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Comunicado
Por donde se vea, la ampliación del periodo del gobernador del estado de Baja California es absolutamente inconstitucional. Y un acto que evidencia total corrupción, inmoralidad y rompe con el Pacto Federal.
La sujeción de las entidades federativas a dicho Pacto se ordena claramente en el artículo 41 constitucional, que establece:
“El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados y la Ciudad de México, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de cada Estado y de la Ciudad de México, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal”.
Y esas estitulaciones son las disposiciones de la Constitución Política General, en cuyo artículo 116 establece para los estados la misma división del poder público en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, para su ejercicio.
Precisamente en virtud del Pacto Federal también en las entidades federativas, la renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo “se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas”.
¡Pe-rió-di-cas! O sea, cada determinado tiempo, pero no cuando se le antonje a los legisladores, a un gobernador electo o al partido político dominante, sino en los plazos esteblecidos en la Constitución.
Y las personas electas a cargos de elección popular durarán el periodo ordenado en la Carta Magna (federal o local, según sea el caso), establecido previo a los comicios en los cuales competirán para ser electos por voto universal, libre, directo, secreto, personal e intransferible; es decir, democráticamente.
Entonces, un Congreso Local no puede ampliar el periodo de un gobernador si no es previo a los comicios y sin exceder de la duración constitucional.
Por tanto, la ampliación del periodo del mandatario de Baja California, de dos a cinco años, aprobada como un saco a la medida para el gobernador electo, Jaime Bonilla Valdés, es absolutamente contraria a la Constitución y, en consecuencia, rompe con los principios del Pacto Federal.
Porque previo a las elecciones locales de junio pasado, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dejó firme el artículo transitorio octavo, del Decreto 112, que señala los dos años de gestión, por lo cual los bajacalifornianos eligieron un gobernador para durar en el cargo tal periodo.
¿Qué procede? Presentar una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conforme al artículo 105 de la Carta Magna, en cualquiera de las siguientes opciones:
Una: “El equivalente al 33% de los integrantes de alguna de las Legislaturas de las entidades federativas en contra de las leyes expedidas por el propio órgano.
Dos: “Los partidos políticos con registro ante el Instituto Nacional Electoral, por conducto de sus dirigencias nacionales, en contra de leyes electorales federales o locales; y los partidos políticos con registro en una entidad federativa, a través de sus dirigencias, exclusivamente en contra de leyes electorales expedidas por la Legislatura de la entidad federativa que les otorgó el registro”.
Pero ni esperanzas en la primera opción porque precisamente la Legislatura de Baja California hizo la cochinada de ampliar el plazo ex profeso para Jaime Bonilla , gobernador electo en junio pasado vía la coalición “Juntos Haremos Historia” (Morena-PT-PVEM).
Y si los partidos de oposición y la Suprema Corte de Justicia de la Nación permiten tal afrenta a la Constitución y a la voluntad de los electores bajacalifornianos, Morena y aliados prontó acabarán con el orden jurídico y desaparecerán el Pacto Federal.
Vaya, poco falta para que vuelvan monarquía el régimen mexicano.
Ah, y al decir aliados, no solo hay que referirse a los electorales de Morena, sino a sus aliados legislativos. En el caso de Baja California, además de los diputados del PT y del PVEM, casi todos los del PAN y los del PRI, votaron por ampliar el periodo para que Jaime Bonilla inicie gestión el 1 de noviembre del presente año y concluya el 31 de octubre del 2024.
Qué estraño ¿no? ¡Los panistas que en dos años tienen la posibilidad de recuperar la gubernatura, votaron por ampliar la duración del mandato de un morenista! ¿Hay gato encerrado? Es incierto. Sin embargo, corre fuerte el rumor sobre la probabilidad de que alguien haya comprado el voto opositor.
¿Podrán comprobarlo?; dificilmente, salvo que la autoridad competente ordene intervenir las cuentas bancarias de los diputados para cerciorarse de alguna transferencia de dudosa procedencia. ¿Y si la compensación económica fue en efectivo?
En fin, por lo pronto la acción de inconstitucionalidad es necesaria y urgente. La dirigencia nacional del PAN anunció que la presentará. A ver si es cierto.
No basta con el ánimo del actual mandatario estatal, Francisco Vega de Lamadrid, de no publicar la reforma bajacaliforniana en el Periódico Oficial de la entidad, a afecto de evitar la entrada en vigor de la misma. Los Legisladores pueden hacer otra treta con es fin.
¡FRENEN A MORENA!
La reforma para ampliar el periodo del gobernador de Baja California fue solicitada por el diputado local de Morena, Víctor Morán.
Y ante a tal afrenta a la Constitución, ¿qué ha dicho la líder nacional de Morena, ¿Yeidckol Polevnsky? Máxime cuando la reforma se hizo para beneficiar a un gobernador electo morenista.
Ha estado bastante calladita.
Vaya, la aberración bajacaliforniana va encontra de los mismos principios democráticos, de honestidad y anticorrupción de Morena. (Corrupción no es solamente desviar dinero; es cualquier actitud, acto, actuación, contraria a las normas jurídicas, morales y hasta de las buenas costumbres)
Si no frenan a Morena, al rato intentará desparecer el mismo Pacto Federal con el aval del sumiso Congreso de la Unión, para crear su propia Constitución.
En sus primeros años como partido político, tanto el Instituto Nacional Electoral como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, apapacharon en exceso a Morena dispensándole varias faltas a las normas electorales.
Por citar el ejemplo más reciente: El fideicomiso paralelo para manejar parte del financiamiento público en beneficio de los damnificados de los sismos de septiembre de 2017, pero lo hizo al margen de la ley electoral y con fines clientelares rumbo al 2018.
El INE sancionó, pero el TEPJF exhoneró a Morena.
Otro caso: Puebla. Hasta le costó la presidencia del Tribunal a Janine Otálora Malassis.
No obstante tanto apapacho a Morena, este partido ahora pretende debilitar a las autoridades electorales.
Sigan exhonerándolo.
En las entidades federativas, ni se diga, la vountad de Morena es ley; con sus excepciones, pues hay estados donde los morenistas bailan al son de los priistas.
BAJA CALIFORNIA, PRUEBA DE FUEGO DE LA SCJN
Si acaso alguno de los sujetos legitimados presenta la correspondiente acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma de Baja California, será una prueba de fuego para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde el poder morenista entrando, entrando acomodó piezas.
Después de ver decisiones tomadas en base a encuestas patito, la inaplicación de la reforma educativa por decreto y otras actuaciones al margen de la constitucionalidad, no sería extraño que la Corte fallara a favor de la reforma bajacaliforniana.
Y entonces sí, que Dios agarre confesados a los mexicanos. Porque sería el más grave punto de partida para el rompimiento de todo orden jurídico y, en consecuencia, de la desaparición del Pacto Federal.
Sería la puerta para la reelección del presidente Andrés Manuel López Obrador; para la ampliación o reducción del periodo de los gobernadores en funciones según obedezcan al Ejecutivo, para la desaparición de los órganos autónomos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; incluso, para fucionar los poderes de la Unión en uno solo: El Legislativo y el Judicial, en el Ejecutivo.
Y tan-tan, adiós República representativa, democrática, laica y federal
