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#Opinión Rosy RAMALES
Sin duda, es necesario denunciar, prevenir y combatir los delitos electorales, los cuales en su mayoría son conductas que atentan en contra de la voluntad popular en la elección de los integrantes de los órganos de gobierno.
Es más, todos los delitos electorales deberían considerarse como graves porque lesionan la voluntad del pueblo soberano; y ya no es éste, sino grupos políticos e intereses inconfesables los que ponen e imponen a gobernadores, diputados y concejales a los ayuntamientos. Así, los mandatos de nuestra Constitución General se vuelven cero a la izquierda.
¿Qué establece el artículo 39 de la Carta Magna? Establece: “La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.”
¿Y qué pasa? Los grupos políticos, los caciques e intereses diversos inhiben, compran, disuaden a ese pueblo soberano integrado por cada elector y electora, cuya voluntad debieran hacer valer en las urnas electorales masiva y contundentemente, para que no quede lugar a dudas de quien manda.
Lamentablemente no ocurre así.
El contexto anterior viene a colación por la denuncia presentada ante la FEPADE por los comités Nacional y Local del PRI en contra del Gobernador de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo, y del candidato a la sucesión de la coalición CREO, integrada por el PAN-PRD, José Antonio Estefan Garfias, por presuntos delitos electorales; eso según dice un comunicado priista.
Conforme a ese despacho informativo, basan su denuncia en un audio-video en el cual, según los priistas, se evidencia que Cué pretende realizar “una elección de Estado”.
¿Y el Gobierno Federal, no? Como dijo Jesús: “El que esté libre de culpa que tire la primera piedra”.
Cualquiera de los casos sería grave. Y sí, la FEPADE debe de intervenir en la actividad delictiva electoral de los gobiernos Estatal y Federal; de haberla, por supuesto. Porque se tiene que probar de manera fehaciente. No basta con un audio-video, sobre todo sí éste fue obtenido de manera ilegal o confeccionado de manera ex profeso; lo ilícito no es prueba.
En materia penal rige el principio de legalidad, y la conducta desplegada debe adecuarse exactamente al tipo penal. En fin, corresponde a la FEPADE investigar.
Amén de todo ello, con sus denuncias penales y acusaciones públicas, sin que presenten pruebas verdaderas, los priistas de Oaxaca solo evidencian su temor a perder las elecciones de gobernador del próximo cinco de junio.
Parecieran estar cantando su derrota.
Incluso, basan sus acusaciones en una inminente “Elección de Estado”. ¿Y si el PRI gana? ¿También será “Elección de Estado”?
Lo realmente evidente es que los priistas oaxaqueños (con sus excepciones) no tienen la seguridad de ganar la gubernatura. Es más, en el ambiente se percibe malestar, enojo, incertidumbre, en buena parte de la militancia. ¿Por qué? Por las imposiciones en las candidaturas a las diputaciones y concejales.
Además, a solo días de celebrarse la jornada electoral, la tendencia sigue muy cerrada entre el candidato de la coalición “Juntos Hacemos Más” (PRI-PVEM-Panal), Alejandro Murat Hinojosa, y el candidato de la coalición “Con Rumbo y Estabilidad por Oaxaca” (PRD-PAN), José Antonio Estefan Garfias.
Pero la diferencia es a favor de Estefan Garfias.
Sin embargo, nada está dicho; el triunfo o la derrota de cualquiera de los dos depende en mucho de los electores indecisos y del voto oculto; factor muy alto en todas las encuestas electorales.
Por eso el PRI le apuesta a una baja participación ciudadana en las urnas electorales el próximo cinco de junio; es decir, le apuesta a que las electoras y los electores no salgan a votar, pues entonces prevalecería su voto duro.
¿A qué más le puede apostar? A la violencia.
