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Opinión por: Rosy RAMALES
Para el dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Manuel Granados Covarrubias, “es legal que familiares de gobernadores o ex gobernadores sean candidatos” a cargos de elección popular. Fue una declaración de prensa.
Ciertamente, no es ilegal. Pero puede parecer inmoral. Y a todas luces es inequitativo. Por eso cada vez más la ciudadanía se desencanta de los partidos políticos, de la política, de las elecciones, de las autoridades electorales y del gobierno.
Las acciones “legales” a modo solo abonan al riesgo del estallido social.
El líder del PRD precisó que «no es un requisito de elegibilidad” establecido en la Constitución el no ser familiar de gobernador o ex gobernador para ser postulados. Y por lo tanto, el hijo del mandatario de Veracruz y la esposa de Rafael Moreno Valle en Puebla, pueden registrarse como candidatos.
Granados Covarrubias tiene razón, no existe prohibición alguna al respecto. Como todo ciudadano y ciudadana, los parientes de los gobernantes o ex mandatarios gozan en nuestro país del derecho a ser votados a cargos de elección popular. Igual que la parentela de dirigentes de partidos políticos, líderes tribales y políticos en general.
El más claro ejemplo de ello es el PRD: La hija de la ex gobernadora zacatecana (Amalia García Medina), Claudia Corichi García fue senadora por el PRD y actualmente es diputada federal por Movimiento Ciudadano; Graco Ramírez, gobernador de Morelos, buscó la postulación de su hijastro Rodrigo Gayoso Cepeda; y en Oaxaca los casos pululan, ahí están los hermanos Félix y Rosendo Serrano Toledo, los hermanos Héctor y Gloria Sánchez López, etc.
Y esa practica de nepotismo se da en casi todos los partidos políticos como si los cargos públicos, partidistas y de elección popular fuesen tradición monárquica o parte del legado o herencia familiar.
En el PRI están los casos de Silvana Beltrones Sánchez, hija de Manlio Fabio, es diputada federal; Pablo Gamboa Miner, hijo de Emilio Gambo, también tiene curul en la Cámara Baja. En el PVEM un caso emblemático ha sido el de Jorge Emilio González. Y hasta la maestra Elba Esther Gordilo impulsó parientes a cargos públicos y de elección popular.
Y para las elecciones que vienen se mencionan como prospectos a candidaturas a Mariana Moguel, hija de Rosario Robles; Fernando Elizondo Elizondo Ortiz, hijo del ex gobernador de Nuevo León, Fernando Elizondo Barragán; Federico Madrazo Rojas, hijo del tabasqueño Roberto Madrazo Pintado, y entre muchos otros, Miguel Ángel Yunes Márquez, hijo del gobernador de Veracruz Miguel Ángel Yunes (PAN), que buscaría suceder a su padre.
Y, claro, Martha Erika Alonso Hidalgo, esposa del ex gobernador poblano Rafael Moreno Valle; incluso, ella ya se registró como precandidata del PAN a la gubernatura de Puebla.
No hay impedimento legal, ciertamente. Y la falta de candados (que seguramente los interesados repudiarían como limitativos a sus derechos humanos) ha provocado la proliferación de parientes de todos tipo de políticos en cargos públicos y de elección popular; incluso, partidistas.
Y en todos los partidos políticos, hasta en aquellos que se asumen como democráticos, de izquierda y castos. Por cierto, en Morena hijos de Andrés Manuel López Obrador realizan funciones político-electorales.
No es ilegal la participación partidista de parientes de políticos, ni la postulación de los mismos. Sin embargo, son acciones de nepotismo, inmorales e inequitativas.
Claro, nunca tendrá la misma oportunidad un militante común, uno de base, el talachero en las tareas electorales, que los familiares de gobernadores, ex mandatarios, dirigentes de partidos políticos, “vacas sagradas” partidistas” y más; nunca.
De entrada cuentan con el respaldo familiar para el empujoncito y la recomendación, llevan ventaja en conocer a las cúpulas partidistas que deciden las candidaturas, y cuentan con el presupuesto del “cochinito” financiero de sus parientes, que a veces amasan grandes fortunas con su “sueldo” como gobernantes, legisladores, munícipes o servidores públicos.
Hasta si compiten internamente es inequitativo, porque el militante común difícilmente podrá construir estructura electoral por sí mismo o contar con dinero suficiente para aportarlo a su precampaña.
Es más, la postulación de parientes de gobernantes o ex gobernantes y de todo tipo de político, afecta los derechos político electorales del resto de la militancia del partido de que se trate; incluso, de la ciudadanía en general, considerando que uno de los fines de los partidos es el acceso de los ciudadanos a los cargos públicos.
En fin, y esos son los partidos cuyos candidatos presidenciales hablan en contra de la corrupción, quieren sacar a los corruptos del gobierno o pretenden combatir de fondo ese mal: PAN, PRD, PRI, Morena, MC y demás.
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