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Opinión por Rosy RAMALES
Según el bosquejo de acciones prioritarias para los primeros años del próximo Gobierno Federal encabezado por el izquierdista Andrés Manuel López Obrador, le irá bien al Sur-Sureste del país. Y en verdad, ¡ya era hora!
Porque ha sido la región por muchísimos años olvidada. Quizá desde la época de los presidentes Benito Juárez García y Porfirio Díaz, el Sur-Sureste no ha tenido la atención que merece en la historia de México.
Vaya, ni los gobiernos emanados del Partido Acción Nacional (PAN) de Vicente Fox Quesada y de Felipe Calderón Hinojosa voltearon a ver tierras sureñas. Por eso la derecha permanece desdibujada en el mapa político-electoral de esta región.
Las mejores acciones de gobierno se han concentrado siempre en las entidades del centro y norte del país. Incluso, la Ciudad de México recibió fuerte impulso a partir del gobierno de AMLO como Jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal.
De ahí el desarrollo acelerado en aquellas entidades en comparación al subdesarrollo de los estados del Sur-Sureste, donde el desapego tanto del Gobierno Federal como de los gobiernos locales han generado madrigueras de las mal llamadas organizaciones sociales, que, con sus excepciones, no son otra cosa que un modus vivendi.
En fin, el virtual Presidente Electo acaba de anunciar la inyección de 500 mil millones de pesos para 7 obras prioritarias para la zona marginada del país, entre ellos: El Proyecto Istmo de Tehuantepec para unir los países de Asia con la costa este de Estados Unidos, el tren rápido Maya de Cancún a Palenque y la construcción de 300 caminos rurales (Guerrero y Oaxaca, principalmente) para generar 50 mil empleos.
Además, serán construidos 300 caminos rurales con concreto, donde se empleará mano de obra para generar 50 mil empleos, sobre todo en Oaxaca y Guerrero, estados donde hay municipios sin caminos pavimentados.
Y se terminará la reconstrucción de las zonas afectadas por los terremotos de septiembre del 2018. No precisó exactamente qué lugares. Pero los sismos afectaron principalmente las entidades de Oaxaca (las regiones del Istmo y la Mixteca), la Ciudad de México, Morelos y Puebla.
Conectará a internet a toda la República, pues actualmente sólo 25% de la población cuenta con ese servicio. Esta acción seguramente será apreciada en las comunidades marginadas. Claro, el internet no es un lujo, es una necesidad; incluso, lo ubican ya como parte de los derechos humanos impostergables.
Aunque, bueno, en esa acciones prioritarias también incluyó el dictamen y consulta del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM).
Y lo mejor de todo, lo hará sin deuda pública. ¿Cómo lo hará? Es algo que falta por explicar. Quizá empezará de lo más pequeño a lo más grande, con los ahorros en los tres Poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
En fin, ojalá que AMLO sí cumpla con las entidades del Sur Sureste, que le aportaron los millones de votos necesarios para su victoria contundente. Ahora no puede olvidarlas. Es más, moralmente está obligado a cumplirles.
Por cierto, el tabasqueño también prometió la primer refinería para su entidad natal.
PREOCUPACIÓN POR LOS PENDIENTES EN DELEGACIONES
En las Delegaciones Federales hay pendientes. Por ejemplo, proyectos ingresados por productores, organizaciones de la sociedad civil, pequeños empresarios, con el ánimo de ser beneficiados en los primeros meses de 2019.
Sin embargo, hay mucha preocupación, porque en diversas Delegaciones de las Secretarías del Gobierno Federal han empezado a decir a los beneficiaros que sus proyectos han sido cancelados porque ya no habrá Delegaciones en la administración de AMLO.
Además de que ya no hay recursos, ni los habrá en enero para proyectos. Ups. ¿En serio? Entonces, ¿qué harán los productores, micro-empresarios y comerciantes?
EL LÍO DE LAS CASILLAS ESPECIALES
Elección tras elección se agotan las boletas en las casillas especiales, generando conflicto y protestas de los ciudadanos que pretenden votar en las mismas, salvo cuando se trata de comicios intermedios.
Pero en las presidenciales los ciudadanos se desbordan en las casillas especiales. Entonces era de preverse el conflicto en el 2018, máxime cuando concurrieron las tres elecciones federales con las locales en 31 entidades federativas, y en 8 hubo comicios de gobernador y en la Ciudad de México de Jefatura de Gobierno.
El Instituto Nacional Electoral (INE), que es la autoridad rectora en el tema de las casillas electorales, debió preverlo. Ciertamente, la ley solamente autoriza 750 boletas por casilla especial. Sin embargo, el Consejo General pudo haber aprobado un acuerdo para ampliar el número de boletas para casillas especiales.
O, en su caso, para ampliar el número de casillas especiales por distrito electoral.
Claro, se arriesgaban a un revés del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPF) si algún partido político impugnaba el acuerdo. Pero siembre cabe la probabilidad de que el órgano jurisdiccional dé la razón al Consejo General del INE. Caray, si se atrevieron a legislar en diversos tema, ¿por qué no respecto a las casillas especiales?
El problema en casillas especiales despertó el enojo de las ciudadanas y de los ciudadanos; incluso, en algunas ciudades protestaron airadamente y hasta bloquearon calles molestos porque no ya no alcanzaron boleta para votar en casillas especiales. Y se quedaron con la sensación de haber “plan con maña”.
En fin, la jornada electoral ya pasó, el problema ya se vivió, y ahora queda que los próximos legisladores del Congreso de la Unión reformen la ley para ampliar el número de boletas en casillas especiales y el número de éstas, por lo menos cuando se traten de elecciones presidenciales y de gobernador.
Pero también es necesario que con anticipación tanto el INE como los Institutos Estatales Electorales emprendan amplias campañas para hacer conciencia en ciudadanas y ciudadanos de que las casillas especiales son para que electores en tránsito puedan ejercer su derecho a votar.
Luego ocurre que los votantes tienen relativamente cerca su sección electoral, pero van a casilla especial, muchas veces por manipulación de partidos políticos como una forma de evitar que voten los verdaderos electores en tránsito; una maña para ganar votos.
