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Opinión Por : Alfredo Martínez de Aguilar
Lamentable y doloroso que la reciente advertencia sobre el sombrío panorama que se cierne sobre los periodistas mexicanos y oaxaqueños, se cumpla y haga realidad. El tiempo nos da la razón.
Ello ocurrió, con motivo del inicio de la alianza estratégica nacional con los Clubes Primera Plana y de Periodistas de Antequera, y el Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores, Capítulo Oaxaca.
Sin ser aguafiestas ni agorero del desastre, durante la entrega de Reconocimientos nacionales a Felipe Sánchez, Luis Aquino y este columnista, alertamos sobre los graves riesgos que enfrentamos.
La tarde de pasado 13 de enero, en la ciudad de Nuevo Laredo, fue asesinado Carlos Domínguez, profesor y periodista independiente de Tamaulipas, informó la Red de Periodistas Desplazados.
El homicidio ocurrió cuando el periodista viajaba en su automóvil junto con su hija. El gobierno de Tamaulipas condenó el ataque del primer periodista asesinado en México en lo que va del año.
El crimen podría tener relación con su trabajo informativo, lo que será investigado por la Procuraduría General de Justicia del estado. Obligado es que lo haga, también, la FEADLE de la PGR.
El gobernador Francisco Cabeza de Vaca externó sus condolencias a los familiares del periodista y se comprometió con la comunidad periodística que el homicidio no quedará impune. Ojalá así sea.
“El Gobierno del Estado actuará de manera firme en contra de cualquier ataque a la libertad de expresión y el desempeño de comunicadores”, dijo el gobierno en un comunicado oficial.
El mismo viernes 13 Ángel Soriano Carrasco, integrante de la dirigencia nacional del Club Primera Plana y dirigente estatal del Club de Periodistas de Antequera sufrió un nuevo ataque a su patrimonio.
Por segunda ocasión abrieron el vehículo del periodista Ángel Soriano Carrasco, estacionado en la Calle de Fiallo, en pleno Centro Histórico. Ni policía ni cámaras de seguridad funcionan en esa zona.
En septiembre de 2015, fue desmantelada la casa del periodista Ángel Soriano Carrasco, en Santa Cruz Xoxocotlán y pese a que se hizo la denuncia correspondiente, nunca se investigó nada.
Su esposa fue asaltada en la primera calle de Flores Magón, a la salida del Mercado Benito Juárez, se denunciaron los hechos y tampoco hubo interés por investigar el caso, menos detener a los probables responsables.
El pasado viernes 13, poco después de las 14:00 horas el periodista estacionó su vehículo Sentra negro en la calle de Fiallo, entre Hidalgo y Guerrero; cuando regresó después de las 18:00 horas, notó que la puerta del conductor había sido forzada con un desarmador y sustraído del interior un portafolios con documentos y tarjetas bancarias, tres cheques de la sociedad civil Promoción Cultural Oaxaqueña, S.C. e identificaciones personales.
Los documentos estaban en el portafolio bajo el asiento del conductor, luego de hacer trámites en sucursales bancarias, por lo cual llevaba tarjetas e identificaciones.
Esta es la segunda ocasión que abren el vehículo en el mismo lugar, dado que es su costumbre caminar y realizar sus actividades en el Centro Histórico de la ciudad y siempre lo había hecho con absoluta confianza en la ciudad de Oaxaca.
Lo extraño del caso es que los delincuentes operan con absoluta liberad y, por lo que se sabe, no hay muchos afectados, no denuncian los casos, o la policía deja a los delincuentes trabajar con tranquilidad.
Dado que ya son cuatro los casos ocurridos en su persona, Ángel Soriano Carrasco, presidente del Club de Periodistas de Antequera, A.C. pide se investigue a la misma policía encargada del área pues es increíble que no sepa que ocurre en sus alrededores.
Aun cuando se cancelaron las tarjetas y los cheques, los delincuentes podrían ser captados por las cámaras de las cajas de las sucursales de Bancomer o Banorte y cotejarlas con las de seguridad, si es que funcionan, en el Centro Histórico, pero es mucho pedir a la policía, dijo.
En estos dos casos como en todos elevamos nuestra más enérgica voz de condena y demandamos al Gobierno Federal y a los Gobiernos estatales que apliquen todo el peso de la ley, para que se haga justicia a los periodistas victimados y los delitos no queden impunes como hasta ahora.
