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Por Alfredo Martínez de Aguilar
* La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió el pasado 10 de junio una sentencia histórica, que obliga al Congreso de la Unión a crear la Ley Federal de Consulta Previa, Libre, Informada, de Buena Fe a los Pueblos Indígenas.
* Litigio Estratégico Indígena A.C., acaba de anotarse un tercer hitazo al hilo en materia constitucional al sumar a este logro, la creación de la Ley de Consulta Previa oaxaqueña y el saneamiento ambiental de los ríos Atoyac y Salado.
(A la senadora Concepción Rueda Gómez, a su hermano Paco, familiares y amigos, por la muerte de su señora madre; y a Miguel Ángel Morales Amaya, por el fallecimiento de su hermano. Un abrazo fraterno y solidario en estos momentos difíciles. Descansen en paz)
La defensa del territorio y los recursos naturales ha dado un giro radical en la construcción de megaproyectos del Gobierno mexicano e inversionistas nacionales y extranjeros, especialmente en el caso del Corredor Interoceánico y el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec.
Esas magnas obras generalmente afectan los derechos a la tierra de los pueblos y comunidades indígenas sin siquiera escucharles, con base en prácticas viciosas, amañadas y corruptas, para terminar imponiendo los megaproyectos, que previamente deben ser consensuados.
Ahora, ya no ocurrirá así porque el Poder Legislativo federal deberá crear la Ley de Consulta Previa, Libre, Informada, de Buena Fe, ajustándose a los estándares jurídicos interamericanos. Antes, el Congreso de Oaxaca, fue obligado a construir la ley local.
La ley será un instrumento de diálogo intercultural, previsto en el caso del Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku contra el Gobierno de Ecuador. Las dependencias encargadas de megaproyectos no podrán pretextar la falta de ley para no consultar a los pueblos indígenas.
El Estado mexicano ha sido obligado a crear la Ley Federal de Consulta Previa, Libre, Informada, de Buena Fe y con pertinencia cultural para los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas del país, considerado pluriétnico y pluricultural.
El pasado 10 de junio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una sentencia histórica para la protección de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas de la República Mexicana.
El más alto tribunal del país concedió el amparo y protección de la justicia federal a Litigio Estratégico Indígena A.C., que obliga al Congreso de la Unión a crear la Ley Federal de Consulta Previa, Libre, Informada, de Buena Fe.
Para la Maestra Mariana Yáñez Unda, es una resolución sin precedente en la historia de la Suprema Corte sumamente trascendente, cuando se cumplían exactamente nueve años de la reforma constitucional de 2011.
Emocionada, subraya que siempre pensó que el símbolo de Litigio Estratégico Indígena A.C. era la silueta de una persona soñadora que extiende los brazos hacía el sol. “Hoy sé que es la honda de David y la defensa de la ley la piedra”.
De esta manera, la Asociación Civil Litigio Estratégico Indígena acaba de anotarse un tercer hitazo al hilo en materia constitucional al sumar este logro, crear la ley de consulta previa oaxaqueña y el saneamiento de los ríos Atoyac y Salado.
Durante 18 años el Congreso de la Unión fue omiso al no crear la ley de consulta previa, denuncia la maestra Yáñez Unda. El tema de la consulta indígena no es nada nuevo para la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Ya había emitido sentencias contra diversas autoridades que habían autorizado megaproyectos sin consultar a los pueblos indígenas. Citó como ejemplos los casos del Acueducto Independencia y la lucha de los pueblos mayas contra Monsanto.
Sin embargo, la sentencia emitida el pasado miércoles 10 de junio, es una sentencia que posiciona a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) como una corte constitucional protectora de los pueblos indígenas. La sentencia de la SCJN va a la raíz del problema.
Durante muchos años los pueblos y comunidades indígenas no fueron escuchados por insensibilidad y por falta de ley. El Gobierno decidió unilateralmente la instauración de proyectos forestales, mineros, eólicos, sin consultar a los pueblos.
Ahora, en cumplimiento de la histórica sentencia, el Poder Legislativo Federal deberá construir una ley de alcance nacional en la que se establezcan los casos, requisitos, condiciones y plazos de la consulta indígena.
El tribunal de la República consideró impostergable la creación de la ley. Previamente a la construcción de la ley el Congreso deberá consultar a los pueblos indígenas en sus comunidades sobre los alcances que deberá contener la propia ley.
Las voces de los Ikoots, ayuuk, rarámuris, wixáricas, chontales, seris, y de todos los pueblos indígenas de México deberán ser escuchadas previamente a la construcción de la Ley de Consulta. También deberán serlo las comunidades afromexicanas.
En Oaxaca tenemos experiencia en el tema. En el 2018, el juez decimoprimero de Distrito en el Estado de Oaxaca concedió un amparo a Litigio Estratégico Indígena y ordenó al Congreso de Oaxaca, construir la ley de consulta previa oaxaqueña.
El Congreso, insensible, interpuso el recurso de revisión. Un Tribunal Colegiado de Cholula, les dio la razón. En cumplimiento a la sentencia de amparo, el 22 de febrero de 2020 fue publicada en el Periódico Oficial de Oaxaca la Ley de Consulta Indígena para Oaxaca.
Litigio Estratégico Indígena sigue caminando. Después de la victoria jurídica en el juicio de amparo por el rescate de los ríos Salado y Atoyac, ahora pretende que lo asentado en esa sentencia se convierta en realidad.
La pandemia del Covid-19 suspendió la etapa de planeación de la ejecución de la histórica sentencia que ordenó el rescate de dos ríos oaxaqueños. Seguirán empujando y convocando a la sociedad para que intervenga en la ejecución de la sentencia de amparo.
Ahora, luchan porque las comunidades indígenas tengan leyes que reglamenten específicamente el diálogo intercultural entre pueblos indígenas y el Estado Mexicano. Es parte del trabajo que Litigio Estratégico Indígena, una pequeñísima organización no gubernamental, realiza sin financiamiento de ninguna especie.
Han demostrado que el litigio puede convertirse en una herramienta de empoderamiento ciudadano. Mediante un litigio cuatro personas han obligado al Congreso a construir una ley. Mediante otro litigio tres personas hemos obligado al Estado Mexicano a mirar hacía los ríos.
Con la herramienta del litigio las ciudadanas y ciudadanos podemos derrotar a enemigos más grandes y poderosos. Podemos derrotar a la indolencia y las conductas omisivas de las autoridades.
alfredo_daguilar@hotmail.com director@revis
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@efektoaguila
