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#Opinión Por Alfredo Martínez de Aguilar
La descomposición económica, política y social, traducida en escandalosa corrupción e impunidad de gobernantes, servidores públicos y la mayoría de políticos, ha traído consigo el creciente hartazgo de los mexicanos en general y de los oaxaqueños en particular.
Esa es la razón que ante un Estado mexicano fallido y una entidad federativa fallida, como la oaxaqueña, a la población no queda de otra que hacerse justicia por propia mano. Es, efectivamente, una acción tumultuaria ilegal a todas luces y sumamente negativa.
No obstante, no deja de ser entendible, jamás justificable ante la angustiante desesperación de los oaxaqueños por el crecimiento de la delincuencia común y organizada. Así lo revelan dos casos de justicia por propia ocurridos en los últimos días en Miahuatlán y Matatlán.
De manera más que lamentable y dolorosa, el Gobierno de la República y los Gobiernos de los estados han renunciado a su obligación de respetar y hacer respetar el principio de autoridad, mediante el uso legítimo de la fuerza, que detenta el Estado como ejercicio monopólico.
La mañana del pasado martes 27 de septiembre, fue asesinado el Suplente del Agente Municipal de San Antonio Lalana, San Pablo Coatlán, Miahuatlán, Aristeo Cruz Baños, de 48 años de edad, por cuatro matones que se hicieron pasa por “ingenieros” de la constructora ICA.
Horas después, habitantes de San Antonio Lalana localizaron los cuerpos sin vida de los cuatro sujetos en las veredas del paraje El Basurero, perteneciente a la Agencia de Comitlán, San Pablo Coatlán, Miahuatlán, separados uno del otro de 50 a 100 metros aproximadamente.
Existe la presunción que pobladores de las Agencias de San Antonio Lalana, El Tamarindo y Comitlán, quienes se avocaron a la búsqueda de los responsables, podrían ser los probables responsables de la ejecución de los presuntos asesinos de su autoridad municipal suplente.
El siguiente caso de justicia por propia mano ocurrió durante la madrugada de este viernes en Santiago Matatlán, Tlacolula, cuando una persona fue quemada por un grupo de habitantes, presuntamente por intentar robar en un domicilio de ese municipio de los Valles Centrales.
Los hechos ocurrieron alrededor de las 4 de la mañana de este viernes, cuando un grupo de pobladores detuvo al presunto ladrón, de 45 años de edad, que intentó robar en una negociación, quienes le golpearon para después prenderle fuego a unos metros de la presidencia municipal.
De acuerdo con la declaración de algunos testigos, los pobladores no quisieron negociar la entrega del detenido y acordaron quemar al presunto ladrón, cuyo nombre se desconoce.
Los habitantes de Santiago Matatlán advirtieron a toda aquella persona que quiera cometer algún delito en ese municipio que será severamente castigado por la población, para sentar un precedente drástico, a fin de evitar que se continúe atentando contra sus pobladores.
Ambos casos son una llamada de atención a las autoridades responsables de la prevención, persecución y administración de justicia, Secretaría de Seguridad Pública, Fiscalía General del Estado y Tribunal Superior de Justicia, dependientes de los Poderes Ejecutivo y Judicial.
Ciertamente, es una tarea titánica, generalmente sin los recursos económicos, humanos y materiales suficientes y necesarios para hacer frente a tan enorme reto. Para nadie es desconocido que a éstas áreas vitales se les hace mendigar recursos para cumplir con su labor.
De ahí la exigencia, justa y necesaria, que al definir su Plan Estatal de Desarrollo y las acciones de los primeros Cien Días de Gobierno, el gobernador Alejandro Murat Hinojosa otorgue alta prioridad a la prevención, persecución e impartición de justicia, con recursos suficientes.
Ello requiere visión de estadista, es decir, de hombre de Estado, no de simple gobernante, común y corriente, porque es urgente e indispensable que Alejandro Murat piense y actúe en función de las nuevas generaciones y no solo en las próximas elecciones de 2018.
El próximo primero de diciembre Alejandro Murat recibirá un Estado fallido, cuyo tejido social está prácticamente destruido, por lo que la medida del éxito de su esperanzador gobierno será la mayor y mejor plataforma de lanzamiento hacia nuevas y mayores oportunidades políticas.
Es ocasión propicia, como lo propone Marcelino Miranda Añorve en su libro Reiventando la Política, convocar a un nuevo Pacto Social a todos los sectores mexicanos y oaxaqueños.
Urge a Oaxaca un Nuevo Pacto Social, un Reencuentro de los oaxaqueños, un gran Acuerdo de Gobernabilidad para el Desarrollo con Justicia, con el firme propósito de garantizar la gobernanza y la gobernabilidad.
Mucho ayudará a ello, decretar una Ley de Amnistía para liberar a los actores políticos que no hayan cometido delitos graves, como lo prevé en una de sus primeras acciones al inicio de su gobierno Alejandro Murat Hinojosa.
Indispensable es insistimos hacer un llamado a la inteligencia y mexicanidad de los jefes de las bandas del crimen organizado y a los capos de los cárteles del narcotráfico para frenar la brutal violencia.
¡No calienten la plaza! Porque en la guerra todos perdemos, sobre todo los inocentes, que están en el lugar y hora equivocados.
Igual llamado reiteramos a los grupos guerrilleros. La lucha armada está condenada al más rotundo fracaso. Necesitamos vivos a sus milicianos para luchar por la justicia social por la vía legal y pacífica. ¡México y Oaxaca no necesitan más muertos! ¡Les queremos vivos!
A unos y a otros les exigimos: ¡No hagan el juego al imperialismo yanqui y a sus cómplices en México y Oaxaca, porque al final éstos serán los únicos ganones!
Mucho daño nos ha hecho como nación la mentira y la simulación. Exijamos congruencia en el cumplimiento de los compromisos de campaña. Sólo de esta manera lograremos, pueblo y gobierno, reinventar y reconstruir la política en Oaxaca.
