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Por Rosy Ramales
En distintos foros el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, ha afirmado que: “La corrupción inicia en los procesos electorales”.
Y tiene toda la razón.
Y, además (como él mismo lo ha dicho), también inicia el riesgo de la infiltración de la delincuencia organizada en los órganos de gobierno de elección popular; éstos son el Ejecutivo, el Legislativo y los ayuntamientos.
Quienes ganan las elecciones previamente se comprometen a otorgar espacios en las estructuras públicas a las personas o grupos que aportaron sumas considerables de dinero al financiamiento de las campañas electorales.
O los partidos políticos y cúpulas de poder pagan con candidaturas. Por eso de repente en los congresos (federal y locales) se ven como legisladores a personas sin antecedente alguno en política; o se ve gente sin el menor perfil incrustada en la administración pública y en los ayuntamientos (sobre todo en las presidencias municipales).
Es más, desde los procesos electorales se compromete la obra pública y la justicia con los financiadores de campañas.
Y es que como se dice comúnmente “favor con favor se paga”, lo cual en política es una regla de oro máxime cuando existen compromisos con el crimen organizado o con otro tipo de poderes fácticos; o porque la candidatura o el cargo público es la “cuota” para el cómplice disfrazado de amigo.
Claro, con sus honrosas excepciones.
Pero en los procesos electivos suele ocurrir la práctica de operaciones con dinero en efectivo, y no de centavos ni de miles de pesos, sino de sumas millonarias derramadas de principio a fin. Incluso desde antes. Por ejemplo, en la estrategia de “amarrar” liderazgos políticos.
Y no puede ser de otra manera, porque ahora existe un sistema de fiscalización de los recursos de los partidos políticos, precandidatos y candidatos, llevado por el Instituto Nacional Electoral (INE) al cual hasta se le dotó de la atribución de fiscalizar las cuentas de tales actores políticos de las entidades federativas.
Entonces la única manera de operar con manga ancha en los procesos electorales ha sido con dinero en efectivo. Así se compran estructuras electorales de los adversarios, estructuras institucionales, el mismo voto, y así se financia la operación el día de la jornada electoral.
Claro, partidos y candidatos hacen su reporte al INE, pero solamente del gasto dentro de los topes de financiamiento y demás márgenes legales.
En fin, lo anterior sale a colación en el contexto del próximo proceso electoral 2020-2021, en puerta, cuyas elecciones van a coincidir con comicios locales de las 32 entidades federativas. Las campañas onerosas serán sospechosas.
Es más, Santiago Nieto Castillo acaba de reiterar su afirmación de que “la corrupción inicia en los procesos electorales”, en la reciente video-conferencia “Inteligencia Financiera para el Combate a la Corrupción” con la comisionada presidenta del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca; María Antonieta Velásquez Chagoya; el Fiscal Anticorrupción local, Jorge Emilio Iruegas Álvarez; y el Secretario de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, José Ángel Díaz Navarro.
Video conferencia, en la cual, por cierto, consideró que la nueva consejera electoral Carla Humphrey (su colaboradora hasta hace unos días) hará un gran papel en materia de fiscalización, la cual el INE realiza a partidos políticos, precandidatos y candidatos.
Veremos, y que sea con todos los partidos políticos, empezando con Morena porque es el partido en el poder y, en consecuencia, el que puede caer en mayores tentaciones.
LOS OTROS RECURSOS
Sí, la ley electoral prohíbe a partidos, precandidatos y candidatos recibir recursos de los poderes públicos y de cualquier ente público. Sin embargo, es la práctica más socorrida.
Ya lo estamos viendo.
Pero además lo hacen de tal forma que parece totalmente lícito. Por ejemplo: A través de los programas sociales, de las giras proselitistas del titular del Ejecutivo (Presidente de la República o gobernadores), de las “acciones sociales” de legisladores, de los recorridos por colonias populares y entrega de cuánta cosa por parte de presidentes municipales.
¿Cómo entonces podrá combatirse la corrupción a partir de los procesos electorales?
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