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#Opinión Por: Rosy RAMALES
Ciertamente, no es culpa del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) proponer un financiamiento público del orden de los 6 mil 788 millones de pesos para los partidos políticos nacionales y candidatos independientes para el próximo año de proceso electoral federal; financiamiento que equivale al peor de los insultos frente a la pobreza de millones de mexicanos.
La fórmula y los porcentajes para obtener el total del financiamiento público, son disposiciones legales. Y como los partidos, vía sus legisladores en el Congreso de la Unión, son quienes confeccionan las leyes electorales, pues se despachan con la cuchara grande. Vean si no.
Desglosando, en el 2018 los partidos políticos nacionales tendrán:
Aproximadamente 4 mil 296 millones pesos solamente como financiamiento público anual para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes. Se obtiene multiplicando el número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral (87,557,868 con corte al 31 de julio) por el 65% del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente (75.49 pesos), o sea por 49.07 pesos.
Adicionalmente tendrán 2 mil 148 millones de pesos como financiamiento para las campañas políticas, y que equivale al 50% del financiamiento público anual citado en el párrafo anterior; así lo dispone la ley cuando coinciden las tres elecciones: Presidente de México, senadores y diputados federales.
Y ahí no acaba el abuso, hay más:
Tendrán también cerca de 129 millones pesos para actividades específicas, y que equivale al 3% del financiamiento público anual para actividades ordinarias.
Más 171 millones 853 mil 323 pesos por concepto de franquicias postales, y que equivale al 4% también del financiamiento público anual para actividades ordinarias.
Más 693 mil pesos de franquicias telegráficas.
¿Digan si no es un abuso y un insulto para el pueblo mexicano sumido en pobreza y pobreza extrema?
Y nos referimos a “tendrán” tal financiamiento público los partidos políticos nacionales, porque los legisladores federales no reducirán el proyecto aprobado por el Consejo General del INE, primero porque el cálculo es en base a fórmulas y porcentajes establecidos en ley, y luego porque seguramente si por los legisladores fuera, lo incrementarían.
El dinero por concepto de financiamiento público en sus distintas modalidades, no es todo lo que obtienen y gastan los partidos políticos; tienen además el financiamiento privado en las vertientes autorizadas por la ley.
Pero como son insaciables y siempre quieren ganar las elecciones, no convenciendo al electorado con sus propuestas y buenos candidatos, sino a base de comprar conciencias y de manipular a los ciudadanos con la entrega de cuánta cosa y con la operación de un sin número de programas, sobre todo sociales, pues los partidos operan mediante el gobierno donde lo son en cualquiera de los órdenes: Federal, estatal y municipal.
Y lo hace hasta el partido político más democrático, ya sea de derecha, de izquierda o de centro. ¿O no?
Incluso, no solo operan desde el Ejecutivo y los ayuntamientos, sino también desde el Legislativo. Y en ocasiones son los propios legisladores tanto federales como locales quienes a título personal usan los recursos públicos del respectivo Congreso para realizar sus campañas de promoción personalizada agazapados en el pretexto de la gestión social, con sus excepciones.
Todo dinero público gira en torno a asuntos electorales, según parece.
EL FINANCIAMIENTO LOCAL
Además del financiamiento público federal, los partidos políticos nacionales reciben financiamiento público local en las entidades federativas, en algunas de las cuales, como en Oaxaca, se disparó con el cálculo de la fórmula general.
El financiamiento público local deberían recibirlo solamente los partidos políticos con registro estatal, los cuales quedan en desventaja frente a los nacionales.
LOS INDEPENDIENTES
De acuerdo al proyecto del INE, para los candidatos independientes para el 2018 se propone un financiamiento público de 42 millones 963 mil 332 pesos, y no crean que para cada uno de los que hubiera, sino para financiar las campañas de todos.
Porque la ley establece que los candidatos independientes, para efectos del financiamiento, en su conjunto serán considerados como un partido político de nuevo registro. De modo tal, que esos 42 millones 963 mil 332 pesos serán distribuidos entre todos los candidatos a Presidente de México y todas las fórmulas a senadores y a diputados federales de manera igualitaria, en una proporción del 3% para cada cargo.
¿Qué tal? Y eso solamente para la campaña electoral, porque los candidatos independientes no gozan de financiamiento público para recabar las firmas para cumplir con la cédula de respaldo ciudadano, sino ellos mismos aportan el gasto, eso sí fiscalizado por el INE.
Cuando elaboraron la reforma electoral, los legisladores trataron de manera inequitativa a los candidatos independientes en comparación a los partidos políticos. Claro, por miedo a ser desplazados éstos, por los independientes.
LO QUE OPINA CIRO MURAYAMA
El consejero electoral del Consejo General del INE, Ciro Murayama Rendón, dice que: “Si renunciamos al financiamiento público, al dinero limpio, estamos haciendo un llamado al dinero opaco para el financiamiento de las campañas políticas”.
Tiene razón en parte.
Porque es evidente que los partidos políticos y sus candidatos (con honrosas excepciones) se allegan de recursos de fuentes a veces inconfesables, y hacen arreglos financieros con grupos poderosos a cambio de concederles beneficios tras ganar las elecciones y asumir los cargos.
En ese contexto cabe preguntar: ¿Debe seguir existiendo financiamiento público para los partidos políticos? Sí, pero quizá en menor proporción. ¿Por qué no calcularlo sobre el número de ciudadanos inscritos en la Lista Nominal, que siempre es menor al Padrón Electoral? ¿O en base al número total de votos obtenido por el partido ganador en la elección inmediata anterior, que siempre será menor a cualquiera de ambos documentos?
Además, deben existir reglas más estrictas aplicables a los partidos. Por ejemplo, un umbral más alto para mantener el registro, y sanciones severas para cuando gasten el financiamiento público en forma indebida. Claro, las autoridades electorales administrativas y jurisdiccionales también deben cumplir con su papel y aplicar las normas sin miramiento alguno, en vez de consentir las irregularidades de los partidos.
Los ciudadanos están hartos de contribuir al gasto público para que partidos, servidores públicos, representantes populares y políticos en general vivan con todas las comodidades mientras la pobreza en el país se enseñorea.
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Correo: rosyrama@hotmail.com
