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Opinión por: Alfredo Martínez de Aguilar
Nunca como ahora la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, María de las Nieves García Fernández, tiene la oportunidad de prestar un invaluable servicio al pueblo de Oaxaca.
Este servicio, no es otro que legislar en materia de extinción de dominio. Ello permitiría confiscar bienes y dinero robado al pueblo por los corruptos. No basta con encarcelarles, si se les deja gozar su riqueza malhabida.
Así lo demandan un día sí y otro también, el Fiscal General del Estado, Rubén Vasconcelos Méndez, y el Fiscal Anticorrupción, Jorge Emilio Iruegas Álvarez. Se hacen eco así del creciente reclamo popular en ese sentido.
Con la sensibilidad que le caracteriza, basta que la diputada García Fernández cabildee con los coordinadores de las otras fracciones parlamentarias acordar incluir en la próxima Agenda Legislativa Común el tema en cuestión.
Ninguno de los cuatro coordinadores de las Fracciones Parlamentarias de Morena, PAN y PRD, pueden ser tan miopes y mezquinos para no apoyar “dar dientes” a la Ley de Extinción de Dominio del Estado de Oaxaca.
Al presidente de la Mesa Directiva de la LXIII Legislatura local, José de Jesús Romero López, se le puede acusar de todo, especialmente de invasor de tierras a cambio de votos para López Obrador, pero no de tonto.
Es el mismo caso de Irineo Molina Espinoza, coordinador de Morena; de Carol Antonio Altamirano, del Partido de la Revolución Democrática (PRD); de Acción Nacional (PAN), Juan Mendoza Reyes y del Partido del Trabajo (PT), Juan Bautista Olivera Guadalupe.
La legisladora tiene a su favor la feliz coincidencia que los precandidatos presidenciales de las tres coaliciones de todos los partidos nacionales enarbolan como principal bandera electoral el combate a la corrupción.
Durante su campaña vitalicia por 18 años ha sido la demanda prioritaria de Manuel Andrés López Obrador de la coalición “Juntos haremos historia”, integrada por Morena, Partido del Trabajo y Partido Encuentro Social.
Lo mismo hace Ricardo Anaya Cortés, precandidato presidencial de la alianza del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC), agrupados en la coalición Por México al Frente.
José Antonio Meade Kuribreña, de la alianza PRI, Partido Verde y Nueva Alianza, ‘Todos por México’, propuso que el dinero y bienes de los criminales y políticos que incurran en actos de corrupción sean confiscados.
El precandidato presidencial también propone cárcel con pena máxima ampliada a los delincuentes y la creación de una instancia que certifique las declaraciones patrimoniales y de impuestos de los funcionarios.
A la luz de la oferta electoral de sus partidos y precandidatos presidenciales, y la demanda de justicia de los oaxaqueños, los coordinadores de las bancadas de la LXIII Legislatura local pueden pasar a la historia.
De esta manera, los diputados cumplirán su compromiso de combatir la corrupción que pudre a pueblo y gobierno de Oaxaca y prestarán, además, un gran aporte de rentabilidad a sus respectivos partidos políticos.
De lograr aprobar la Ley de Extinción de Dominio, en el caso particular de la diputada priista María de las Nieves García Fernández prestará, asismimo, un enorme servicio al Gobernador Alejandro Murat Hinojosa.
Otorgar a las Fiscalías, especialmente a la Anticorrupción, la facultad de confiscar dinero y bienes a los servidores públicos corruptos, permitirá al mandatario estatal reintegrar dichos recursos a las áreas saqueadas.
De esta forma, se facilitaría al Gobierno de Oaxaca hacer frente al colapso financiero heredado del desgobierno de Gabino Cué y, sobre todo, atender y resolver la severa crisis que enfrenta los Servicios de Salud de Oaxaca.
El pasado viernes en Cancún José Antonio Meade Kuribreña, precandidato presidencial de la alianza PRI, Partido Verde y Nueva Alianza,anunció que propone confiscar bienes a criminales y funcionarios corruptos
“Ampliaremos y aplicaremos la suspensión e inhabilitación máxima a funcionarios públicos corruptos, comprometió. Quienes cometan actos de corrupcióntendrán que reponer lo robado y quedarán inhabilitados para participar en procesos de contratación; no sólo quedarán inhabilitados de participar en el servicio público”.
La iniciativa, que dijo será presentada en el Congreso de la Unión por los partidos que lo postulan, PRI, Partido Verde y Nueva Alianza, tiene tres puntos torales.
El primero es la confiscación de dinero, propiedades y bienes de funcionarios corruptos, no solamente los que estén a su nombre sino aquellos en donde se ostenten como propietarios, aunque los tengan registrados a nombre de terceros.
El segundo es que se les castigue con cárcel con pena máxima ampliada para los corruptos; y por último propuso
la creación de una instancia que certifique las declaraciones patrimoniales y de impuestos de funcionarios.
Con ello, agregó, se podrá revisar la consistencia y evolución entre los cargos desempeñados, ingresos obtenidos, bienes y recursos con los que se cuente.
Meade Kuribreñaindicó que las personas que hayan cometido actos de corrupcióntendrán la obligación de demostrar que su patrimonio es lícito y, en caso contrario, se le incautarían inmediatamente.
“El mecanismo es sencillo: quien no pueda explicar el origen de sus bienes los perderá en beneficio de las obligaciones del Estado”, para lo cual se contemplaría la habilitación de fiscales especializados para ejercer la extinción de dominio de manera ágil, equilibrada y justa», señaló.
Por último, indicó que el combate a la corrupción no puede esperar, por lo que llamó a partidos y precandidatos a que se sumen e impulsen esta iniciativa.
Por este motivo, convocó a acelerar los pasos para fortalecer la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), nombrar a los magistrados especializados en esta materia y aprobar la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República.
Ante la negativa de Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Anaya de destrabar los nombramientos y piezas de legislación pendientes, Meade Kuribreña reiteró que en la conformación del SNA hay consenso y arquitectura jurídica, y lo que falta es generar el ambiente político que haga posible su consolidación.
Llama poderosamente la atención que Meade Kuribreña haya propuesto la extinción de dominio del dinero, bienes y propiedades, a fin de confiscárselo a los funcionarios corruptos en Quintana Roo, cuyo ex gobernador Roberto Borge Ángulo está sujeto a proceso y en prisión preventiva por corrupción.
En la zona turìstica de Cancún Meade apareció acompañado solo por el dirigente estatal del PRI, Raymundo King; Joaquín Hendricks, integrante del Concejo Político Nacional del tricolor; el ex gobernador de Tabasco Manuel Andrade y un grupo de jóvenes, a los que se incorporó Pedro Joaquín Delbois, hijo del secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwel.
El precandidato presidencial del PRI se alejó de la vieja clase política de Quintana Roo, alcaldes, ex alcaldes, legisladores y ex legisladores de viejo cuño tricolor locales y federales, así como de personajes relevantes del PRI y de las figuras más polémicas y controvertidas de ese instituto político, quienes se quedaron esperándole en un hotel de la ciudad al lado de la militancia.
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