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Opinión por Rosy Ramales.
Un grupo armado ayer martes asesinó a la periodista Norma Sarabia en el municipio Huimanguillo, Tabasco; según reportes abrió fuego en contra de la víctima a la puerta de la casa de ésta.
Era corresponsal del Tabasco Hoy.
Un reporte de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura sobre la seguridad de los periodistas registra 182 asesinatos de periodistas en todo el mundo durante 2017 y 2018, siendo México la nación más golpeada por los asesinatos de comunicadores con 26 decesos; le siguió Afganistán con 24.
El reporte también destaca “la lenta rueda de la justicia” en los casos de periodistas agraviados o asesinados; en América Latina y el Caribe, solo se falló el 18% de los casos, 41 de las 226 muertes.
El dos de mayo de este año, CR NOTICIAS publicó una nota es su portal en la cual destaca lo siguiente:
“La agencia EFE de España publicó este encabezado ‘Bajan los asesinatos de periodistas en el mundo, pero no en México’. Referente a los asesinatos de periodistas en el mundo en lo que va del 2019, lamentablemente, México sale a relucir como el país más peligros para ejercer el periodismo.”
Y hace referencia a que del periodo de enero a abril de 2019 habían muerto 6 periodistas en nuestro país, pero a la fecha de la nota sumaban 8. ¿Cuántos se acumularán al concluir este año? En junio ya se cuenta el asesinado de la periodista de Norma Sarabia.
Preocupante, ¿no? Y parece preocupar más al exterior que al interior de México, sobre todo en cuanto hace a las autoridades en los tres órdenes de gobierno. Vaya, el riesgo y la impunidad no ha cambiado con la llegada Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República; el primero de izquierda.
Claro, la violencia en México no es cosa que se acabe mágicamente con el arribo a poder de un personaje emanado de siglas distintas al PRI y al PAN. Sin embargo, la expectativa de cambio ofrecido fue demasiado alto; y la sociedad empieza a desesperarse.
En fin, en 2018, en ocasión del reporte referido párrafos arriba, el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, y la UNESCO mostraron su preocupación por el alto índice de periodistas muertos.
“Esto es indignante y no debe convertirse en la nueva norma. Cuando se ataca a los periodistas, paga el precio la sociedad en su conjunto”, dijo Guterres. El titular de la ONU destacó a los reporteros que realizan su tarea a diario “a pesar de la intimidación y las amenazas”, y exhortó a los Gobiernos y a la comunidad internacional a protegerlos.
Pero como dice la filosofía popular mexicana, a las personas que encarnan el gobierno “por un oído les entra y por el otro les salen” los exhortos y recomendaciones de organismos internacionales.
Es más, muy poco caso hacen a los reclamos de justicia internos, sobre todo de familiares de las víctimas. Ah, pero eso sí se les llena la boca en felicitaciones a periodistas y comunicadores en general en ocasión de las celebraciones por el Día de la Libertad de Expresión.
CASO MARÍA DEL SOL
En Juchitán, Oaxaca, justo la madrugada del dos de junio del 2018 ocurrió un triple asesinato prácticamente a las puertas del “Bar Jardín”, un lugar donde también se sirven alimentos y que se localiza en pleno centro de ese municipio istmeño.
A sangre fría descargaron todas las balas del arma –o de las armas— sobre la candidata a asegunda concejala de la planilla de la coalición PRI-PVEM-Panal, Pamela Terán Pineda; sobre la fotoperiodista María del Sol Cruz Jarquín, el chofer Adelfo Guerra Jiménez.
La obviedad política supone que iban por la candidata, pero sus acompañantes resultaron víctimas colaterales. Y ahora, quizá el fondo del asesinato de la joven política obstaculiza hacer justicia para las tres víctimas.
Aquí solo referimos el caso María del Sol por su condición de periodista; ella se desempeñaba como jefa de prensa de la entoncesSecretaría de Asuntos Indígenas estatal, y fue comisionada a cubrir la campaña del candidato a primer concejal de dicha planilla, Hageo Montero López, hermano del titular de esta dependencia.
Tres días después Francisco Montero López se vio obligado a renunciar a la Secretaría, y en su carta de renuncia expuso que tomaba esa decisión con el fin de facilitar las investigaciones relacionadas con el caso María del Sol, hija de la periodista Soledad Jarquín Edgar.
Incluso, en un comunicado también se dio a conocer que el Gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, había girado instrucciones a las instancias competentes para realizar las investigaciones necesarias sobre el caso.
Sin embargo, quien sabe qué pasa en las instancias competentes, porque a un año de distancia se ha enseñoreado la dilación en la procuración y administración de justicia al amparo de la autonomía constitucional.
Ciertamente, la Fiscalía General de Justicia del Estado ha realizado investigaciones, pero han resultado insuficientes o deficientes, de modo tal que la primera persona detenida consiguió pronto su libertad, y apenas al cumplirse el año del tripe asesinato, consiguió la vinculación a proceso de otro presunto implicado.
Eso por el lado del homicidio.
Por el lado del delito electoral, nada se ha hecho, o por lo menos nada se ha dado a conocer, por parte de la Fiscalía Especial en Delitos Electorales local; nada, cuando incluso en materia de infracciones administrativas los tribunales electorales confirmaron haber desvío de recursos públicos en relación al trabajo por el cual María del Sol fue enviada a Juchitán.
Ante la dilación en el fuero común y en la materia de delitos electorales, Soledad Jarquín Edgar, con justa razón considera necesario que la Fiscalía General de la República atraiga el caso de su hija María del Sol.
Es más, este martes solicitó tal atracción arropada por el Frente Feminista Nacional y con la solidaridad de redes nacionales e internacionales de periodistas.
Gravedad sobre gravedad: A soledad Soledad Cruz Jarquín le han quitado la seguridad dejándola en total estado de indefensión cuando reclama justicia para su hija.
En una carta abierta, Soledad, el Frente Feminista Nacional, periodistas y diversas asociaciones y personas, hacen “responsables al gobierno estatal de cualquier daño que le pueda ocurrir a ella y a su familia”.
Y exigen:
Al gobierno federal a cumplir con su compromiso de terminar con la impunidad y corrupción, y al fiscal Gertz Manero a que garantice que no habrá impunidad institucional.
A la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, a que, como lo ha reiterado, se proteja y garantice la vida de las mujeres, adolescentes y niñas, en un contexto de violencia generalizada, en un país donde en los primeros cuatro meses de este año se han cometido 1,199 feminicidios.
Al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, Martí Batres Guadarrama, a que se someta a votación la propuesta de Punto de Acuerdo, presentado por la senadora Lorena Villavicencio Ayala, del Grupo Parlamentario de Morena, por el cual se exhorta al titular de la Fiscalía General de la República a ejercer su facultad de atracción en las investigaciones por el asesinato de María del Sol Cruz Jarquín.
Al subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, y al jefe de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos y titular del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, Aarón Mastache Mondragón, a garantizar la seguridad de la periodista Soledad Jarquín Edgar, con medidas eficaces.
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