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#Opinión Por: Rosy RAMALES
El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción presentó demanda de amparo en contra del Congreso del Estado de Oaxaca por incumplir los plazos para la integración e instalación cabal del Sistema Local Anticorrupción; el pleno legislativo solamente eligió en tiempo al Fiscal de la materia, y en forma dudosa.
En julio venció el plazo legal para que las entidades federativas aprobaran las reformas pertinentes a su Constitución y leyes secundarias, a efecto de instalar su respectivo Sistema Anticorrupción. Sin embargo, las diputadas y diputados de la LXIII Legislatura del Congreso oaxaqueño se dieron un nuevo plazo al 30 de agosto con carácter de “improrrogable”.
Y en la víspera del término del nuevo plazo, confeccionaban las leyes secundarias prácticamente sobre las rodillas y a marchas forzadas. Se desconocía hasta el Orden del Día para la sesión ordinaria programada precisamente para el miércoles 30 de agosto, aun cuando el documento debería estar listo 24 horas antes de la sesión.
Incluso, había jaloneos entre diputados y diputadas (con sus excepciones) de las distintas fracciones parlamentarias porque había quienes pretendían prorrogar nuevamente el plazo para la conclusión de todas las normas que exige el Sistema Anticorrupción. Eso sí, cuando aprobaron las reformas relativas a la Constitución Política Local en tribuna se desgarraron las vestiduras colgándose la medallita.
No obstante, hasta ahí quedó todo. Bueno, con 27 votos a favor el pleno del Congreso oaxaqueño eligió a Jorge Emilio Iruegas Álvarez como Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción. Tal elección generó descontento en algunos diputados en cuanto a ciertas dudas sobre el procedimiento.
Tras las reformas a la Constitución Política Local, diputadas y diputados casi juraron que aprobarían dentro del plazo legal las reformas a las leyes secundarias, así como la creación de otras tantas. ¿Y qué ha pasado? Pura dilación y negociaciones.
La dilación del Congreso oaxaqueño provocó que el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, que preside Jacqueline Peschard (e integran Mariclaire Acosta, Alfonso Hernández, José Octavio López Presa, Luis Manuel Pérez de Acha) presentará demanda de amparo porque las y los diputados locales detuvieron la armonización anticorrupción.
El Congreso local no aprobó en tiempo las reformas a las leyes secundarias ni aprobó la creación de otras: No derogó la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para crear la correspondiente, no desapareció la cuestionada Auditoría Superior del Estado para dar lugar a otro órgano de fiscalización y, entre otras cosas, no hizo la actualización presupuestal correspondientes para poner a funcionar el Sistema Local Anticorrupción.
Ah, y no ha elegido al Comité Seccionador del Consejo Ciudadano; también prorrogó el plazo, aunque en este caso porque solamente se había inscrito un interesado. ¿¡Imagínense!? Así está la credibilidad de los diputados locales que ya nadie quiere participar en sus procesos de selección. Y quizá tampoco nadie cree en el Sistema Local Anticorrupción, que ni siquiera está instalado.
¿Qué razón tan poderosa ha llevado a las y los diputados oaxaqueños a detener la integración e instalación cabal del Sistema Local Anticorrupción? Solamente puede tratarse de muy fuertes intereses políticos y económicos, y quizá hasta inconfesables.
La dilación en la materia, también es corrupción.
Entonces cabe preguntar: Las y los diputados locales de Oaxaca (con sus honrosas excepciones), ¿son flojos o corruptos? ¿O ambas cosas? Eso sí, andan imparables en sus giras entregando cuánta cosa, inaugurando obras y haciendo promesas, con el ánimo de reelegirse en las elecciones del 2018. Santa Claus se queda cortísimo a su lado.
Hasta la media noche de este martes, previo al día de la sesión ordinaria, estaban entrampados en los cabildeos y negociaciones. Y no sabían si “subirían o bajarían” del Orden del Día la armonización anticorrupción, y si se darían otra prórroga sobre lo improrrogable.
Incluso, había una fuerte resistencia, sobre todo por parte de algunos diputados del PRD, en desaparecer la Auditoría Superior del Estado, presidida por Carlos Altamirano Toledo, quien fuera Secretario de Desarrollo Social y Humano del entonces gobernador Gabino Cué Monteagudo, y señalado de haber sido promovido al cargo de Auditor por el partido del Sol Azteca, aunque él lo ha negado.
Sin embargo, en la Legislatura en que fue electo Auditor era diputado su sobrino Carol Antonio, y en la actual Legislatura también lo es y coordina, como aquél entonces, la fracción parlamentaria del PRD. Aunque la resistencia de Carol es más bien un run run en el resto de las bancadas locales; él ahora no ha defendido al titular de la Auditoría, por lo menos públicamente.
En fin, que lo que sí preveían la noche del martes es desaparecer, en la sesión ordinaria de este miércoles, la Auditoría Superior del Estado, por cierto, cuando fue creada la integraron vía cuotas de partidos, de modo tal que el PRI y el PRD pusieron subauditores.
Tal desaparición, que supone un paso más en la armonización anticorrupción, también generó pleito entre las y los legisladores locales porque los de oposición temen que el nuevo órgano de fiscalización lo presida un priista.
A ver en qué termina la resistencia, dilación, flojera o corrupción en el Congreso oaxaqueño. En lo que sí tienen razón los diputados locales es en la falta de presupuesto para operar el Sistema Local Anticorrupción, pero bien pueden desprenderse de los 150 millones de pesos que se auto-reasignaron.
¿NEGOCIOS EN LA AUDITORÍA?
Por cierto, la Auditoría Superior del Estado de Oaxaca aparece en dípticos donde se anuncia un curso taller “El registro de la obra pública en el SIMCA y reportes de la Ley de Disciplina Financiera”.
Hasta arriba del díptico, en una de las esquinas, se lee: SIMCA (Sistema Municipal de Contabilidad Armonizada); abajo aparece el nombre de la Auditoría, y en medio se precisa: “Cuota de recuperación $2,900.00 (dos mil novecientos pesos)”. Los organizadores programaron el taller para los días 30 y 31 de agosto del año en curso.
Preguntas: ¿Qué persona o qué dependencia organizó el curso taller? ¿La Auditoría Superior del Estado de Oaxaca forma parte de los organizadores? ¿La Auditoría tiene facultades para cobrar cuotas de recuperación? ¿El curso taller es negocio? ¿De quién?
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Correo: rosyrama@hotmail.com