Los maestros, otro riego para la voluntad popular
Parece mucha casualidad la permanencia de los profesores de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) plantados en el Zócalo de la Ciudad de Oaxaca, en la víspera de las elecciones del próximo cinco de junio. Y todos los días han realizado marchas y bloqueos a vialidades principales, dependencias de gobierno y centros comerciales.
Y uno se pregunta: ¿Cómo es que resisten tanto sabiendo del riesgo de ser despedidos? De entrada saben del descuento salarial. ¿Cómo se sostiene económicamente el movimiento magisterial? ¿Tiene alguna fuente de financiamiento de carácter político-electoral?
Relativamente son pocos los profesores de la Sección 22 del SNTE en movilización; sin embargo, aún cuentan con organizaciones afines con las cuales puede accionar. Por ejemplo, en un boicot electoral.
Si el Gobierno Federal no disuade de algún modo (pero sin violencia) la movilización magisterial en Oaxaca, entonces ¿el objetivo es electoral? En el 2015 las fuerzas federales actuaron demasiado tarde y la consecuencia fueron elecciones violentadas, pero declaradas válidas, donde el PRI obtuvo el mayo número de diputaciones federales.
¿Próximo pleito por el reparto pluri?
Hace algunos días el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) aprobó criterios para la repartición de las diputaciones por el principio de representación proporcional. Y en la sesión ex profeso, se discutió sobre todo el porcentaje de votación requerido para que los partidos políticos locales accedan a dicho reparto.
Ahí el problema. Porque la ley general exige un umbral del 3% de la votación válida emitida tanto para los partidos políticos con registro nacional como para los partidos políticos con registro estatal. Sin embargo, la actual Legislatura oaxaqueña aprobó un umbral del 2% para aquellos partidos estatales con pertenencia indígena.
Ese 2% no fue controvertido ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cuando diversos partidos impugnaron varias disposiciones de la reforma electoral oaxaqueña; solamente combatieron el 2% que la Legislatura oaxaqueña aprobó para que los partidos locales pudieran conservar el registro, disposición que fue invalidada por la Corte, pues la ley general también exige 3% al parejo tanto partidos nacionales como locales.
Y así quedó el acuerdo: Los partidos políticos locales con pertenencia indígena tendrán derecho a acceder al reparto de diputaciones plurinominales habiendo alcanzado mínimo el 2% de la votación válida emitida en las elecciones de diputados.
¿Pudo el Consejo General establecer como criterio el 3% exigido en la ley general? Hay quienes dicen que no, pues carece de la facultad para ello? Hay quienes opinan que sí.
Finalmente el acuerdo sobre los criterios para repartir las diputaciones plurinominales, es controvertible, aún cuando no sea responsabilidad de las consejeras y de los consejeros electorales, ni del Consejero Presidente, Gustavo Meixueiro Nájera.
La disposición que favorece a los partidos locales con pertenencia indígena al pedirles solamente el 2% de la votación válida emitida, deja en desventaja a los partidos políticos nacionales, porque entonces éstos tendrán menos diputados de representación proporcional.
¿Y ustedes creen que lo van a permitir?
Pues no. Porque se ha visto en las Legislaturas que diputados por componenda, terminan traicionando al partido que le regaló los votos. Bien dice la vox populi, “cría cuervos y te sacarán los ojos”.
Con sus honrosas excepciones, los diputados pluris de los partidos chiquitines han jugado doble papel y respaldan las iniciativas de la fracción parlamentaria que mejor le paga el favor.
Además los tiempos y las circunstancias no están para andar regalando diputaciones.
En fin, que el citado acuerdo seguramente será impugnado. ¿Cuándo? Pues está corriendo el plazo. Y también sería controvertible la diputación asignada en base a una norma especial, como parece ser ese umbral del 2% para que los partidos locales con pertenencia indígena tengan acceso al reparto de las pluris.
Ja. Paradójico: En las primeras posiciones de listas de representación proporcional (plurinominales) va de todo, menos indígenas; con sus excepciones.
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