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Opinión Por: Alfredo Martínez de Aguilar
Una semana antes del Primer Informe de Gobierno, Alejandro Murat Hinojosa y el Fiscal General del Estado, Rubén Vasconcelos Méndez, dieron un firme “manotazo” sobre la mesa al cumplir su juramento laico de respetar y hacer respetar la Ley, cumplir y hacer cumplir ésta.
Aplicar la Ley al capi di tutti capi y todopoderoso Secretario de Finanzas de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Marco Antonio Sánchez Cruz, por el probable multihomicidio de cinco personas en junio de 2013, es un claro mensaje de combate a la impunidad.
A tiempo, no a toro pasado, se los dije aquí en esta tribuna periodística a los pillos de siete suelas que han hundido a Oaxaca en el caos económico, político y social, no conocen al gobernador Alejandro Murat, no saben de qué está hecho ni saben qué es capaz de hacer.
Tirios y troyanos, amigos, adversarios y enemigos, ignoran que no le tiembla la mano para aplicar la Ley. Sin ser majadero en anteriores entregas hemos dicho que Alejandro Murat Hinojosa está más que convencido que se gobierna desayunando todos los días sesos con huevos.
La detención del dirigente cetemista, cuya organización, ciertamente, ayudó a tomar posesión a Alejandro Murat, es un mensaje claro para que los capos, sicarios y comandantes públicos y clandestinos del Cártel de la Sección XXII de la CNTE y de las 685 organizaciones sociales, sobre todo las más radicales, pongan sus barbas a remojar.
Los activistas y milicianos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación no deben equivocarse y tener una mala lectura al creer que por apoyarles a obtener su toma de nota tienen contra la pared al gobernador Alejandro Murat. Muchos de ellos tienen órdenes de aprehensión pendientes de ejecución por delitos graves, como homicidio.
Lamentable y doloroso que a primera vista pareciera que Oaxaca no tiene salvación. Aun cuando, gracias a Dios, hay solución incluso para la muerte, pero la apatía, la cobardía y/o la complicidad de la mayoría de los oaxaqueños, incluyendo a la mayoría de los servidores públicos, impide al estado salir adelante.
¡Qué tiempos, qué costumbres! La corrupción sin llenadera y las complicidades sin límite alguno pudrieron el alma de los oaxaqueños. Es la mayor maldición que pesa sobre Oaxaca desde los 70. La inmensa mayoría está dispuesta a vender su cuerpo y su conciencia, no solo sus votos.
Obligado es acudir al primer discurso de Marco Tulio Cicerón contra el político romano Lucius Sergius Catilina, quien conspiró para destruir la república y había intentado asesinarle, Cicerón deplora la perfidia y la corrupción de su tiempo como hoy lo hacemos aquí y ahora en Oaxaca.
Resulta verdaderamente increíble la incongruencia y mezquindad de los dirigentes estatales, sectoriales y territoriales del PRI, así como de las cámaras y organismos empresariales, quienes exigen terminar con el caos y corrupción en Oaxaca, pero no apoyan la aplicación de la Ley.
Dónde están las manifestaciones de apoyo al gobernador Alejandro Murat Hinojosa y al Fiscal General del Estado, Rubén Vasconcelos Méndez, por respetar y hacer respetar la Ley al detener por cinco probables homicidios al todopoderoso dirigente de la CTM, Marco Antonio Sánchez.
Dónde están las tronantes declaraciones del dirigente del Centro Patronal de Oaxaca, adherido a la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Raúl Ruiz Robles, exigiendo terminar con marchas y plantones de la Sección XXII de la CNTE y de las organizaciones sociales.
Y las enérgicas declaraciones de Carlos Guzmán Gardeazábal, dirigente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), demandando la aplicación de la Ley para terminar con la impunidad galopante que provocó el colapso político y financiero de Oaxaca.
Y dónde está la voz de Onésimo Hernández Bravo, dirigente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), y de Geovanni Avelino Ortega Ramírez, de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).
Por qué los dirigentes estatales, sectoriales y territoriales del PRI, así como de las cámaras y organismos empresariales, no han publicado desplegados nacionales de apoyo al gobernador Alejandro Murat Hinojosa y al Fiscal General del Estado, Rubén Vasconcelos Méndez.
Por qué a través de desplegados en medios de comunicación impresos de la Ciudad de México no han exigido al Gobierno de la República aplicar todo el peso de la Ley, no solo contra el todopoderoso Secretario de Finanzas de la CTM, Marco Antonio Sánchez Cruz.
Su legítima demanda de aplicación de la Ley debe hacerse extensiva a todos los saqueadores públicos, privados y sociales, porque la próspera industria del chantaje también ha enriquecido a muchos funcionarios públicos, empresarios y activistas y milicianos públicos y clandestinos.
Por qué a los desgüevados dirigentes estatales, sectoriales y territoriales del PRI, así como de las cámaras y organismos empresariales, no se les ha ocurrido llamar al pueblo a realizar una gigantesca marcha que obligue al presidente Enrique Peña Nieto a terminar con la anarquía.
Sin precedentes detención de líder de la CTM en Oaxaca; cero impunidad aseguran autoridades
Después de más de diez años de impunidad y encubrimiento por parte de funcionarios estatales y federales, las autoridades de justicia del estado detuvieron al presunto jefe de los cárteles de Oaxaca, Marco Antonio Sánchez Cruz, secretario de Finanzas de la Confederación de Trabajadores de México (CTM).
Según fuentes hemerográficas, dicho personaje cuenta con más de 128 cuentas bancarias detectadas por las Unidad de Inteligencia de la Secretaría de Hacienda y de la Procuraduría General de la República (PGR), las cuales obtuvo gracias a la red de corrupción que montó para distribuir droga en camiones materialistas, mototaxistas, taxis, vehículos de carga y demás unidades de transporte agremiados a la CTM.
Asimismo, sobre la CTM pesan más de 200 asesinatos que han cometido sus integrantes en Oaxaca, de los cuales se ha podido librar, gracias al pago de sobornos que ha realizado por años a funcionarios de la PRG y de la Fiscalía local, a quienes también ha amenazado de muerte para que deje a sus agremiado seguir trabajando.
“Es lógico que al detener a un asesino de esta magnitud sus agremiados se movilicen y pretendan recurrir a la vía del chantaje y presión para que éste sea liberado, sin embargo, es de reconocer la determinación y el trabajo de los gobiernos para realizar tal acción, ya que Marco Sánchez operaba en escuelas, secundarias, preparatorias y universidades, es decir, la red que él y su grupo formaron estuvo operando por años en la total impunidad”, opinaron distintos sectores sociales.
Este personaje también sobornaba a diputados federales, locales, senadores, entre muchos otros servidores públicos, para que le dejarán libre el camino, no obstante ahora no contaba con la gran determinación del gobernador Alejandro Murat para poner un alto a la impunidad en el estado y detener a un dirigente del transporte, que había conseguido poder a base de sembrar el miedo y cometer innumerables abusos.
“Ahora la justicia se abre camino en un estado en el que en los últimos 10 años había sido hecha a un lado y burlada por distintas vías; ojalá que le apliquen todo el peso de la ley para acabar con chantajes y presiones”, aseguraron los entrevistados, quienes aplaudieron la decisión de las más altas autoridades.
alfredo_daguilar@hotmail.com director@revista-mujeres.com
@efektoaguila
