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Opinión Por: Rosy RAMALES
Parece que en México ya no es novedad el vínculo de políticos con el narcotráfico y el crimen organizado. Incluso, en algunos casos forman parte de los cárteles y de las bandas. Por lo menos así se desprende de la información correspondiente. Ya ven cuántos ex gobernadores tienen abiertos procesos penales por su probable participación en actividades ilícitas de este tipo.
Y los que no, andan envueltos en escándalos. Ahí esta el ejemplo más reciente: Los hermanos Humberto y Rubén Moreira Valdés, del gobierno de Coahuila; y Fidel Herrera y Javier Duarte, de Veracruz; todos priistas. Los primeros habrían sido sobornados y los segundos, financiados en sus campañas electorales, por ‘Los Zetas’, según se difundió en medios de circulación nacional en base a un análisis de estudiantes de la Universidad de Texas a declaraciones de miembros de esa banda.
Evidentemente, Humberto Moreira ya salió a negar el señalamiento. Y seguramente lo mismo dirán los demás personajes involucrados.
Y miren, la participación de políticos en asuntos de crimen organizado y narcotráfico, no es privativo de los priistas; también han sido señalados perredistas y panistas. Por ejemplo, los esposos José Luis Abarca Velázquez y María de los Ángeles Pineda en Iguala, Guerrero, municipio donde era presidente municipal (postulado por el PRD) cuando ocurrió la desaparición de los 43 normalistas.
Francamente asusta tan solo la idea de que tanto los partidos políticos como los Poderes en nuestro país estén infiltrados por el narcotráfico y/o el crimen organizado, en los distintos órdenes de gobierno: Federal, estatal y municipal. Es grave, de ser el caso.
El contexto anterior viene a colación, por la detención de Marco Antonio Sánchez Cruz, como probable responsable del delito de homicidio calificado con las agravantes de premeditación y ventaja; detención realizada este martes por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones del Estado de Oaxaca.
Tras la aprehensión del imputado, cetemistas prácticamente sitiaron la capital oaxaqueña y municipios conurbados, bloqueando todos los accesos, los principales cruceros y hasta caminos alternos, durante más de 12 horas, en las cuales nadie podía entrar ni salir en vehículos y los peatones corrieron el riesgo de ser agredidos al intentar cruzar los bloqueos.
Los cetemistas exigían la libertad de Marco Antonio Sánchez Cruz, uno de sus líderes, cuya detención fue legal, según sostuvo el Fiscal General de Justicia del Estado de Oaxaca, Rubén Vasconcelos Méndez.
La detención de este líder de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), ocurrió la noche del lunes pasado, en ejecución de la orden de una orden de aprehensión librada por el Juzgado Segundo de lo Penal dentro del expediente 86/2017, por el homicidio de cinco personas perpetrado en junio del 2013.
El Fiscal narró que en la noche del 13 de junio del 2013, cinco personas fueron asesinadas a la altura del kilómetro 180 de la carretera Cristóbal Colón en el poblado de San Pedro Totolapan, cuando caminaban a la orilla de la carretera con dirección de su domicilio y luego de regresar de una reunión de transportistas.
En ese momento, fueron agredidos con armas de fuego de uso exclusivo del Ejército Mexicano, por sujetos que iban a bordo de dos vehículos, entre los que se encontraba el referido líder cetemista, quien el lunes pasado fue puesto a disposición del juez penal.
Hasta ahí todo parece un caso donde se cometieron dos delitos: Uno del fuero federal al portar armas de fuego de uso exclusivo del Ejército Mexicano, y otro del fuero común, como es el homicidio. La inocencia o culpabilidad, la determinará en su momento el juzgador en materia penal.
Pero el caso parece tener otras aristas. Tras la detención del inculpado trascendió que Marco Antonio Sánchez Cruz, Secretario de Finanzas de la CTM en Oaxaca, también era investigado por presuntos vínculos con el narcotráfico. Y el lunes mismo habría sido trasladado a la Ciudad de México por elementos de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de la Delincuencia Organizada (SEIDO).
Caray, este tipo de casos son escabrosos y solo al juez compete determinar lo procedente.
Sin embargo, cabe preguntar: Si fuera verdad el vínculo del líder cetemista con el narco, ¿fue infiltrada esta organización tradicionalmente identificada con el sector obrero del PRI? ¿O el vínculo solo ha sido a título personal entre el hoy imputado y los grupos criminales?
¿Cuántos candidatos pudieron haber sido financiados por el narco vía cetemistas? ¿Esos candidatos ganaron? ¿Fueron o son diputados federales, locales, presidentes municipales? ¿Gobernadores también?
¿Desde cuándo habría empezado a operar el líder cetemista? Desde hace más de 12 años, según ha trascendido. Entonces, por lo menos en los dos últimos sexenios en que gobernaron el priista Ulises Ruiz Ortiz y el coalicionista Gabino Cué Monteagudo. Claro, tampoco quiere decir que los ex mandatarios hayan protegido actividades ilícitas.
Un dato interesante: La CTM en Oaxaca parece que ya no es monolítica, sino convergen distintos grupos, y no todos apoyan al PRI; en procesos electorales anteriores, cetemistas han respaldado abiertamente candidaturas de otros partidos políticos.
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Rosy RAMALES
