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CRÓNICA POLÍTICA: 2017 y 2018, combustibles a libre mercado

#Opinión Rosy RAMALES

Un empresario regiomontano me dijo: “Si el Presidente quisiera, saldría informando la aprehensión de Javier Duarte y la eliminación, pero ya, de los legisladores plurinominales”.

Lo dijo como acciones para aminorar el enojo ciudadano por el gasolinazo. ¿Y por qué la detención del ex gobernador de Veracruz? Porque la ciudadanía tiene la sensación de que los impuestos cargados al combustible solamente están sirviendo para incrementar la fortuna de políticos encumbrados en las gubernaturas, pues un porcentaje considerable de lo recaudado por el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) se distribuye entre los estados.

Entonces los ciudadanos se han cansado de contribuir al gasto público para que los mandatarios se embolsen el dinero y luego huyan, como Duarte; de cuyo paradero nadie sabe como si el PRI y el gobierno lo encubrieran, a pesar de la promesa del presidente nacional del partido, Enrique Ochoa Reza.

Claro, el caso Duarte es uno de los más representativos de la corrupción en México, además de los casos de ex gobernadores acusados de lavado de dinero y delincuencia organizada: Quintana Roo, Chihuahua, Durango, Tamaulipas, Nuevo Léon, Sonora y Coahuila. Y el de Oaxaca (Gabino Cué Monteagudo) por presuntos malos manejos del erario.

Los hay del PRI, del PAN y del PRD.

Incluso, el mismo presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), Graco Ramírez, mandatario de Morelos emanado de las filas perredistas, ha sido señalado de conductas indebidas; él, lo ha negado.

Sin duda, el embolso de los recursos públicos por parte de gobernadores en su momento es uno de los factores de la pobreza en México; por eso el dinero nunca alcanza; y su participación en la delincuencia organizada, una de las causas del crecimiento de ésta en el país.

Entonces, es necesario terminar con la impunidad de los mandatarios, de los legisladores y de los presidentes municipales, para que los mexicanos crean nuevamente en las instituciones y no se vea amenazada la unidad nacional a que apeló el presidente Enrique Peña Nieto, en su reciente mensaje de Año Nuevo.

El empresario tiene razón también en la necesidad de eliminar de inmediato la figura de representación proporcional en cargos de elección popular, por lo menos en cuanto hace a senadores, diputados federales y diputados locales; o que disminuya.

En campaña, el presidente Peña Nieto lo prometió y no cumplió. No ha hecho el menor intento de promover la reducción de los legisladores plurinominales.

Los políticos dicen que dicha reducción no es la solución al problema económico del país. Ciertamente; sin embargo, sí sería una alivio para el gasto público, que redundaría en menos presupuesto para el Poder Legislativo, al cual también es necesario recortar lujos y toda clase de prebendas.

Pero el Presidente no quiere, y los partidos políticos tampoco.

A TORO PASADO

Arrinconados por el descontento social, los legisladores del Congreso de la Unión no tuvieron más remedio que convocar a los titulares de las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Energía; de Pemex, de la Profeco, de la Comisión Federal de Competencia Económica y de la Comisión Reguladora de Energía, a una reunión de trabajo para que expliquen, ante el Pleno de la Comisión Permanente, las razones e implicaciones del proceso de flexibilización de los mercados de las gasolinas y el diésel.”

Lo anterior, como resultado de un punto de acuerdo.

Todas las explicaciones e informes sobre la determinación de los precios máximos en el país de las gasolinas y el diésel, y sus consecuencias, los hubieran solicitado antes de aprobar la Ley de Ingresos 2017, en cuyos transitorios se establece la liberación del costo del combustible, para medir el impacto y tomar las previsiones necesarias.

Pero nadie hizo nada; solo hubo posiciones mediáticas.

Y no será solamente un año el difícil, sino dos, pues en el artículo transitorio Décimo Segundo de la Ley de Ingresos se establecen reglas base para que en 2017 y 2018 los precios al público de las gasolinas y el diésel “se determinen bajo condiciones de mercado”.

Y esas condiciones son inciertas.

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