Según la organización Article 19, en 2017, cada 15.7 horas fue agredido un periodista en México, siendo los funcionarios públicos en el 50% de los casos los principales responsables de los ataques.
La organización documentó 276 agresiones contra la prensa, incluyendo 6 periodistas asesinados y uno más desaparecido. Las cifras representan un incremento del 23% respecto a las 218 registradas durante el primer semestre del 2016.
La organización, dedicada a la defensa de libertad de expresión, destaca los asesinatos de las y los periodistas Cecilio Pineda, Ricardo Monlui, Miroslava Brach, Maximino Rodríguez, Javier Valdez y Jonathan Rodríguez, atacados con armas de fuego y a plena luz del día.
También se documentaron 3 tentativas de asesinato a Sonia Córdova, Julio Omar Gómez, y a un periodista del cual se reserva su identidad.
En el segundo semestre de 2017, Article 19 había documentado dos asesinatos de periodistas: el de Edwin Rivera, periodista migrante, ocurrido el 9 de julio en Acayucan, Veracruz; y el de Luciano Rivera, ocurrido el 31 de julio en Playas de Rosarito, Baja California.
En total, en lo que va del año, la organización ha contabilizado 8 asesinatos de periodistas.
En el caso de Salvador Adame, director de Canal 6Tv, Article 19 lo considera desaparecido, después de que un grupo de hombres armados y encapuchados se lo llevara el 18 de mayo de 2017, del municipio de Múgica, Michoacán.
La organización no reconoce la versión de la Procuraduría de Justicia de Michoacán, del pasado 26 de junio, en el sentido que los restos humanos de Adame fueron ubicados en estado de calcinación, en un sitio conocido como Barranca del Diablo.
La familia del periodista, agregó, se ha enfrentado a situaciones de revictimización durante la investigación, particularmente la renuencia de las autoridades ministeriales de priorizar el trabajo de Adame como principal línea de investigación, para aclarar el crimen.
De acuerdo con la documentación de Article 19, las agresiones más constantes en 2017, son los actos de intimidación, amenazas de muerte, de daño físico y 3 de ellas realizadas con armas de fuego o explosivos, y ataques físicos o materiales.
Respecto a las agresiones físicas, las lesiones de periodistas fueron presuntamente cometidas por funcionarios públicos o integrantes de partidos políticos. Además se registraron 2 atropellamientos a periodistas.
Se registraron 9 allanamientos a oficinas de medios de comunicación, y a domicilios de periodistas. Nuevamente, la Ciudad de México encabezó la lista de allanamientos, con el 44% de los casos.
También fueron registradas 11 retenciones ilegales, y 17 detenciones arbitrarias. Destaca el caso de Rubén Pat, director del semanario Playa News, quien fue detenido arbitrariamente, amenazado y torturado por policías municipales de Solidaridad, Quintana Roo.
Un dato documentado por la organización en el periodo señalado, es el desplazamiento forzado de 7 periodistas, quienes tuvieron que huir de sus estados ante las agresiones en su contra.
“Esto es un indicador claro de que el riesgo constante y la falta de capacidad del Estado de protección son factores decisivos para que un periodista abandone su lugar de origen o residencia”.
Con motivo de las elecciones celebradas este año, Article 19 detectó que hubo un repunte de las agresiones contra la prensa, en 4 entidades del país.
En Coahuila, donde hubo elecciones a gobernador, se registró un incremento de agresiones del 325%. Esa entidad ahora ocupa el tercer lugar con más agresiones contra la prensa, tan sólo por debajo de la Ciudad de México y Veracruz (ambos con 28 agresiones registradas).
Después de la activación de la Red #RompeelMiedo, para documentar agresiones durante el proceso electoral en Coahuila, Estado de México, Nayarit y Veracruz,
Article 19 documentó 37 ataques en esos sitios, 19 el día de las elecciones.
Coahuila y Estado de México concentraron la mayoría de estas agresiones, con 15 y 13, respectivamente.
En su mayoría las agresiones fueron cometidas por funcionarios públicos, e integrantes de partidos políticos, de acuerdo con el testimonio de las víctimas.
También se identificó que fueron cometidas por integrantes o simpatizantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), y del Partido Acción Nacional (PAN).
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