Lo peor de todo es que, negociada o no la alternancia con el PRI para que éste recuperara el poder con Alejandro Murat, todo parece indicar que el ex gobernador más corrupto en la historia de Oaxaca, seguirá completamente impune.
Al culminar el segundo periodo ordinario de sesiones del ejercicio legal del segundo y último año de funciones de la LXIII Legislatura, el Juicio Político contra el ex gobernador, se quedó en la congeladora de la Comisión Instructora que preside la diputada de Morena, María de Jesús Melgar Vázquez.
La Comisión Permanente Instructora está integrada por la diputada María de Jesús Melgar Vásquez (Morena), María Mercedes Rojas Saldaña (PRI) y Tomas Basaldú (PRD), así como por los diputados, Juan Mendoza Reyes (PAN) y Juan Bautista Olivera (PT).
Por su parte, Jorge Emilio Iruegas Álvarez, Fiscal Anticorrupción de Oaxaca, reveló que en ese órgano se han dado casos de fuga de información y sustracción de datos confidenciales, con el objetivo de alertar a los políticos que poseen acusaciones graves de corrupción y malversación de recursos.
El juicio político contra el ex gobernador de Oaxaca, que llegó al poder bajo la coalición PRD, PAN, MC, PT y con el apoyo de muchos de los hoy dirigentes, diputados y alcaldes de Morena, inició el 3 de mayo de 2017, tras la demanda interpuesta por el ex vicegobernador de Cué Monteagudo, hoy diputado federal del PT, Benjamín Robles.
El ex priista, ex convergente, ex perredista, hoy petista-morenista, Robles Montoya, acusa a su ex amigo, jefe y cómplice, de un presunto desvío por más de 30 mil millones de pesos, destinados a obras de infraestructura, salud, educación y compra de medicamentos.
Una de las más peligrosas “bombas de tiempo” que dejó sembradas en el Estado Gabino Cué, es el creciente déficit por el pago por el concepto del 2% de apoyo del Gobierno del Estado a los trabajadores de la UABJO de manera mensual.
En mayo de 2016, según Oficio RTSF/011/2016 enviado por el rector Eduardo Carlos Bautista Martínez al Secretario de Finanzas, Enrique Arnaud Viñas, el déficit del apoyo pactado entre la UABJO y el Gobierno del Estado desde 1991, sumaba hasta 2003 un total de 88 millones 740 mil 075.07 pesos.
“La Universidad ya no está en condiciones de seguir cubriendo este concepto a los trabajadores, lo cual en el peor de los escenarios ocasionaría un grave conflicto laboral que podría desestabilizar la vida social del Estado”, advierte el rector de la UABJO.
Importante es aclarar que el recurso es parte del subsidio, pero cuando la UABJO y el gobierno lo pactaron, lo tomaron del subsidio, a pesar que ese recurso debería ser pagado de los fondos del gobierno, lo que no se hizo para dejar al gobierno de Murat una “bomba de tiempo”.
Diputados del PRD, PAN, PRI y Morena, confesaron que la diputada María de Jesús Melgar Vásquez, no los ha podido reunir para presentar el dictamen y difícilmente irán a una sesión extraordinaria para determinar la sanción al ex gobernador, por las presuntas posiciones políticas de la diputada de Morena.
Jaime Guerrero, informó que según los dichos de Melgar Vázquez, el retraso en el procedimiento contra Cué Monteagudo, es de los diputados del PRI, a quienes acusó de no participar.
“El único que no ha intervenido en este asunto ha sido el PRI, que no han firmado los documentos, el PAN ha firmado, el PT ya, el PRD y nosotros como Morena, falta el PRI, en este proceso el PRI no participó”, acusó.
La Coordinadora de la Fracción Parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI), María de las Nieves García Fernández, aclaró que el juicio político es para sancionar administrativamente, el fuero es para que procedan por la vía penal contra funcionarios.
“El caso de Gabino Cué, ésta en manos de la Comisión Permanente Instructora del Congreso del Estado, en donde el procedimiento continúa su curso para determinar su grado de responsabilidad y con ello su inhabilitación y probable consignación a la Fiscalía General del Estado”, explicó.
Sostuvo que el procedimiento de juicio político al ex gobernador, seguirá su curso hasta sus últimas consecuencias. El proceso fenece el próximo mes de diciembre.
La LXIII Legislatura local, reformó la Constitución del Estado, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, el Código Penal y el Código Fiscal que pueden imponer hasta 30 años de cárcel en Oaxaca, por lavado de dinero, desvíos de recursos y bienes de funcionaros podrán ser incautados.
Aun cuando la Ley de Extinción de Dominio, no tiene efectos retroactivos, lo cierto es que su aprobación no deja de ser sumamente trascendente para combatir la corrupción en Oaxaca, toda vez que duele más un golpe en la bolsa que en salva sea la parte.
Todos los servidores públicos de la Unidad deberán someterse a la certificación de control de confianza a la que se refiere la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública,
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