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Por Rosy RAMALES
De lágrimas y risas resulta la propuesta de Morena para que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) pueda entrar (a los domicilios), “sin ningún impedimento legal, a revisar el patrimonio inmobiliario y financiero de todas las personas”.
Y como lo han dicho expertos en temas financieros, puede tratarse de un “distractor” a la atención de la ciudadanía ante los errores del Gobierno Federal sobre la pandemia COVID-19, la obsesión por proyectos inviables, el alza de las tarifas de energía eléctrica, el menosprecio por las energías renovables, la compra de ventiladores a Bartlett Jr., etc.
En resumen, ante el desastre de la “Cuarta Transformación”, donde el mundo es al revés: Las Fuerzas Armadas hacen obra pública, el canciller coordina tareas en materia de salud mientras el secretario del ramo parece convidado de piedra, consultas patito marcan directrices, el presidente Andrés Manuel López Obrador plantea medir felicidad y bienestar en lugar de Producto Interno Bruto (BIP).
Y donde se extingue el respeto al orden constitucional y legal: El gobernador de Baja California (de Morena), Jaime Bonilla Valdez, pretendía prolongarse el mandato de 2 a 5 años (pero la Corte le dio revés); el mandatario nacional propone hacer reasignaciones directas del Presupuesto de Egresos quitándole la facultad a la Cámara de Diputados, un decreto presidencial quitó tiempos de radio y televisión en materia electoral conculcando las facultad constitucional del INE.
Y ahora el presidente interino de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, hace la propuesta para otorgarle al INEGI facultades catastrales y fiscales, en lo que llamó un acuerdo de “unidad y solidaridad nacional” para superar los efectos de la cris sanitaria.
¿Unidad y solidaridad? Más bien la propuesta genera encono, división, por la insistencia de Morena sobre una lucha clasista en México; en el discurso prevalecen dos palabras, dos conceptos, dos líneas de acción: Pobres y ricos, desigualdad e igualdad, conservadores e izquierda; desinformación e información.
Y en vez de que el Gobierno Federal y su partido, Morena, fomenten la inversión para reactivar el sector productivo, lancen un programa de rescate empresarial (sin privilegios), impulsen la creación de fuentes de empleo, y enseñen a trabajar a los pobres…en vez de eso, solamente buscan formas de cómo sacar dinero a costa de personas productivas.
Será porque (con sus honrosas excepciones) la gente llamada de “izquierda” (la actual) está acostumbrada a vivir del erario; en las filas de Morena pululan personas cuyo modus vivendi ha sido la movilización “social” (marchas, bloqueos), que regentean a los pobres para pedir a nombre de ellos y quedarse con el mayor porcentaje.
Los más “finos”, por decirlo de algún modo, han vivido de ir de puesto en puesto de representación popular, público o partidario; saltando de partido en partido. Incluso, jugando un vergonzoso papel de parásitos o de cómplices del poder a cambio de canonjías.
Seguramente, abundan los “protagonistas del cambio verdadero” (así le llama Morena a sus militantes en su estatuto) con manos de señorita fifí; es decir, manos tersas, vírgenes de huellas de trabajo.
No es mala idea que el INEGI primero entre “sin ningún impedimento legal, a revisar el patrimonio inmobiliario y financiero” de todos los morenistas, principalmente de los personajes encumbrados como el mismo Alfonso Ramírez Cuéllar, Ricardo Monreal, Mario Delgado, Dolores Padierna, Martí Batres y del presidente AMLO, para saber su cuantía patrimonial.
Claro, la real; no la declarada. ¿O a poco los de Morena están exentos de recurrir a los presta-nombres? Es más, en las filas morenistas existen personas ricas, que han amasado grandes fortunas viviendo de la política, y que además, en otros casos, han aprovechado sus influencias para hacerse de prósperos negocios (como gasolineras, por ejemplo).
Y también los hay con un patrimonio cuantioso, pero hecho gracias a un trabajo honesto, al esfuerzo diario trabajando de sol a sol, a la perseverancia.
Como en casi todos los partidos.
Vaya, si se trata de dotar de facultades extraordinarias al INEGI, que de una vez haga un ceso para saber cual es la actividad productiva de los políticos de todas las filiaciones (empezando con los morenistas), así como la cuantía de su patrimonio. Tal vez resulte una buena fuente de información para “devolver al pueblo lo robado”.
En fin, que la propuesta de Ramírez Cuéllar de que el INEGI “deba entrar (a los domicilios), sin ningún impedimento legal, a revisar el patrimonio inmobiliario y financiero de todas las personas”, genera la sospecha de que Morena primero quiere saber dónde se ubican los ricos, cuánto tienen y después despojarlos de sus bienes para repartirlos entre los pobres.
Y no como un acto de justicia social, sino como una acción electorera que le permita perpetuarse en el poder; además, para justificar su falta de capacidad para gobernar y administrar un país.
