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Por Alfredo Martínez de Aguilar
*Extraoficialmente, ha trascendido que el Presidente Municipal de Tlaxiaco, Miguel de Jesús Pérez Vásquez, y el Síndico, Edgar Vásquez Gómez, no son ajenos a la violencia provocada por Jesús Hernández Cariño.
* Al narcotráfico, que utiliza drones para vigilar la zona, al tráfico de armas y a la tala ilegal, hay que agregar como un factor más que detona la violencia en la región Mixteca la disputa política Morena-PRD.
La visita del presidente Andrés Manuel López Obrador, que confirma su afecto a los oaxaqueños, se vio empañada por la brutal violencia en la región Mixteca, con saldo de 14 muertos y seis heridos.
Una vez más, AMLO realizó una intensa gira de trabajo de tres días para evaluar la construcción de carreteras y caminos artesanales y hospital en los Valles, Costa, Istmo, Mixteca, Cañada y Cuenca.
Hasta ahora se han terminado 186 caminos con un total de 2 mil 652 kilómetros. “No dejaremos un solo municipio —de los 570 de Oaxaca— sin caminos pavimentados a las cabeceras y comunidades”.
En menos de 72 horas ocurrieron dos emboscadas, en la agencia Lázaro Cárdenas, de San Miguel El Grande, Tlaxiaco, y la agencia municipal Guadalupe Victoria, de Magdalena Jaltepec, Nochixtlán.
La terca realidad de ambas emboscadas finalmente termina por imponerse y desmiente los “otros datos”: En Oaxaca no hay control de los conflictos agrarios menos de la inseguridad y la violencia.
El lamentable y doloroso resultado de estos sangrientos hechos confirma, asimismo, la inoperancia de la Junta de Conciliación Agraria y de la Comisión de Límites al buscar solución a la disputa agraria.
La misma ineficacia e ineficiencia se observa en los funcionarios de las dependencias federales del sector agrario, Procuraduría Agraria, Registro Agrario Nacional y Tribunales Agrarios en el estado.
No menos lamentable y doloroso es el evidente fracaso de las Mesas de Seguridad, así como del desempeño del Capitán Iván García Álvarez en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Al mismo tiempo, la ineficacia e ineficiencia del personal de la Guardia Nacional confirma el fracaso de la política nacional de seguridad “Abrazos no balazos” del gobierno de la Cuarta Transformación.
Muy grave la denuncia de la cineasta Ángeles Cruz, al afirmar: “Las balas utilizadas en la emboscada (en San Miguel El Grande) estaban marcadas con las leyendas Guardia Nacional y Ejército Mexicano”.
El baño de sangre derramada en la región mixteca exhibe, otra vez, la omisión, negligencia, ineptitud o complicidad de los responsables de la gobernabilidad y gobernanza por falta de operación política.
Extraoficialmente, ha trascendido que la mano negra del Presidente Municipal de Tlaxiaco, Miguel de Jesús Pérez Vásquez, y del Síndico, Edgar Vásquez Gómez, no es ajena a la violencia.
Tras la detención de Jesús Hernández Cariño, representante de Bienes Comunales de Tlaxiaco, salió a relucir el nombre de Adelfo Regino, director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.
Las investigaciones señalan a Jesús como autor intelectual de la emboscada del 22 de noviembre, pues tiene la encomienda de generar violencia en el conflicto limítrofe con San Miguel El Grande.
Hernández Cariño cuenta con el apoyo de Adelfo Regino porque su hijo es su secretario particular. El titular del INPI desestabiliza la región, con la intención de obtener posiciones en las comunidades.
Ni el secretario de Gobierno, Jesús Romero López, ni el Jefe de Gabinete, Flavio Sosa Villavicencio, ignoran esto, ni mucho menos que el municipio de Tlaxiaco es gobernado por su partido, Morena.
Jesús Romero y Flavio Sosa no desconocen tampoco que el presidente municipal de San Miguel El Grande, Arcángel Ortiz Cruz; es su excompañero correligionario, mientras militaron en el PRD.
Al narcotráfico, que utiliza drones para vigilar la zona, al tráfico de armas y a la tala ilegal, hay que agregar como un factor más que detona la violencia en la región, la disputa política Morena-PRD.
No falta razón al gobernador Salomón Jara al reconocer que es necesario “hacer un planteamiento integral de resolución de conflictos agrarios y sociales o que tienen fundamento en otra naturaleza”.
“No es suficiente la buena fe y el diálogo institucional porque hay otros factores; hay que trabajar con las instituciones de seguridad, de desarrollo social y bienestar y de construcción de paz”.
En un pronunciamiento al Gobierno federal San Miguel El Grande dice que por su posición no se puede confiar al Gobierno estatal ninguna acción que procure justicia ante estos hechos criminales.
En mayo entregaron al gobernador una propuesta de solución consistente en dividir en partes iguales los polígonos en disputa, y respetar un acuerdo de división de una porción de esas parcelas.
A pesar de estar respaldada por la asamblea general de comuneros y habitantes de San Miguel, la propuesta fue tirada a la basura por Jesús Romero López y su operador estrella Donato Vargas.
El derramamiento de sangre se pudo evitar con su oportuna intervención, sin embargo, la soberbia del titular de la SEGO no le permite ver que con su actitud crea conflictos innecesarios al gobernador.
En octubre pasado hubo una primera llamada de atención para Salomón Jara y fue ignorada, al ser calcinados dos vecinos de Santiago Mitlatongo en un vehículo, en el paraje Pico del Águila.
Ante la violencia recurrente, la dirigencia estatal del PRD y su Grupo Parlamentario en el Congreso exigen al Secretario de Gobierno propiciar un ambiente de estabilidad política y social en la entidad.
Al mismo tiempo, la dirigencia del PRD demanda a José de Jesús Romero López realizar, sin ocurrencias mediáticas, las acciones tendientes a que prevalezca el Estado de derecho en el Estado.
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