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CRÓNICA POLÍTICA: En la designación de las consejerías electorales se juega el destino de México

Opinión por Rosy Ramales

Con la convocatoria emitida ayer para renovar cuatro de las 10 consejerías (sin contar al consejero presidente) se genera la esperanza de integrar un mejor árbitro electoral.

Porque la integración del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) siempre será perfectible, lo cual depende de la voluntad de las cúpulas de los partidos políticos a través de sus líderes parlamentarios en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Aunque puede depender solamente de los líderes parlamentarios, pues en ocasiones éstos no obedecen a nadie en franca rebeldía, o se mandan solos porque el partido perdió el registro (como el caso del PES), o responden a intereses determinados por estar al garete (como el PRI).

Y fíjense, tales líderes parlamentarios son determinantes en el proceso de selección, pues es el órgano de dirección política (o sea, la Junta de Coordinación Política) el que finalmente impulsa la construcción de los acuerdos para la elección de las consejeras y los consejeros electorales, y una vez votada la decisión final, ésta se remite al Pleno. Así lo dice la ley.

Como ven, justamente en este momento del procedimiento se partidiza la designación de las consejerías; desde el 2014 y en la primera renovación escalona del Consejo General del INE ha venido siendo un reparto de consejerías entre los partidos, grupos políticos y hasta poderes fácticos.

Pero hay un filtro previo: El Comité Técnico de Evaluación.

Los intereses partidistas o de distinta naturaleza (incluso, inconfesables) pueden acotarse si acaso dicho Comité (que debe crearse ex profeso) se integra con personas honorables, honestas, con un alto sentido de la incorruptibilidad, con amor a México. Ja, es como pretender arrancarle un grito al silencio, pero la esperanza muere a lo último.

Por mandato constitucional, el Comité Técnico de Evaluación debe integrarse por siete personas “de reconocido prestigio”, de las cuales tres serán nombradas por el órgano de dirección política de la Cámara de Diputados (o sea, por la Jucopo), dos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), y dos por el organismo garante establecido en el artículo 6º de la Carta Magna (el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales).

Uy, como están las actuales circunstancias, Morena ya la lleva de gane, solo o con sus aliados (PT, PVEM y los pesistas sobrevivientes).

Seguramente predominará la opinión de Morena y aliados en la integración del referido Comité, a eso súmenle las dos personas propuestas por la CNDH, donde la titular fue impuesta por Morena. Ya solo quedarían los dos del INAI como más o menos neutrales.

Imagínense el jaloneo que viene.

Desde el momento de la integración del Comité Técnico de Evaluación se sabrá por dónde va la línea en el proceso de designación de los cuatro consejeros y/o consejeras que deben asumir el cargo en los primeros días de abril próximo al concluir el periodo de Marco Antonio Baños Martínez, Benito Nacif Hernández, Enrique Andrade González y Pamela San Martín Ríos y Valles.

Porque el Comité Técnico tiene a cargo la recepción de las solicitudes de las personas aspirantes a consejería electoral, la revisión del cumplimiento de los requisitos y la evaluación de la idoneidad para desempeñar el cargo; luego selecciona a los mejores evaluados en proporción de cinco por cada vacante, cuya relación remite al órgano de dirección política de la Cámara de Diputados.

La evaluación de la idoneidad es algo muy subjetivo. Si alguien del Comité Técnico es un “luchador social” propuesto por la CNDH, o un intelectual sin pizca de conocimientos en materia electoral, ¿cómo pueden saber quiénes de los aspirantes son idóneos? ¿En base a qué califican la idoneidad?

¿O desde ahí empieza la partidización? ¿Resultará idónea para la consejería electoral la persona con afinidad política? ¿O la que se comprometa con determinado partido? ¿O la que se ponga de rodillas?

 Hasta el momento Morena tiene todas las posibilidades de quedarse con las cuatro consejerías, o acceder a repetir el reparto de éstas. Pero como dice la vox populi, “el que parte y reparte se queda con la mejor parte”. Y en la lógica política, Morena querrá controlar al árbitro electoral.

A menos que ocurra un milagro. O a menos que la oposición en la Cámara de Diputados maniobre de tal modo de llevar el proceso de designación hasta la última opción: La insaculación vía la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En fin, nuestro país se encuentra en un momento clave en manos de la Cámara Baja del Congreso de la Unión, cuyos integrantes deben estar conscientes que en la designación de las consejerías electorales se juega el destino no solo del árbitro electoral, sino también el destino de México.

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