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#Opinión Por:Rosy RAMALES
Tampoco en Oaxaca está completo el entramado para operar el Sistema Anticorrupción, como referimos en columna anterior. Falta la actualización de por lo menos cuatro leyes secundarias, la sustitución de titulares de órganos autónomos vinculados al tema, la selección de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana y dinero.
El diputado Jesús Romero López de Morena, quien desde el inicio de la Legislatura local ha insistido en que desde ésta se avance en la materia, ve en la falta de recursos económicos el mayor obstáculo para operar en la entidad oaxaqueña el Sistema Anticorrupción, estatal y lo correspondiente al nacional.
Con dejo de preocupación ha dicho: “Para operar el Sistema se requiere de muchos recursos y en Oaxaca no lo tenemos”.
¿Cómo harán entonces? Pues el diputado sugiere que en los tres Poderes locales y en los órganos autónomos se cancelen gastos “inútiles y superfluos”. No es mala idea, pero la cancelación o el tijerazo deberán hacerlo los diputados locales cuando aprueben el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Oaxaca para el próximo ejercicio fiscal.
Nada más no vayan a salir con la grandiosa idea de aprobar un impuesto estatal contra la corrupción, tal y como a diputados de una Legislatura anterior se les ocurrió establecer un impuesto al desarrollo social que cobran en todo tipo de trámite registral, cuyo destino se desconoce y cuya efectividad no se percibe.
Incluso, la actual LXIII Legislatura local debe empezar poniendo el ejemplo y devolver los 149, 598, 650.00 millones de pesos que se reasignó cuando aprobó el Presupuesto de Egresos 2017.
El Gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, en el proyecto de Presupuesto propuso para el Legislativo 397 millones 297 mil 350.00 pesos, pero los diputados consideraron que era muy poquito en comparación de casi el doble manejado (y despilfarrado) por la Legislatura anterior, y, tras el berrinche y los amagos correspondientes, hicieron la auto-reasignación.
Y sin el menor intento de respaldo al proyecto del Ejecutivo por parte de la bancada del PRI; por el contrario. Incluso, algunos legisladores de distintas filiaciones, incluidos priistas, no tuvieron el mínimo de pudor en ufanarse de haberse recortado el presupuesto en comparación del ejercicio fiscal 2016. ¡Claro, pero acaso por en apenas 50 millones de pesos!
La Legislatura anterior manejó un presupuesto de alrededor de 600 millones de pesos, y el de la actual asciende a 546 millones 896 mil pesos, sin que se sepa cómo se distribuye entre las fracciones parlamentarias, cuál es el gasto corriente, cuánto se destina a la gestión social de los diputados, cuánto gastan en viáticos y boletos de avión, etc.
Eso sí, cual más anda en las comunidades haciendo caravana con sombrero ajeno, pues con el dinero del pueblo andan entregando cuánta cosa precisamente en la ante sala del proceso electoral concurrente en que tendrán la oportunidad de reelegirse. ¿Casualidad? ¿Todo sale del bolsillo personal de los diputados?
En fin, retomando el tema sobre el obstáculo que representa la falta de dinero para operar el Sistema Anticorrupción. Quizá pueda servir recuperar el exceso del gasto en el Poder Legislativo, donde siempre le deben a los proveedores y prestadores de servicios, pero siempre hay para satisfacer las exigencias de los legisladores.
Por lo pronto, según aseguran, los diputados locales han integrado una mesa de trabajo para escuchar observaciones por parte de representantes de las dependencias del Ejecutivo vinculadas con el Sistema Anticorrupción, órganos autónomos y demás poderes, sobre cómo hacer operativo el sistema desde las leyes secundarias. ¿En serio?
Ah, porque falta que la Legislatura local actualice la Ley Orgánica de la Fiscalía General, del Órgano Superior de Fiscalización y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, cuya iniciativa, por cierto, envió recientemente el Ejecutivo y apenas ayer le dio entrada el pleno legislativo.
La Legislatura local tiene hasta el 30 de agosto para aprobar las leyes secundarias. Es el segundo plazo que se pone; el primero venció el 18 de julio sin la menor preocupación por cumplir.
ELIMINACIÓN DEL FUERO
Como parte del entramado para el Sistema Anticorrupción, el gobernador Alejandro Murat Hinojosa envió a la Legislatura local, y ayer le dieron entrada, una iniciativa de ley preferente para eliminar el fuero de que gozan los diputados locales, los magistrados del Tribunal Superior de Justicia; los Secretarios; el Fiscal General; los magistrados del Tribunal Estatal Electoral; el Consejero Presidente, el Secretario Ejecutivo, los Consejeros Electorales del Consejo General del OPLE; los consejeros de la Judicatura, el Auditor Superior del Estado, los Sub Auditores y los magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y de Cuentas, Titulares e integrantes del órgano superior de dirección de los órganos constitucionales autónomos.
En hora buena. Porque hace mucha falta. Es hora de poner un hasta aquí al abuso de poder de quienes gozan de fuero. Así que vayan midiéndole el agua a los camotes.
Claro, siempre y cuando a los diputados no se les ocurra establecer procedimientos insuperables para proceder penalmente en contra de los desaforados por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo.
Son expertos en hacer normas que quedan en letra muerta.
CUENTA PÚBLICA
Y bueno, no hace falta la existencia completa del Sistema Anticorrupción para cumplir con el deber. Por lo tanto, los diputados locales de Oaxaca deben aprobar las Cuentas Públicas pendientes desde el 2014.
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