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#Opinión Por:Rosy RAMALES
Un día a alguien se le ocurrió homologar el procedimiento de elección de los magistrados de los Tribunales Estatales Electorales, según para evitar la partidización y la injerencia de los poderes locales en tales órganos jurisdiccionales. Buena idea, claro, y la llevaron a la ley en la reforma electoral del 2014.
Pero nunca fue buena idea que la elección de los magistrados electorales locales haya quedado a cargo del Senado de la República, donde por su misma naturaleza todo partidizan, enredan, politizan y hasta corrompen. Ahí está el caso de la selección del Fiscal Anticorrupción del país; los senadores no lo han electo por falta de consensos y porque esperan el ánimo que produzcan los resultados de la elección a la gubernatura del Estado de México.
En fin, que ya no es en los Congresos locales donde eligen a los magistrados electorales estatales, sino mediante el nuevo procedimiento el Senado emite una convocatoria amplia, se inscriben quienes consideran reunir los requisitos y quedan aquellas personas vinculadas de algún modo a filiaciones políticas, senadores o poderes fácticos, con sus honrosas excepciones.
Ja. Y ya saben, lo clásico: Los senadores entrevistan a los aspirantes a magistrados electorales locales, así como queriendo dar legitimidad a la elección. Y uno se pregunta, ¿y cómo para qué los entrevistan, si hay legisladores neófitos en materia electoral jurisdiccional? ¿Acaso solo preguntan “a qué horas salen por el pan”? ¿O la cita tiene el propósito de saber hasta dónde los aspirantes son capaces de comprometerse con quién los apadrine?
El caso es que bajo un procedimiento homologado fueron renovados los tribunales electorales locales. A la luz del tiempo es necesario preguntar: ¿Funciona la autonomía que les otorgaron en teoría? ¿Se manejan con transparencia? ¿En serio en la elección de los magistrados ninguna fuerza local influyó? Etc.
Francamente casi nada cambió. Por el contrario, el órgano jurisdiccional electoral agravó en algunas entidades federativas, pues los senadores seleccionaron a los magistrados en base a criterios de afinidad política. Y así en la integración prevalecen uno afín a intereses del PRI, otro proclive al PAN y uno más con tendencia PRD, PT o Morena, según el peso de los senadores miembros de la Junta de Coordinación Política.
Claro, habrá excepciones, pero serán mínimas.
Para muestra, un botón: El TEEO
El dos de octubre del 2014, la Cámara de Senadores eligió magistrados electorales locales de 17 entidades federativas en base a las disposiciones de la nueva Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE) y las normas locales correspondientes. Pero en ese primer paquete quedó pendiente Oaxaca.
¿Por qué? Porque a esa fecha, la Legislatura oaxaqueña no había hecho las modificaciones legales para determinar la nueva configuración del Tribunal Electoral: Si serían tres o cinco los magistrados que lo integrarían.
En esa ocasión, los senadores David Monreal Ávila y Manuel Bartlett Díaz, ambos del PT, advirtieron el error político en el procedimiento electivo.
David Monreal dijo que con tales nombramientos se daba “un retroceso en la vida democrática de nuestro país” dejando pasar una oportunidad para empoderar al ciudadano en los órganos encargados de impartir justicia electoral. Y Barttlet dijo que las principales fuerzas políticas se dividieron el pastel según sus intereses.
Y exactamente ocurrió así.
Los magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca fueron electos a finales del 2015, y no fue la excepción. Los senadores eligieron a los siguientes Licenciados en Derecho: Raymundo Wilfrido López Vázquez de tendencia de izquierda; Víctor Manuel Jiménez Viloria proclive al panismo, y a Miguel Ángel Carballido Díaz, identificado con personajes priistas.
López Vázquez y Jiménez Viloria fungieron como consejeros electorales del instituto local en distintos periodos; éste último, incluso, ya no terminó el periodo para el cual había sido electo consejero porque justo se produjo la reforma electoral del 2014 originándose el cambio de modelo.
Por cierto, Jiménez Viloria en su momento impugnó y solicitó indemnización. Y en eso estaba cuando el Senado al fin eligió a tres magistrados para el Tribunal Electoral de Oaxaca, entre ellos él, a quien además el pleno de este órgano lo designa como magistrado presidente por un periodo de tres años.
Jiménez Viloria solamente duró dos meses y fracción en el cargo de Magistrado Presidente, de diciembre del 2015 al ocho de febrero del 2016. El pleno (conformado por los otros dos magistrados) en una sesión secreta aprobó removerlo porque se había negado proporcionar información sobre el programa operativo anual y la nómina, y porque no había realizado la gestión oportuna del presupuesto del Tribunal Electora. Eso según se dijo en ese momento.
El caso es que el fondo del asunto fue el manejo financiero. Y en sustitución de Jiménez Viloria, el pleno eligió a Raymundo Wilfrido López Vázquez como nuevo presidente del TEEO, quien duró un poco más en el cargo: 1 año y fracción, de febrero del 2016 a mayo del 2017.
El viernes pasado, también le dieron golpe de estado bajo el argumento de existir una solicitud de trabajadores del Tribunal Electoral pidiendo su destitución, pues lesionó derechos laborales.
Y en plena sesión, el magistrado depuesto acusó a Jiménez Viloria de pedirle un millón de pesos mensuales para sostenerlo en el cargo de presidente. Además, en medios locales lo señaló de quedarse con bonos de más de 200 mil pesos, lo mismo que Carballido Díaz.
Ups. Entonces, ¿el fondo del conflicto en el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca sigue siendo el manejo de los recursos? Caray, con qué calidad moral juzgan entonces. Incluso, existen versiones internas sobre evidencias de corrupción y de diversas situaciones anómalas como, por ejemplo, acoso a trabajadoras y nombramiento en cargos de parejas sentimentales.
¿Por parte de qué magistrados? Eso sí tendrían que decirlo las personas perjudicadas ante las autoridades correspondientes.
Pero tan solo el cambio repentino y constante en la presidencia del TEEO amerita una investigación a fondo y quizá hasta la remoción de los tres magistrados electorales. No es normal, que en alrededor de año y medio, el órgano jurisdiccional haya tenido ya tres presidentes, con dos sustituciones entre acusaciones de corrupción.
¿Y quién deben revisar el caso del TEEO? No hay reglas claras. Pero el mismo Senado de la República puede removerlos.
Ah…hay un dato curioso: Se aproxima el proceso electoral local para las elecciones de diputados locales y concejales a los ayuntamientos del 2018, y ahora en la presidencia del Tribunal Electoral de Oaxaca queda un magistrado afín al PRI… más bien, al actual presidente municipal de la capital oaxaqueña, José Antonio Hernández Fraguas.
¿Es casualidad entonces el golpe de estado en el TEEO?
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Correo: rosyrama@hotmail.com
