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Por Alfredo Martínez de Aguilar
La soberbia y falta de visión y sensibilidad de los funcionarios responsabilizados de planchar la aceptación del proyecto han generado rotundo rechazo generalizado de los habitantes del propio municipio de San Lorenzo Albarradas, Roaguía y San Pablo Villa de Mitla.
* Por demás interesante es analizar objetivamente la arista del pase y cobro de facturas al gobernador Salomón Jara por agravios pasados y presentes, al romper lanzas contra los ex gobernadores Gabino Cué Monteagudo y Alejandro Murat Hinojosa y cuestionarles en las semaneras.
En tiempo y forma advertimos que la defensa y protección gubernamental del Coordinador de los Delegados de Paz del Gobierno del Estado, Donato Vargas, por la violencia digital escalaría y se convertiría en un innecesario escándalo nacional.
Asimismo, alertamos anticipadamente que manipulada por los activistas radicales de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), encabezados por Rogelio Vargas Garfias, la Sección XXII de la CNTE iría al choque con el gobernador Salomón Jara.
Así también, oportunamente previmos que sin consulta al consentimiento libre, previo e informado, con los pueblos y comunidades indígenas de la zona de San Lorenzo Albarradas, Tlacolula, no habría Centro Integral de Revalorización de Residuos Sólidos Urbanos (CIRRSU).
La soberbia y falta de visión y sensibilidad de los funcionarios responsabilizados de planchar la aceptación del proyecto han generado rotundo rechazo generalizado de los habitantes del propio municipio de Albarradas, Roaguía y San Pablo Villa de Mitla.
La terca realidad que finalmente termina por imponerse confirma el ejercicio de la creación de escenarios en los tres casos. Ahí está el Punto de Acuerdo de cuatro senadoras para sancionar la violencia y misoginia de Donato Vargas.
Obligado es observar que una de las cuatro senadoras firmantes del Punto de Acuerdo en cuestión es la senadora oaxaqueña Susana Harp Iturribarría, a quien el senador Salomón Jara sacó de la bolsa la candidatura a gobernadora de Oaxaca.
Por demás interesante es analizar objetivamente la arista del pase y cobro de facturas al gobernador Salomón Jara por agravios pasados y presentes, al romper lanzas contra los ex gobernadores Gabino Cué Monteagudo y Alejandro Murat Hinojosa.
«Si no hay justicia para el pueblo, que no haya paz para el Gobierno…», sentenció la lideresa radical de la Seccion22Cencos. Esperarán las respuestas estatales y federales a sus demandas, si no las satisfacen, habrá paro estatal y nacional.
Dadas las exigentes demandas del magisterio de la Seccion22Cencos es previsible que no serán del todo satisfechas. Exigen castigo contra funcionarios y mandos policiacos responsables del desalojo del 2006 y la masacre del 2016.
Acusan a Alejandro Tejada, director de la Policía Auxiliar, Bancaria, Industrial y Comercial (PABIC) como directo responsable de la represión del 2006 contra las maestras y maestros de Oaxaca. Libertad a los presos políticos y de conciencia.
La mayor demanda magisterial es la desaparición de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (USICAMM), decisión que es estrictamente competencia del Gobierno federal y no del Gobierno de Salomón Jara.
Difícil y complicado, también, brindar atención digna a los trabajadores de la educación, así como dotar de insumos y medicamentos a las clínicas y hospitales del ISSSTE en Oaxaca, ya que existe un retraso en cirugías programadas y atención deficiente.
Exigen seguimiento puntual a las incidencias administrativas pendientes por resolver desde 2014, cuando se promulgó la Reforma Educativa y reitera su apoyo para la contratación directa en el servicio profesional docente de 820 egresados normalistas.
alfredo_daguilar@hotmail.com
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@efektoaguila
