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Opinión por Rosy RAMALES
Previo al 01 de julio, había serias dudas sobre si el Instituto Nacional Electoral (INE) podría sacar exitosamente las elecciones más complejas de la historia de nuestros país: Concurrentes (federales y 31 locales) con elección presidencial y altamente competidas.
2018 sería la prueba de fuego del INE a pesar de su creación como tal en 2014 vía una reforma electoral de avanzada que también creó un entramado jurídico de aplicación General, cuyas normas, por cierto, terminarían de probarse precisamente ahora.
Fue un cambio de modelo electoral, impulsado sobre todo por la oposición al PRI: La izquierda y la derecha, que siempre se quejaron de normas favorecedoras a los priistas, de autoridades electorales proclives a los gobernantes en turno, y de endeble fiscalización a los partidos políticos.
El rediseño electoral cambió todo. Y en materia de fiscalización amplió las facultades de la autoridad electoral administrativa, incluso permitiendo la intervención de ciertos secretos bancarios. El propósito es o era impedir el flujo de recursos de procedencia ilícita en partidos y campañas, y además garantizar juego limpio y equitativo.
Incluso, Andrés Manuel López Obrador y su partido Morena siempre exigieron autoridades electorales garantes de los principios rectores: Imparcialidad, independencia, objetividad, certeza, legalidad y máxima publicidad. Entonces ¿por qué ahora no respetan al INE?
En cuanto a la elección, el INE pasó la prueba de fuego. No hubo problemas con las boletas electorales, ni acusaciones de fraude, ni deficiencias mayúsculas en la ubicación e instalación de las mesas directivas de casilla, ni en la capacitación de los funcionarios de las mismas, tampoco en los capacitadores.
Además, el conteo rápido salió bien a pesar de prácticamente haber inventado un procedimiento con tal de tener contento al “tigre” de Morena.
Así, AMLO resultó electo en la jornada electoral mejor organizada, más limpia y más pacífica de la historia electoral del país. La autoridad electoral cumplió con su parte y el presidenciable puso la alta concurrencia en las urnas electorales.
Y si el tabasqueño de algo tuviera que acusar a las consejeras y consejeros del Consejo General del INE, es de exceso de tolerancia con él. Por ejemplo, en su adelantada campaña a la Presidencia de la República y en romper la prohibición del precandidato único de hacer actos proselitistas. Claro, como se saltó a la autoridad, ésta también dejó libre al resto de los presidenciables.
En ese contexto, resulta inaudita la descalificación de AMLO al INE solamente porque las consejeras y consejeros sancionaron a Morena con una multa de más de 197 millones de pesos “por la constitución de un fideicomiso para allegarse de recursos como un mecanismo de financiamiento alterno a las reglas establecidas respecto al financiamiento privado en la ley”.
Y eso, dice el virtual Presidente Electo, es una “venganza”, un “complot”. Ups. Imagínense, cuando, incluso, la autoridad electoral fue tolerante con Morena y con él al haber resuelto la sanción después de la jornada electoral, sobre el irregular Fideicomiso “Por los demás”.
¡A toro pasado! La sanción no le tira el triunfo.
El que sí pinta para vengativo es el próximo partido en el poder; vía su representante ante el Consejo General del INE mandó el mensajito de enjuiciar políticamente a consejeras y consejeros, incluyendo a los proclives a la izquierda como Pamela Sanmartín y Ciro Murayama.
Cría partidos y te sacarán del Instituto.
La misma praxis priista de mandar a todo mundo a hablar bien de lo irregular. Obvio, ya salió el comité a hablar bien del Fideicomiso. Miren, el problema no es la entrega de los recursos a favor de los damnificados, sino la fuente de financiamiento del Fideicomiso y la operación del mismo.
El INE no se excedió en sus facultades al revisar el Fideicomiso, cuya creación fue aprobada por el Consejo Nacional Extraordinario de Morena el 23 de septiembre pasado; entonces partido y fiduciarios están vinculados. Además, las atribuciones del Instituto alcanzan para sancionar, incluso, a particulares.
En esta triste historia que le quita bonos democráticos a Morena y AMLO hay signos muy graves y peligrosos para las instituciones y para el país, como los tres siguientes, por citar algunos:
Falta de respeto a las leyes, lo cual amenaza al Estado de Derecho.
Falta de respeto al trabajo de las instituciones, con el riego de una regresión a los tiempos de cuando la Comisión Electoral era presidida por el Secretario de Gobernación.
Uso indiscriminado electoral del financiamiento público y privado de los partidos políticos.
Y en esta último punto, AMLO debe explicar en qué consiste eso de que va a “liberar” los recursos de Morena y demás partidos políticos.
¿Quiere decir recorte al financiamiento público? ¿O uso de éste para cualquier fin cuyo fin último sea el electoral?
Por lo pronto a AMLO le ha dado por actuar como “jefe político” de Morena, antes que como virtual Presidente Electo.
