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Por Rosy RAMALES
Gobernadores como César Duarte Jáquez, Javier Duarte Ochoa, Roberto Borge Angulo, Roberto Sandoval Castañeda, Eugenio Hernández Flores y Andrés Granier Melo, entre otros, forman parte de la legión de gobernadores priistas que contribuyeron a la caída del otrora partido hegemónico: El Revolucionario Institucional (PRI).
Todos acusados por delitos en diversas modalidades de corrupción: Desvío de recursos públicos, lavado de dinero, vínculos con delincuencia organizada y enriquecimiento ilícito.
Todos, o casi todos, encubiertos en su momento por el Presidente de la República en turno; el periodo de la mayoría coincidió con el sexenio de Enrique Peña Nieto (años más o años menos), quien si no los encubrió por lo menos hizo como que no supo, ni vio.
Y casi todos fueron defendidos por el PRI, en esa mala práctica del partido de echarse a cuestas los errores de sus correligionarios, quizá por beneficios recibidos sobre todo en épocas electorales donde los partidos requieren carretillas de dinero para las campañas.
Hubo casos insostenibles, lo fue el de Javier Duarte Ochoa, gobernador de Veracruz (2010-2016), quien se separó del cargo faltando 48 días para concluirlo, presionado por su mismo partido entonces dirigido por Enrique Ochoa quizá como una estrategia para limpiar la imagen del PRI.
Una estrategia tardía contra la corrupción y que resultó contra producente, porque el mismo Enrique Ochoa y el mismo Peña Nieto no escaparon a escándalos sobre acciones de dudosa licitud. Por ejemplo, el entonces líder priista se habría despachado con la cuchara grande su “indemnización” cuando dejó la Comisión Federal de Electricidad.
Enterarse de la cuantía de los bienes de Javier Duarte y del presunto desvío de recursos destinados a salud y sectores vulnerables, le acarreó no solo a él, sino también al PRI el repudio social; y el partido le puso como castigo solo la dimisión al cargo.
A los dirigentes de este partido solo les ha quedado actuar según las circunstancias, con tibieza, cuidando más su pellejo que el nombre del PRI, que el honor del buen priismo representado por la base, esa que se rompe el alma en las campañas y siempre termina ninguneada.
En fin, y este miércoles fue detenido César Duarte, gobernador de Chihuahua en el periodo 2010-2016, en Miami Florida, Estados Unidos.
Justo durante la visita del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien fue al encuentro con su homólogo estadounidense Donal Trump.
¿Casualidad? Además, en la víspera del inicio del Proceso Electoral 2020-2021, el más grande en la historia electoral mexicana, en el cual la “Joya de la Corona” será la mayoría en la Cámara de Diputados Federal, además de las 15 gubernaturas y los congresos locales (y ya de pilón, los principales municipios en juego).
Como sea, ahora AMLO tendrá dos argumentos más para ir en caballo de hacienda hacia otra victoria electoral: El “éxito” de su reunión con Donal Trump, quien cuando menos no lo trató mal como lo hizo con Peña Nieto cuando vino a México; y una “perla” más en la lucha contra la corrupción y que es la detención de César Duarte.
Pobre PRI, padece las malas conductas de los gobernantes emanados de sus filas. Por eso perdió en el 2000 y, sin entender la lección, volvió a perder en el 2018. Y seguirá perdiendo, o por lo menos no podrá levantarse en el 2021 porque Morena y el Gobierno Federal todavía tienen mucha tela de dónde cortar en relación a la legión de ex gobernadores priistas señalados de corrupción.
Y no solo gobernadores, también servidores públicos que integraron el gabinete legal y ampliado de Peña Nieto, y falta éste mismo. Aunque quien sabe si AMLO actúe en contra de su antecesor después de haberse puesto como tapete tras la victoria del morenista; quizá solo lo garre como ejemplo de corrupción como bandera electoral rumbo a los comicios de 2021.
En materia de corrupción, todavía faltan los gobernadores priistas en funciones y próximos a concluir el mandato. Claro, con sus honrosas excepciones. Pero tal vez, el grupo en el poder presidencial pueda decirles: “O copelas o cuello”. Algo así, como para pedirles rendirse electoralmente a favor de las candidaturas lopezobradoristas.
El propio Alejandro Moreno Cárdenas no está libre de culpa. Pero quizá “copeló”, por eso hasta ahora despacha sin problemas como presidente del PRI nacional, quien como tal ante la detención de César Duarte no le quedó más que decir que este partido “está del lado de la ley y a favor de la lucha contra la corrupción, tope hasta donde tope”.
Retomando el tema: Las grandes fortunas amasadas por ex gobernadores priistas, de comprobárseles los delitos (sobre todo de desvío de recursos públicos), sí que deben pasar por el respectivo procedimiento para “devolverle al pueblo lo robado”.
Evidentemente, los morenistas no son un dechado de virtudes, ni la pureza y transparencia personificadas; también son proclives a los atracos al erario, con sus salvedades. Nada más habrá que ver cómo ha mejorado la calidad de vida de cuadros de Morena; su guarda ropa, joyas, autos, inmuebles y muebles.
Pero como están en el poder, tienen el control de los organismos de investigación.
Habrá señalamientos seguramente, pero será hasta cuando pierdan las elecciones y quien gane vaya a la cacería de morenistas, salvo que AMLO también combata la corrupción de sus propios correligionarios. Y quizá lo haga…cuando no se sometan.
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