se manifestaron.
En el punto de acuerdo, también pide al Gobierno Federal que libere inmediatamente a los dirigentes de la sección 22, Rubén Núñez Ginez y Francisco Villalobos, que fueron privados de su libertad.
“La igualdad, la libertad, el pluralismo y la tolerancia, son principios básicos de todo sistema político democrático, sin los cuales no podríamos alcanzar la seguridad, la paz y el orden público.
“Así pues uno de los derechos que tenemos por el simple hecho de ser seres humanos es el de manifestar y expresar nuestras ideas, inconformarnos contra las decisiones que se toman y que consideramos perjudican a una persona, a un grupo en específico o inclusive que pueden afectar a todo un estado”.
El diputado Rafael Arellanes recalcó que las autoridades, todas, sin distinción, tienen por mandato constitucional, el deber de proteger y respetar los derechos humanos de todas las personas sin discriminación alguna.
“Los hechos, en los cuales los grupos representantes de las autoridades federal y estatal portaban armas y gases lacrimógenos, desde luego han dejado a nuestro estado en estado de zozobra, pero sobre todo, envían el mensaje de que el Estado ha violentado dos de los derechos humanos más importantes de los ciudadanos, la libertad de expresión, la manifestación de ideas; pero sobre todo la vida de las personas”, afirmó.
