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Por Rosy Ramales
Tiene razón el presidente Andrés Manuel López Obrador en decir que quienes busquen un cargo de elección popular para la competencia del 2021, renuncien desde ahora a cualquier puesto que ocupen en el gobierno.
Y su instrucción al parecer va más allá al decirlo expresamente así: “Todos los que tienen aspiraciones de participar como candidatos el año próximo tienen que abandonar el gobierno lo más pronto posible (…) a más tardar en octubre, a finales de octubre”.
Yde manera“definitiva”, según puntualizó. O sea, nada de solicitar licencia temporal para luego regresar al cargo dentro del gobierno en caso de no obtener la candidatura por Morena o por cualquiera de los partidos aliados.
Ojalá lo cumplan.
Porque cuando solicitan licencia temporal nunca se tiene la certeza de que quienes así se “separan del cargo” efectivamente dejan de manejar el presupuesto público; se cae en la simulación y disposición discrecional de los recursos con fines electorales.
Precisamente la separación del cargo establecida en las normas electorales tiene como fin evitar el uso del dinero público con objetivos electorales en beneficio de quien pretende conseguir una candidatura teniendo un cargo en el gobierno.
Y como las normas las confeccionan legisladores con filiación política pues han dejado la separación del cargo (que es un requisito de elegibilidad) casi a lo último; un plazo previo antes del registro de candidaturas, salvo en determinados casos en que se pide hasta tres años antes.
No obstante los cortos plazos legales o constitucionales, nada impide que por razones éticas y morales, quienes ejercen cargos en el gobierno dimitan mucho antes, lo cual daría transparencia a su aspiración.
Incluso, hay quienes obligadamente renunciarán al cargo cuando lo exige el estatuto, el reglamento interno de elecciones o la convocatoria del partido.
En fin, veremos si los funcionarios le hacen caso al presidente López Obrador.
LAS DIMISIONES SERVIRÁN PARA OXIGENER EL GOBIERNO
En el supuesto de haber servidores públicos que aspiren a un cargo de elección popular, las dimisiones servirán para oxigenar el gobierno.
Quizá le hagan un favor al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien tendría la oportunidad de darle un segundo aire a su gabinete legal y ampliado, siempre y cuando sus designaciones recaigan en personas profesionales en la materia y siempre cuando el mismo mandatario les permita margen de acción.
Caso contrario seguirán ocurriendo las renuncias inesperadas por desordenes internos, por controles extra legales por parte de “asesores” del mandatario y demás causas como las que han motivado las dimisiones de varios funcionarios del gobierno de AMLO.
Ahí está el último caso: La renuncia del Dr. Jaime Fernando Cárdenas Gracia como director del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), cargo en el cual duró apenas 107 días; dimisión a la cual el mandatario atribuyó “miedo y falta de ganas para combatir la corrupción.”
Gobernar, administrar, no es nada fácil; la función pública siempre será “un animal de gran tamaño” de mucha complejidad.
O como alguna vez escuché decir a un gobernador: “No es lo mismo ser borracho, que sacar borrachos”. O sea, no es lo mismo protestar, gritar, cuestionar al gobierno, que ya ejercerlo.
ALGUNOS A GUBERNATURAS
Retomando el tema, es harta sabida la aspiración de Alfonso Durazo Montaño a la gubernatura de su natal Sonora, entonces es uno de los servidores públicos del gabinete obligado a renunciar en los términos sugeridos por el presidente López Obrador, al cargo de Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.
Dicen que Santiago Nieto Castillo tiene aspiraciones a gobernar una entidad federativa, que no sería la Ciudad de México, sino Querétaro, lo cual intentaría en las elecciones locales del próximo año, en cuyo caso también estaría obligado a separarse de su actual cargo público, máxime tratándose del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera.
Y como en 2021 también se renovarán las gubernaturas de Sinaloa y de Nuevo León, Tatiana Clouthier Carrillo podría ser la candidata de Morena para cualquiera de las dos, pero sobre todo para la neolonés.
Aunque ella no forma parte del gobierno en su ala administrativa y por lo tanto no le aplica el llamado de López Obrador, ni en términos de ley está obligada a separarse de su actual cargo como diputada federal de Morena. Ya ven, las y los legisladores de cualquier filiación siempre “se despachan con la cuchara grande”.
Sin embargo, en congruencia debería hacerlo.
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