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Por Alfredo Martínez de Aguilar
* No se puede pasar por alto, por ejemplo, que el origen real de la brutal violencia en la zona triqui es resultado del cultivo de amapola y trasiego de goma de opio y quizás de heroína hacia Estados Unidos, así como del intenso tráfico de armas de alto poder y de niñas.
* Perversamente, los triquis se envuelven en la bandera de la autonomía indígena y amparados en los Tratados internacionales firmados por México, como el Convenio 169, denuncian la violación de derechos humanos para obtener medidas cautelares de la CIDH.
Bienvenido el Programa de Paz con Justicia y Bienestar para el Pueblo de Oaxaca que en próximos días presentará el Gobernador Salomón Jara Cruz, anunciado con bombo y platillos en redes sociales.
El programa impulsará los Semilleros de Paz en todo el territorio para construir la gobernabilidad y la estabilidad social que permita el desarrollo de todos los pueblos y comunidades de la entidad.
Como es lógico y natural, por obvias razones corresponderá al Mandatario Estatal brindar más detalles, sin embargo, a nuestro juicio, el escueto adelanto es sumamente trascendente y trascendental.
Y lo es a la luz de la orgía de sangre provocada por la creciente inseguridad y violencia con persecución de vehículos a balazos a plena luz del día en concurridas zonas comerciales como Plaza del Valle.
Sin ser aguafiestas, obligado es insistir en la imperiosa necesidad de reforzar el trabajo de inteligencia, con el apoyo del gabinete de seguridad nacional del gobierno federal, no solo de investigación policíaca.
Sin la coordinación de las dependencias responsables de la seguridad de los tres órdenes de gobierno, no será posible mantener actualizada en tiempo real la Agenda Estatal de Riesgos en Seguridad.
Solo el trabajo de inteligencia actualizada y la estrecha coordinación federal, estatal y municipal, permitirá perfeccionar el diagnóstico estatal delincuencial, a partir de la radiografía de la realidad.
Definir “focos rojos” del mapa delictivo en Oaxaca y los grupos delincuenciales, públicos y clandestinos que operan en el estado, llevará a reorientar de manera necesaria el enfoque en su tratamiento.
A menos que haya omisión, negligencia y complicidad de las autoridades de los gabinetes de seguridad federal y estatal, la falta de un diagnóstico real de las causas de la inseguridad y violencia detona esta.
No se puede pasar por alto, por ejemplo, que el origen real de la brutal violencia en la zona triqui es resultado del cultivo de amapola y trasiego de goma de opio, del intenso tráfico de armas y de niñas.
De nada ha servido que las agencias de seguridad nacional y estadunidenses cuenten con el diagnóstico y la radiografía precisa sobre el tráfico de goma de opio y quizás de heroína hacia Estados Unidos.
Asimismo, tienen definidas las rutas del tráfico “hormiga” de armas, especialmente fusiles de asalto, provenientes particularmente de Nueva York, metrópoli en la que residen los operadores triquis.
El Ejército Mexicano ha acusado al pueblo triqui de sembrar amapola y traficar armas ilegalmente al menos desde los 90. Sin embargo, ladinamente no se identifican como parte del crimen organizado.
Asesorados por personajes ajenos a su etnia, no oaxaqueños, a pesar de su exacerbado regionalismo, los triquis acusan como pretexto a las instituciones de seguridad de usar esta excusa para militarizarlos.
Perversamente, se envuelven en la bandera indígena y denuncian que se busca acabar con su autonomía como pueblo originario: un derecho a autogobernarse que reclaman desde hace 30 años.
De esta manera, amparados en los Tratados internacionales firmados por México, como el Convenio 169, denuncian la violación de derechos humanos para obtener medidas cautelares de la CIDH.
Entrenados por la narcoguerrilla, mujeres y niños indígenas triquis, armadas con palos y machetes, forman frecuentemente escudo humano para evitar que el Ejército destruya los plantíos de amapola.
En consecuencia, todos los planes fracasarán, mientras no se redireccionen los esfuerzos para construir la paz con justicia y dignidad, a partir de esta cruel realidad, que ha provocado más de mil muertes.
A ocho meses de su inicio, fracasó la construcción del Nuevo Pacto Social para la Convivencia Pacífica y Segura en la zona Triqui, porque no incluyó a los poderes fácticos de la Iglesia y la narcoguerrilla.
Obligada y necesariamente se tiene que negociar con los brazos políticos de una y otra: los sacerdotes seguidores de la teología de la liberación y los dirigentes de organizaciones sociales radicales. Al tiempo.
alfredo_daguilar@hotmail.com
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