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Opinión por: Alfredo Martínez de Aguilar
Harto generosa como suele ser la vida con el Gobernador Alejandro Murat, las circunstancia le son sumamente favorables para pasar positivamente a la historia, a pesar de los enemigos y adversarios de su padre, no de él.
Es el caso de la Zona Especial de Salina Cruz, cuya Declaratoria fue realizada ayer en ese filón de oro de Oaxaca por el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, acompañado del mandatario estatal y el alcalde porteño.
No importa que, emocionado, Murat haya expresado “durante la historia de México, se ha ‘abrido’ una gran brecha entre el sur y el norte de México. Hoy nos entusiasma porque volvemos a obtener optimismo, confianza que con esta declaratoria podremos empezar a delinear el nuevo rostro del desarrollo del sureste”.
El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, consideró que la declaratoria de la zona económica especial de Salina Cruz significa para el Sureste del país lo que el Tratado de Libre Comercio para los estados del Norte.
El Ejecutivo estatal afirmó que pese a la tragedia de los sismos de septiembre que afectó principalmente al Istmo de Tehuantepec, esta declaratoria viene a dar esperanza y fuerza en el desarrollo económico de la región.
“Luego de la tragedia, hoy Oaxaca está de pie y tiene rumbo para ver dónde están las grandes oportunidades de México”, sostuvo durante la ceremonia presidida por el presidente Enrique Peña Nieto y su gabinete.
La ZEE de Oaxaca será la cuarta en el sur-sureste de México, después que recibieran la declaratoria Puerto Chiapas, Chiapas; Coatzacoalcos, Veracruz y Lázaro Cárdenas, Michoacán. La quinta es Progreso, Yucatán.
Otro claro ejemplo de este futuro halagüeño es la terminación de las súpercarreteras a las regiones de la Costa y el Istmo de Tehuantepec. Las tres magnas obras cambiarán el rostro y realidad de Oaxaca y de los oaxaqueños.
No obstante esta singular coyuntura favorable al crecimiento y desarrollo de la entidad oaxaqueña, hay una condición indispensable para que se hagan realidad las tres megaobras en cuestión: seguridad para invertir.
Sin esta piedra de toque, jamás detonará el crecimiento y desarrollo del Estado porque el dinero nacional y extranjero es la más recelosa y temerosa de las mercancías globales. No solo no va, sino que huye del peligro.
Y el mayor peligro de las inversiones en las diversas regiones del Estado de Oaxaca son las movilizaciones, a través de sus diferentes modalidades, marchas, plantones, bloqueo de calles y carreteras, y toma de oficinas.
Esta lamentable y dolorosa realidad, las más de las veces prohijada y alimentada por los diversos gobiernos en turno, se ve agravada por la creciente inseguridad en materia de regímenes de tenencia de la tierra en Oaxaca.
Y si a ello sumamos la disputa de la plazas por el crimen organizado y los cárteles del narcotráfico, las cosas se complican tremendamente, máxime cuando en muchos casos los gobiernos son cómplices de la delincuencia.
En tales condiciones, qué hacer, para evitar que unos y otros, es decir, los grupos de interés y de presión, continúen saboteando el desarrollo y progreso de Oaxaca con sus permanentes chantajes político-económicos.
No hay salida civilizada, entonces, más que la aplicación de la ley en irrestricto cumplimiento de la obligación de respetarla y hacerla respetarla por parte de los diversos órganos de gobierno, federal, estatal y municipal.
Jamás se debe olvidar que el Estado mexicano tiene el monopolio de la violencia legítima, o sea, constitucional.
Y menos olvidar todavía que la obligación primera del Estado es garantizar la seguridad de los ciudadanos.
Aunque hoy nos resulte políticamente incorrecta, la afirmación que la violencia legítima es el medio específico del Estado es una idea común en la sociología actual y que se considera, casi paradigmáticamente, como cierta.
La estrecha relación entre violencia y Estado que vio Weber a principios del siglo XX influye en la sociología y la teoría del Estado actual. Aquellos que desconocen el pensamiento del sociólogo alemán pueden entender que el autor pretendía denostar o criticar al Estado subrayando esa relación, pero nada más lejos de la realidad.
