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Por Alfredo Martínez de Aguilar
El magisterio rechaza el nombramiento de la titular de la Unidad de Educación Indígena, Eustolia Mateo Luna, al considerarlo unilateral, inconstitucional y violatorio a la autonomía de los derechos de los pueblos indígenas.
* Para la S22 está pendiente la salida de Alejandro Tejada de la PABIC por represor del movimiento social de 2006, mientras los normalistas continuaron sus prácticas guerrilleras con el robo de mercancía a empresas.
(A Cristian Eder Carreño López y a su esposa Salma por el nacimiento de su hija María Romina)
La terca realidad termina por imponerse. Como lo advertimos en tiempo y forma, no a toro pasado, la S22-CNTE y los normalistas, son la piedra en el zapato del gobernador Salomón Jara.
“La Sección XXII recuperará su objetivo de lucha, organización y disciplina. No somos moneda de cambio y gobierne quien gobierne, los derechos se defienden”, sentenció Yenny Aracely Pérez Martínez.
La lideresa sindical señaló que su primera marcha, realizada el 01 de diciembre, fue para exigir una mesa de negociación a Salomón Jara Cruz, quien ese día rindió protesta como gobernador.
El paso de los días nuevamente nos da la razón. El gobierno de La Primavera Oaxaqueña topará con el rechazo permanente y las movilizaciones de protesta del magisterio y de los normalistas.
Los pretextos de los dirigentes sobran para presionar y chantajear al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y al gobernador Salomón Jara Cruz y finalmente serán lo de menos.
Cualquier excusa por más aberrante que sea justifica todo el tiempo las movilizaciones de la Sección 22 de la CNTE y de la Coordinadora Estudiantil Normalista del Estado de Oaxaca (CENEO).
Rechazan el nombramiento unilateral de la titular de la Unidad de Educación Indígena, Eustolia Mateo Luna, al considerarlo inconstitucional y violatorio a los derechos de los pueblos indígenas.
Califican de imposición la designación del titular del IEEPO, Emilio Montero Pérez, pues por su autonomía los pueblos indígenas tienen libre determinación para nombrar a sus representantes.
A partir del V Congreso de 2019, el magisterio reconoce en ese nivel de educación a la Dirección General de los Pueblos Indígenas con estructura pedagógica, administrativa y político-social.
Sus demandas no quedarán en pronunciamientos, sino que efectuarán movilizaciones en defensa, en caso de no ser escuchados a la brevedad y el Gobierno no instale una mesa de trabajo.
Están pendientes, pagos por adeudos, incidencias administrativas; atención a la infraestructura escolar, seguridad social, jubilados, egresados normalistas y reconocimiento de espacios.
Para la S22-CNTE está pendiente la salida de Alejandro Tejada, de la Policía Auxiliar, Bancaria, Industrial y Comercial (PABIC), por considerarle represor del movimiento social de 2006.
Los normalistas siguen sus prácticas guerrilleras y retuvieron autobuses. Guardias de CAPUFE impidieron tomar la caseta de peaje de Hutizo y robaron mercancía a empresas transnacionales.
El Movimiento Social Ciudadano Unidos por Oaxaca #UNO urgió a las autoridades federales y locales garantizar la libertad de tránsito y frenar el robo por los normalistas. ¡Basta de impunidad!
El fanatismo fundamentalista de la estrategia marxista-leninista presión-negociación-presión radicaliza a los manipulados activistas y milicianos de la Sección 22 de la CNTE y la CENEO.
A las pruebas nos remitimos. Activistas y milicianos de la Sección 22 de la CNTE nuevamente son utilizados por los enemigos de Salomón Jara Cruz como ariete político para sabotear a su gobierno.
Para conseguirlo, de manera genialmente perversa, la UTE maniobró para imponer, por primera vez, a una mujer de tendencia radical, activista en el prefabricado conflicto político de 2006.
Dado el origen indígena del gobernador Salomón Jara Cruz, zapoteco de la Sierra Juárez, impusieron como dirigente magisterial a una mujer indígena de ascendencia mixe Ayuukjä’äy.
La genial perversidad de los titiriteros del magisterio oaxaqueño estriba en utilizar a una profesora indígena como cuña para apretar, presionar y chantajear al gobierno de Salomón Jara Cruz.
Sus antecedentes llevaron a Yenny Aracely Pérez Martínez a ser detenida y ser activista política presa, no presa política, toda vez que incurrió en diversos delitos del fuero común y federal.
Al igual que otros activistas y milicianos participantes por consigna en el conflicto político de 2006, fueron liberados al ser beneficiados por las negociaciones con el gobierno del estado y federal.
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