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Opinión por Rosy Ramales
¿Cómo define la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al INE? De la siguiente manera, en el artículo 41:
“El Instituto Nacional Electoral (INE) es un organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordene la ley…”
Y agrega: “El Instituto Nacional Electoral será autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento, y profesional en su desempeño…”
Entonces, el consejero presidente Lorenzo Córdova Vianello tiene razón al reclamar y defender la autonomía del INE. Sin embargo, ésta no es absoluta; más bien se entiende en términos de autodeterminación a partir de lo que cuenta.
Y en materia presupuestal es a partir de los montos y de los límites aprobados por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, si no ¿qué caso tendría determinar el Presupuesto de Egresos de la Federación? Incluso, existe la prohibición de cualquier percepción al margen de la ley.
Por lo tanto, el coordinador de los diputados federales de Morena, Mario Delgado Carrillo, también tiene razón cuando considera que el INE “está desafiando” un decreto de la Cámara Baja al darle la vuelta para que consejeras y consejeros del Consejo General ganen más que el mandatario federal.
“No les gustó los salarios que aprobamos en el decreto de Presupuesto de Egresos (2020) y, ellos, en su manual de percepciones se incrementaron para ganar más que el Presidente de la República. Esto lo hicieron, incluso, antes de que la Corte les pudiera dar alguna suspensión”, dijo Mario Delgado.
Y anunció que este jueves la Cámara de Diputados determinará si presenta una demanda de controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra del ajuste salarial que se hicieron los consejeros.
A ver si es cierto, pues aunque la Mesa Directiva diera a conocer con antelación, en la Gaceta Parlamentaria, el proyecto de demanda de controversia constitucional relativa al Manual de Remuneraciones del INE para el Ejercicio 2020, siempre existe la posibilidad política de bajar el asunto.
¿Se tratará de un amago, de una presión tamaño pata de elefante para arrinconar a las y los consejeros del Consejo General y no tengan más remedio que rendirse?
Independientemente de la razón jurídica que pueda tener la Cámara de Diputados para la presentación de la controversia constitucional, es evidente que los morenistas están enojados por decisiones del Consejo General como la reelección de Edmundo Jacobo Molina como Secretario Ejecutivo del INE.
Sí, las intenciones están muy claras: Los morenistas pretenden apoderarse del Instituto (¿o en verdad quieren garantizar los principios rectores de la función electoral: la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad?); y la oposición (PRI, PAN y PRD) vía sus consejeros se resisten defendiendo la autonomía e independencia del INE (¿o éstos solo se cuidan las espaldas y protegen sus canonjías?).
Como sea, consejeras y consejeros “se han puesto de pechito”; en el último trecho han faltado en exceso al profesionalismo que constitucionalmente les es exigido. Vaya, no es profesional quien maniobra ordenamientos legales para aumentarse un sueldo al margen de la ley y además exagerado.
Así que han dado razones de sobra para que los morenistas anden cazando a consejeras y consejeros.
Por cierto, a principios de abril próximo concluye el periodo para el que fueron electos como consejeros y consejera electorales del Consejo General Marco Antonio Baños Martínez, Benito Nacif Hernández, Enrique Andrade González y Pamela San Martín Ríos y Valles.
¿Les darán una indemnización? ¿Compensación? ¿Liquidación?
Suele ocurrir en la función electoral que cuando concluye el periodo de personas designadas en consejerías o magistraturas se dan una especie de liquidación como si fuesen obreros despedidos. Y en ocasiones son liquidaciones millonarias.
No se descarte entonces que sea parte de las razones del pleito.
En fin, ya decidirá la Corte; en su caso, pues también falta ver si la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión efectivamente “no se queda con los brazos cruzados ante un organismo autónomo, que se pasa por el arco del triunfo el decreto del Presupuesto de Egresos donde se marcan los sueldos y salarios que deberían tener”, como lo advirtió Mario Delgado.
Los mismos consejeros se echaron la soga al cuello, salvo que la Corte les dé la razón. Pero se han arriesgado hasta el juicio político.
