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Por : Rosy Ramales
¿Han escuchado la canción cuya letra dice: “De reversa mami, de reversa.” Pues así imagínense a nuestro país con el gobierno de la llamada “Cuarta Transformación”, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador emite ordenes contrarias a la constitucionalidad y legalidad. ¿O son sus colaboradores?
Desde cuando los resultados de las elecciones de 2018 ubicaron a AMLO como ganador de la contienda, y además le dieron la mayoría en la Cámara Baja y un buen número de posiciones en el Senado, así como cargos locales vía la coalición “Juntos Haremos Historia”, ha sido constante el ánimo de burlar el orden constitucional.
Desde antes de asumir el cargo, las cabecillas de la Cuarta “T” empezaron con sus consultas patito para cambiar la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, ¿recuerdan?
Una vez en el cargo, el nuevo Gobierno Federal dejó de aplicar la Reforma Educativa sin haber sido abrogada por el Congreso de la Unión, donde los legisladores de Morena y aliados se han visto más “agachagachagachagachagachaditooooos” que los priistas en los mejores tiempos del otrora partido hegemónico.
Más recientemente, vía una iniciativa para reformar la ley de la materia, el Ejecutivo intentó quitarle a la Cámara de Diputados la facultad sobre el Presupuesto de Egresos, queriendo reasignarlo directamente de manera discrecional cuando se presenten “emergencias económicas”.
Y ahora, hay el intento de controlar las elecciones y organismos electorales a partir de cumplir una norma como si se tratara de una empresa con actividad económica productiva.
Para ello, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-CC-54001-IMNC-2019, bajo el título de: Sistemas de gestión de la calidad-requisitos específicos para la aplicación de la norma mexicana NMX-CC-9001-IMNC-2015 a organizaciones electorales en todos los niveles de gobierno.
O sea, ¿la Secretaría de Economía medirá la calidad de organismos electorales federales y locales? ¿Y los multará o clausurará si a su juicio no cumplen con los estándares de calidad? ¿Calidad en qué? ¿En la prestación de un servicio? ¿En la transparencia electoral? ¿En la democracia? ¿O en la obediencia de consejeros electorales?
Vaya, se presta a conjeturas por el título del proyecto y por la síntesis publicada del contenido, del cual extraemos los siguientes párrafos:
“Este Proyecto de Norma Mexicana específica los requisitos para un sistema de gestión de la calidad donde una organización electoral:
“Necesita demostrar su capacidad para gestionar elecciones mediante votación secreta, los cuales proporcionan resultados confiables, transparentes, libres y justos, que cumplen con los requisitos electorales.
“Busca aumentar la confianza de ciudadanos, candidatos, organizaciones políticas y otras partes electorales interesadas, por medio de la implementación eficaz del sistema de gestión de la calidad electoral, incluyendo procesos para la mejora continua, dentro del marco legal establecido…”
Ups, imagínense a la Secretaría de Economía exigiendo al Instituto Nacional Electoral (INE) y a los Organismos Públicos Locales Electorales (Oples) que previo a cualquier elección demuestren su capacidad para realizar elecciones, ya ni siquiera en base a los principios rectores de la actividad electoral: Independencia, imparcialidad, certeza, legalidad, objetividad y transparencia.
Porque la norma pide resultados confiables, transparentes, libres y justos, lo cual tampoco coincide del todo con las características del voto: Libre, directo, secreto, personal e intransferible, además de universal.
Y eso de resultados justos, ¿qué significa? ¿Qué gane el partido o el candidato que determine el Gobierno Federal?
Ja. ¿Y cómo deberán cumplir la gestión de calidad el INE y los Oples? ¿Entregando a la Secretaría de Economía planes de trabajo, dándole a revisar lineamientos y proyectos de acuerdo antes de ser aprobados por el Consejo General? ¿Entregando el Sistema de Resultados Preliminares?
¡Por favor! Nada más falta que el Gobierno Federal pretenda que Talleres Gráficos de la Nación o cualquier otra imprenta de tales dimensiones ponga a su disposición las tintas, claves y medidas de seguridad para la elaboración de las boletas electorales.
¿La Secretaría de Economía entonces revisaría y daría luz verde si considera que los planes, acuerdos y sistemas del INE y de los OPLES cumplen con lo estándares de calidad determinados por dicha dependencia?
En la Cuarta “T” han perdido la razón.
Y lean el resto del contenido de la síntesis del proyecto de norma:
“NOTA 3 Los organismos electorales pueden constituirse de manera tal que reflejen los requisitos legales locales.
“NOTA 4 En este proyecto de norma mexicana el término «producto» aplica solamente al servicio electoral brindado por el organismo electoral.
“Este Proyecto de Norma Mexicana es aplicable al período de elección, incluidas las actividades o procesos previos y posteriores a las elecciones (…) y es aplicable a todos los organismos electorales involucrados en cualquier aspecto del proceso electoral, ya sean organizaciones permanentes u organizaciones temporales establecidas en apoyo de un período electoral en particular”.
¿¡Qué es eso!? ¿¡De qué se trata!? ¿¡A quién se le ocurrió tal aberración!?
Lo dicho en la citada “Nota 3”, ¿significa que los Oples deberán integrarse como antaño? Pero no corresponde a la Secretaría de Economía legislar al respecto, sino al Congreso de la Unión.
El proyecto de norma representa todo un retroceso, es como regresar a aquellos tiempos en que el Ejecutivo tenía el control de las elecciones, pues presidía la Comisión Electoral mediante el titular de la Secretaría de Gobernación; ahora sería a través de una norma para revisar “calidad de gestión” de elecciones vía la Secretaría de Economía.
Una “norma” que, incluso, entraría a sustituir la facultad reglamentaria del INE y los controles del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Sí, los procesos electorales se han convertido en un negocio, en una actividad muy lucrativa, pero intentar medir la capacidad de los organismos electorales para obtener resultados confiables nunca debe ser facultad del Ejecutivo.
