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Opinión
Un recorte al financiamiento público de los partidos políticos debería verse como una medida de equilibrio en los gastos en beneficio de la Nación, no como un intento de Morena para exterminar a sus opositores.
Paralelamente deberían establecerse reglas más estrictas sobre el ejercicio de lo recursos por parte de los partidos; incluso, debería aplicarse la sanción de quitarles el registro cuando incumplieran de manera reiterada con la correspondiente comprobación.
Sin embargo, pocos actores políticos lo ven de ese modo, empezando por el partido en el poder: Morena, con cuya mayoría en la Cámara de Diputados y con mañanas y sus aliados en el Senado ha aprobado atrocidades como la elección de la persona titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Y así ha demostrado que cuando quiere, puede; entonces ¿por qué no hacer las reformas respectivas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las leyes generales de Partidos Políticos y de Procedimientos Electorales?
Si no se trataba (o no se trata) de eliminar el financiamiento público a los partidos, sino de reducirlo de manera racional y de realizar la distribución de forma equitativa entre todos con el fin de ir a contiendas electorales en condiciones de equidad.
Vaya, convendría hasta a los partidos llamados “chiquitos”, los cuales dejarían de hacer el triste y deshonroso papel de satélite de los partidos “grandes”. Da pena ajena ver a políticos andar de huele punes de las vacas sagradas de Morena o del mismo Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con tal de resultar beneficiados.
Era cuestión de realizar un pequeño ajuste a la fórmulas para calcular el financiamiento público a los partidos tanto el ordinario como el electoral, así como para la distribución. Por ejemplo, usar la Lista Nominal en vez de Padrón Electoral y reducir el porcentaje de la Unidad de Medida y Actualización como factores del cálculo.
Pero todos los partidos políticos, vía sus legisladores, se hicieron de la vista gorda.
Las reformas constitucionales y legales debieron haberse hecho antes de aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 para que en éste ya se contemplara el monto del financiamiento público a los partidos políticos conforme a las nuevas fórmulas y reglas de cálculo.
Demasiado tarde la esperanza del presidente López Obrador, quien ayer comentó que esperaba que se aprobara este martes la iniciativa para reducir el dinero que reciben los partidos, y que quienes apoyan la transformación no deben “hacerse patos”.
Pues se hicieron patos. Incluso, hubiese bastado la “sugerencia” del mandatario para que los legisladores de Morena y aliados hubiesen procedido en consecuencia.
Claro, aun cabe aprobar la reducción, pero tendría que realizarse antes de concluir este año y entrar en vigor también antes. Aunque con el riesgo de reveses jurisdiccionales. Además, solo faltan alrededor de 20 días para terminar 2019.
Así que más bien toda declaración o acción sobre el financiamiento de los partidos políticos será solamente para efectos mediáticos y electorales.
Morena quiere llamar la atención del electorado, sobre todo el de sectores vulnerables, devolviendo (o haciendo que devolverá) al Instituto Nacional Electoral (INE) el 75% de su financiamiento público para el ejercicio fiscal 2020.
Ya ven, la presidenta nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, entregó al consejero presidente del Consejo General del INE, Lorenzo Córdova Vianello, la renuncia del partido político a dicho porcentaje.
No era así; era mediante una disposición legal. Porque así el INE devolverá a la federación el dinero y Morena pregonará haberlo devuelto en beneficio de los pobres, además de no perder la oportunidad de exhibir a los partidos que no quisieron desprenderse ni de un peso.
¿Eso no es proselitismo? Y en la víspera del inicio del proceso electoral 2020-2021.