“Estado es aquella comunidad humana que, dentro de un determinado territorio (el “territorio” es elemento distintivo), reclama (con éxito) para sí el monopolio de la violencia física legítima. Lo específico de nuestro tiempo es que a todas las demás asociaciones e individuos sólo se les concede el derecho a la violencia física en la medida en que el Estado lo permite. El Estado es la única fuente del “derecho” a la violencia”, escribió el politólogo alemán Max Weber en su libro La política como vocación.
En otras palabras, aunque cause escozor a las hipócritas buenas conciencias pseudo demócratas, pseudo progresistas y pseudo revolucionarias, la aplicación de la ley, ésta es la única opción a seguir frente a la anarquía.
Son a estos grupos y sectores sociales interesados en dinamitar las instituciones nacionales a quienes alarma la aprobación de la Ley de Seguridad Interior porque legitima el uso de la fuerza por el Ejército y la Marina.
No se trata, por supuesto, de permitir o dejar impunes las violaciones a los derechos humanos de quienes se inconforman y protestan, sino de exigir que se respeten, también, los derechos fundamentales de los demás.
O acaso única y exclusivamente los pseudo demócratas, pseudo progresistas y pseudo revolucionarios, tienen derechos humanos y el resto de los mexicanos estamos obligados a respetarlos, aunque ellos no lo hagan.
Oaxaca y los oaxaqueños no pueden seguir viviendo aterrados como rehenes tras ser secuestrados en las calles y carreteras, como nuevamente ocurrió ayer con los bloqueos de la Sección XXII de la CNTE en Salina Cruz.
La movilización obligó a los encargados de inteligencia del Estado Mayor Presidencial (EMP) a instalar vallas de seguridad a la altura del crucero al Camino Viejo a la Ventosa por las movilizaciones de la Sección 22.
No se trata de aplicar mano dura, mucho menos represión, contra las inconformidades sociales, pero sí mano firme, con diálogo permanente para escuchar y atender las demandas justificadas de los grupos y organizaciones.
También se requiere de trabajo de inteligencia más que solo de investigación, para conocer bien a bien los móviles que motivan las movilizaciones e identificar plenamente a los autores intelectuales y materiales.
Convencidos estamos, así lo prueban los hechos, que en política no hay casualidades y sí causalidades y, en consecuencia, nada ocurre por caso fortuito, azares del destino o simplemente nace por generación espontánea.
Además, en el sui géneris caso de Oaxaca para nadie es desconocido que detrás de todos los conflictos hay mano negra de algunos sectores de los gobiernos en turno y que todos los conflictos conducen a los ex gobernadores.
De ninguna manera, se trata de un dignóstico simplista o simplón. A nuestro juicio, resulta de la observación durante casi medio siglo de la cruel y cruda realidad impuesta desde la década de los 70 por intereses mezquinos.
Ahí está la acción concertada con fundada presunción del ‘modus operandi’ de la delincuencia organizada de la Sección XXII de la CNTE, el Frente Popular Revolucionario (FPR). Este último tomó la caseta de Huitzo.
Asimismo, los integrantes del Consejo de Organizaciones Oaxaqueñas Autónomas (COOA), bloquearon los accesos de Ciudad Administrativa, ante la supuesta falta de respuesta a sus demandas. Vienen por su ‘aguinaldo’.
Los 80 simpatizantes de la organización declararon que hasta a fecha tienen demandas de carácter social, político y de justicia que no han sido cumplidas por el gobierno del estado, por lo cual acordaron su movilización.
Sus demandas están pendientes de solución en las regiones de la Sierra Sur, Costa, Istmo de Tehuantepec y Tuxtepec. Exigen una mesa de trabajo con representantes del Gobierno del estado en espera de respuestas.
El tránsito hacia Veracruz, se complicó como resultado del bloqueo de la carretera transístmica hacia el estado de Veracruz por habitantes de comunidades de Donají y transportistas de la CTM, que atravesaron volteos.
Los transportistas adheridos a la Confederación de Trabajadores de México exigen el pago inmediato de adeudos a la empresa constructora Raminca, así como pendientes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
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