Igavec Noticias Noticias Oaxaca
Opinion por Rosy Morales
La imprevista “no presentación” del paquete de iniciativas para la reforma de justicia penal refleja una falta de coordinación entre las dependencias, instituciones y personas responsables de elaborar, revisar y entregar al Senado de la República los documentos respectivos.
Es preferible pensar en la existencia de una descoordinación, incluso de una falta de conocimientos en materia penal, que en una deliberada intención de menoscabar los derechos humanos de los mexicanos.
Leyendo de reojo algunos borradores de iniciativas circulados desde antier en chats y en redes sociales, las propuestas de reformas constitucionales y legales contienen una impresionante carga de control y centralización de la procuración e impartición de justicia.
Además, retrocede en figuras jurídicas del sistema penal acusatorio adversarial, el cual, por cierto, todavía no termina de instrumentarse totalmente en nuestro país, y el nuevo Gobierno Federal ya quiere dar reversa, por ejemplo, en medidas cautelares.
Incluso, constitucionalmente quieren darle valor a figuras descontinuadas y peligrosas. Lean lo que dice la propuesta de reforma: “Los elementos probatorios o las pruebas consideradas ilícitas por el medio en cómo fueron obtenidas, podrán en su caso ser tomadas en consideración y valoradas por el juzgador de una causa cuando exista respecto de éstas una atenuación en su vínculo de ilicitud, proviniere de una fuente independiente o su descubrimiento hubiere sido inevitable.”
¡Qué peligroso! Así darían valor el espionaje, por ejemplo. Incluso, se correría el riesgo de la manipulación de la prueba y de la fabricación de pruebas.
Y en la reforma constitucional crean a los Jueces y Magistrados especializados en materia de responsabilidad penal, cuya misión será juzgar a los juzgadores, mientras ellos serán administrados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero vigilados y disciplinados por el Senado de la República.
Así, la reforma tiende a la politización de la impartición de justicia, porque además el Senado también tendrá facultades respecto de los jueces y magistrados de los otros órganos del Poder Judicial de la Federación.
Politización y control; pues cada partido político (por lo menos los más grandes o los mejores satélites) vía sus senadores pondrán jueces y magistrados, poniendo la mayor parte Morena y aliados. Aunque aquí, a los morenistas puede salirle el tiro por la culata considerando que actualmente no tienen todas consigo en la Cámara Alta.
Y en lugar de desaparecer el Consejo de la Judicatura Federal y trasladar sus facultades a una Sala, pretenden crear otro elefante blanco.
En fin, que si los mexicanos nos atontamos, en un abrir y cerrar de ojos la Cuarta “T” desaparece los derechos humanos, los cuales rigen la Constitución y en los cuales se debe basar la procuración y la administración de justicia, así como el sistema penitenciario.
Y uno se pregunta, ¿bueno los titulares de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero; y de la Consejería Jurídica de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra; no leyeron las iniciativas antes de convenir la presentación de las mismas ante el Senado de la República?
Sobre todo Julio Scherer, pues se supone que la Consejería elabora las propuestas de iniciativa del Ejecutivo o cuando menos las lee y las revisa.
¿O cada texto fue elaborado deliberadamente como pretendían presentarlos? Ups.
Imagínense, ¿la izquierda proponiendo retrocesos?
Pareciera como si con el argumento de terminar con la impunidad, se pretendiera centralizar y, por ende, controlar la procuración y la administración de justicia.
CASO MALENA-VERA CARRIZAL
No todo es malo en la reforma en materia de justicia penal prevista a nivel federal; tiene propuestas buenas.
Por ejemplo, propone homologar el catálogo de delitos (dejando atribuciones a los estados para tipificar particularidades locales) y la obliga a la autonomía de las fiscalías estatales (aunque sería necesario revisar cómo).
Parece bueno sobre todo cuando se ven casos como el de la saxofonista María Elena Ríos Ortiz, originaria de la mixteca oaxaqueña, cuya cara y cuerpo fue rociado con ácido; sus familiares han señalado al político y empresario Juan Vera Carrizal como el autor intelectual del atroz hecho.
Pero el ex diputado priista anda prófugo de la justicia.
No solo ha tenido vínculos en el PRI, sino que también se codea con morenistas.
En fin, la semana pasada comentábamos la probabilidad de la actuación judicial en contra Vera Carrizal como presunto autor intelectual de la agresión con ácido a la saxofonista.
Porque el Gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, había dado señales de la persecución en contra del ex diputado local priista, quien aceptó públicamente haber sostenido una relación laboral y sentimental con la joven, aunque ha negado estar detrás del atentado.
En aquella ocasión, en una entrevista colectiva con medios de comunicación el mandatario dejó entrever: “Hay un señalamiento público en contra de Juan Vera Carrizal, que salga a aclarar si estuvo o no implicado, pero yo veo que el silencio otorga! Yo creo que hay que entrarle”.
Y efectivamente, fue una señal; la autoridad competente ya había librado la orden de aprehensión en contra del referido empresario (dueño de gasolineras y radiodifusoras). Sin embargo, éste contó con una suspensión provisional mediante un amparo y ahora anda prófugo.
Generalmente la Fiscalía General de Justicia del Estado, a cargo de Rubén Vasconcelos Méndez, suele cacaraquear cuando su acción resulta eficaz; por ejemplo, cuando logra vincular a proceso a algún imputado. Pero en el caso de Vera Carrizal la institución se ha mantenido en silencio.
O como el cacareo hecho cuando la detención de los presuntos autores materiales de la agresión con ácido a María Elena, que resultaron padre e hijo; detenciones realizadas los días 23 y 25 de diciembre pasado. Entonces, ¿por qué guardar silencio sobre la acción en contra del político?
Claro, en ocasiones el hermetismo de las autoridades competentes tiende a evitar el entorpecimiento de las investigaciones; situación entendible.
Lo que no se entiende es ese extraño silencio cuando saltó a la luz pública la orden de aprehensión en relación al cese de la suspensión provisional por falta de cumplimiento de la garantía por parte del imputado.
El gobernador ha salido al paso cuando los medios de comunicación lo han cuestionado sobre la exigencia de hacer justicia a María Elena, pero es el Fiscal el que tiene dar la cara como lo ha hecho en otros casos.
El silencio de la Fiscalía solo abona a la sospecha sobre la protección al presunto agresor de María Elena.
Si e gobernador está dando la pauta, ¿por qué la Fiscalía calla?
