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Opinión por Rosy Ramales
Santiago Xanica, municipio localizado a 1261 metros de altitud a nivel del mar, es un ejemplo de las tantas situaciones oscuras que se esconden en la pobreza de pueblos y comunidades indígenas de la enigmática Sierra Sur del estado mexicano de Oaxaca.
Esa misma Sierra donde en agosto de 1996 emergió el autodenominado Ejército Popular Revolucionario (EPR), cuyos miembros bajaron al poblado costero de La Crucecita, Santa María Huatulco, para atacar instalaciones de la Armada de México. Mientras otra cuadrilla de dicho ejército subversivo atacaba policías en el municipio de Tlaxiaco, en la Mixteca oaxaqueña.
Entonces, indígenas de los Loxicha, sobre todo del municipio de San Agustín Loxicha, fueron señalados, perseguidos y encarcelados como miembros del EPR.
La misma Sierra donde frecuentemente el Ejército Mexicano, en coordinación con la Fiscalía General de la República, destruye sembradíos de marihuana.
La misma Sierra donde se localizan micro-zonas como los Loxicha, los Ozolotepec, los Coatlanes, entre otras, y Santiago Xanica; zonas de difícil acceso no solo por su ubicación geográfica, sino también por la diversidad de conflictos sociales, agrarios, electorales.
Pero muchos conflictos tienen un origen distinto, un trasfondo inconfesable; historias similares de municipios de la mixteca oaxaqueña y la zona de los Yautepec.
La impenetrable Sierra Sur tiene una extensión de 15 493 Kilómetros cuadrados, y abarca cuatro distritos: Miahuatlán, Putla, Sola de Vega y Yautepec; cuenta con 68 municipios, algunos de alta marginación, como Zaniza, Amoltepec y Los Loxichas. Es una región montañosa atravesada por la Sierra Madre del Sur.
La Sierra Sur no solo es enigmática, sino también es estratégica; comunica a las regiones oaxaqueñas del Istmo de Tehuantepec por la zona de los Yautepec, a la Costa (sobre todo a Huatulco), a la Mixteca y a los Valles Centrales, donde se ubica la capital del estado.
Pues ahí, en la Sierra Sur, concretamente de Santiago Xanica el domingo pasado se vivió otra historia sangrienta en el contexto electivo de este municipio regido electoralmente por Sistemas Normativos Indígenas: Torturaron y golpearon brutalmente a una persona identificada como Wilbert M.M.
Oficialmente se desconoce cómo ocurrieron los hechos. Lo que se sabe es que funcionarios del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) fueron obligados por un grupo de encapuchados a llevarse a Wilbert M.M, caso contrario no los dejarían salir tras remover un derrumbe que les había servido de barricada para parar la unidad del Instituto.
Dicho personal regresaba de atestiguar el registro de candidatos y candidatas ante el Consejo Electoral Indígena de Santiago Xanica (el cual había rechazado a un aspirante) para la elección programada para el día 20 del mes en curso, mediante el método de asamblea comunitaria con votación en pizarrón de manera simultánea en las tres agencias y en la cabecera municipal.
El personal del IEEPCO no tuvo más opción que llevarse aquél hombre golpeado, semi-desnudo, atado de pies y sin sentido, que metieron en el asiento trasero de la camioneta pic-up. Los funcionarios electorales lo trasladaron hasta el hospital más cerco, en Santa María Huatulco, donde médicos determinaron el deceso de la persona.
Los funcionarios electorales no vieron quien ni como golpearon a la persona, que resultó ser elemento de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), aunque ese día no estaba de servicio, y esposo de Aída Hernández, una de las candidatas a la presidencia municipal de Santiago Xanica, quien según su testimonio también fue atacada.
Ese día también desaparecieron dos elementos de la Policía Estatal, que ayer fueron encontrados con vida, pero golpeados brutalmente, semidesnudos y atados, en lo que fue la Finca San Pablo.
Santiago Xanica elige presidente municipal para un periodo de tres años (en los municipios de Sistemas Normativos Indígenas la duración del cargo varía) y regidores cada año. Pero ahí el conflicto dista de ser meramente electoral. Parece tener un trasfondo que ni siquiera las autoridades estatales y federales competentes se atreven a revelar.
El conflicto en Santiago Xanica no es nuevo; incluso, se dice que su actual presidente municipal Ricardo Luría despacha desde la capital oaxaqueña.
Sobre los últimos hechos ocurridos el domingo pasado, algunas personas que fueron atacadas responsabilizan de la agresión a miembros del Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas (CODEDI), organización que supuestamente emitió un comunicado en el cual se dice lo siguiente:
“(El domingo) debido a un derrumbe en la carretera algunos acudimos a ayudar acompañando al personal del SCT para poder abrir paso. En ese momento en la Finca Alemania arribó un hombre armado en una camioneta desconocida que de inmediato alertó a los topiles haciéndole la señal de alto. El conductor respondió de manera agresiva provocando así una confrontación. El hombre resultó ser judicial… venía fuertemente armado bajo el efecto de la droga que también le fue decomisada. La gente se enardeció y entre los jaloneos resultó herido por piedras. Horas mas tarde falleció… Horas más tarde otros sujetos armados fueron retenidos, resultando ser agentes de la policía estatal. Las armas decomisadas, los casquillos que el agente de la AEI disparó y la droga, evidencian el mal proceder de estas personas, de esta manera evidenciamos lo que verdaderamente sucedió.
“Resaltamos que el judicial agredió a la comunidad disparando contra la camioneta que le fue decomisada al síndico de Coixtepec por su participación en el atentado contra la comunidad de Santiago Xanica en la que participaron sicarios, armados con fusiles de alto impacto…De esto se ha hecho la demanda pública al estado y hasta el momento no ha habido resultados a pesar que uno de los sicarios fue entregado a la Procuraduría General de la República…
“Nos deslindamos de las supuestas desapariciones porque ningún policía quedó retenido en nuestro espacio… Tenemos todos los argumentos para que se aclare esta situación.
Como pueblos indígenas no vamos a permitir la intromisión del crimen organizado. Y denunciaremos cualquier encubrimiento de las autoridades…No más criminalización a la lucha social.”
¿Droga? ¿Armas de alto poder? ¿Sicarios? ¿Crimen organizado? ¿Y lo sabe la Fiscalía General de la República? ¿Por qué salen a relucir conceptos que nada tienen que ver con el tema estrictamente electoral? ¿O la búsqueda del poder municipal implica la búsqueda de un poder fáctico?
¿Quién tiene la razón? ¿CODEDI? ¿El grupo contrario? ¿Los elementos policíacos? ¿Por qué en pueblos sumidos en la pobreza se habla de armas de alto poder? Incluso, la candidata en un video donde da su testimonio (subido a redes sociales) también habla de sicarios.
CODEDI tiene la protección de varias ONG’S en materia de derechos humanos, y escuelas de capacitación donde estudian niños y niñas de diferentes comunidades. ¿Y qué estudian?
Los gobiernos federal y local ha descuidado la atención a la Sierra Sur, donde después de la aparición del EPR se proyectó un plan de desarrollo para esa región, sobre todo para los Loxicha. Pero hasta ahí quedó todo; el resto de los pueblos, comunidades y municipios siguen en el olvido.
Es más, personajes que fueron criminalizados (hombres y mujeres) como eperristas o como familiares de guerrilleros, forman parte de dependencias, instituciones, organismos, del actual Gobierno Federal; en consecuencia, conocen perfectamente los enigmas de la Sierra Sur.
