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Opinión por Rosy RAMALES
Sienta mal precedente el que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) haya revocado la multa por 197 millones de pesos impuesta a Morena por el Consejo General del INE por las irregularidades en el fideicomiso “Por los demás”.
Ese creado según para ayudar a los damnificados, sin fines electorales. ¿En serio? Pero justo se creó cuando iniciaba el Proceso Electoral 2017-2018. Los grandes sismos del mes de septiembre del año pasado, quedaron como anillo al dedo.
Claro, Morena no fue el único partido político que usó electoralmente a los damnificados de las entidades afectadas con los movimientos telúricos, principalmente Oaxaca y la Ciudad de México. En realidad casi todo los partidos intentaron sacar raja electoral.
Por ejemplo, el PRI lo hizo desde los distintos órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal) vía los programas institucionales y la ayuda humanitaria. Y como la ley no prohíbe la propaganda gubernamental tratándose de la protección civil, pues los priistas se dieron vuelo.
Y los demás partidos políticos también hicieron su luchita con el proselitismo a costa de los damnificados. Incluso, todos, con excepción de Morena, cedieron parte de su financiamiento público para destinarlo a las personas afectadas por los sismos.
Pero hasta donde se sabe la ruta fue la siguiente: Devolvieron el dinero a la Tesorería de la Federación, la cual a su vez canalizaría los recursos a los damnificados.
Los partidos políticos no podían entregar de manera directa a las personas afectadas por los sismos los recursos económicos provenientes de su financiamiento público porque éste por mandato legal no puede destinarse a fines distintos.
Sin embargo, Morena recurrió a otra vía: Creó el fideicomiso “Por los demás” como un mecanismo de financiamiento paralelo. Claro, lo negaron rotundamente tanto la líder del partido Yeidckol Polevnskcomo el hoy Presidente Electo, Andrés Manuel López Obrador.
Como dice la vox populi, “pegaron el grito en el cielo”. Quien sabe si para guardar las apariencias al sentirse descubiertos o porque creyeron que las irregularidades detectadas por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) acarrearía la consecuencia de la nulidad de la elección.
Sin embargo, fue tan abismal la diferencia entre el primero y el segundo lugar, que no daba lugar a la actualización de la correspondiente hipótesis constitucional.
Además, las y los consejeros electorales del Consejo General del INE fueron tan, pero tan, consentidores con Morena y con AMLO que resolvieron el procedimiento sancionador hasta después de la jornada electoral. Entonces tampoco tuvo impacto en el ánimo del electorado.
En fin, en un asunto tan relevante era de esperarse que la Sala Superior del TEPJF confirmara la multa impuesta a Morena por parte del Consejo General del INE, donde hasta las consejeras y los consejeros proclives a AMLO aprobaron la sanción ante las irregularidades detectadas en la creación y operación del fideicomiso.
La autoridad electoral administrativa, que casi siempre se mostró complaciente con AMLO, al final solamente quiso aplicar la ley como corresponde. Sin embargo, la Sala Superior le dio revés.
Y eso que López Obrador cuando recibió su constancia de mayoría como Presidente Electo, en su mensaje prometió que no se entrometería en las decisiones de los órganos electorales.
¿Entenderían al revés las y los magistrados electorales? ¿O en verdad fue contraria a Derecho la resolución del Consejo General del INE al multar a Morena? (y no le dolería tanto la sanción, sino la imagen con eso de que los morenistas se creen personas inmaculadas)
En fin, que la Sala Superior consideró “que la investigación realizada por el INE no fue exhaustiva, porque no se agotó la línea de investigación”.
El Pleno de la Sala señaló “que las diligencias realizadas por la autoridad no fueron suficientes, ya que no derivaron en una investigación integral de los hechos. En particular, la autoridad debió haber solicitado la colaboración de las instituciones hacendarias y bancarias, así como instaurar procedimientos sancionadores correspondientes, para determinar la identidad de los aportantes al fideicomiso.”
Sin embargo, las y los consejeros electorales defendieron su resolución, aunque sin más remedio que aceptar la revocación de la Sala Superior del TEPJF, pues es la última instancia.
Por ejemplo, el consejero Marco Antonio Baños aseguró que la investigación fue exhaustiva y no tuvo alguna intencionalidad política con el partido o con el Presidente Electo.
No obstante, estimó que al revocar la, se puede sentar un mal precedente en materia de fiscalización a los partidos políticos.
Y bueno, la Sala Superior reconoció la facultad del INE para fiscalizar los recursos públicos y privados que recibe un partido político, por lo cual “tiene competencia formal para investigar hechos relacionados con un fideicomiso cuando existan elementos que hagan presumir que el contrato está siendo utilizado para evadir el cumplimiento de las disposiciones que rigen el financiamiento de los partidos”.
Pero, según la Sala la investigación realizada por el INE no fue exhaustiva.
¿Qué tal? El TEPJF sienta mal precedente, al rato los partidos usarán el financiamiento como les venga en gana, además creando mecanismos paralelos.
Y lo peor, se pone en riesgo la independencia e imparcialidad de las autoridades electorales, como en los mejores tiempos del autoritarismo priista.
